Inicio / Riesgo de Lavado de Dinero en el Mercado Inmobiliario de Miami, Una Preocupación Creciente

El lavado de dinero es el acto de hacer pasar dinero obtenido de forma ilícita como lícito dentro de los canales formales de la economía. De acuerdo con la plataforma Financial Crime Academy, las operaciones en efectivo en transacciones inmobiliarias pueden generar sospechas de posible blanqueo de capitales, ya que permiten a las personas ocultar el origen de los fondos y evitar dejar un rastro en papel.

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero, si bien el blanqueo de capitales tiene un daño reputacional en las instituciones permisivas a este ilícito, el verdadero efecto tiene un impacto en la integridad de una sociedad y socava la democracia y el estado de derecho.

Las declaraciones de Arriaga se dan en un contexto donde el efectivo reina en las operaciones inmobiliarias de esta región de Estados Unidos. De acuerdo con la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami, 67% de las transacciones de bienes raíces de compradores internacionales se realizaron en efectivo durante el último año.

Tan sólo de enero a julio de este año, se registraron casi 11,000 compras de propiedades residenciales por parte de extranjeros en Florida, las cuales significaron un total de 7,100 millones de dólares. El valor promedio de venta fue de 469,000 dólares.

En agosto pasado, el Departamento del Tesoro, por medio de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), publicó una norma final con el fin de exigir que los asesores inmobiliarios involucrados en los cierres de operaciones de bienes raíces de Estados Unidos presenten informes y mantengan registros sobre ciertas transferencias en efectivo de bienes residenciales a entidades legales y fideicomisos dentro de territorio estadounidense.

“Estas medidas harán que sea más difícil para los delincuentes explotar nuestros fuertes sectores inmobiliario residencial y de asesoría de inversiones”, dijo en su momento la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen.

Pero la medida, que entrará en vigor en diciembre del 2025, puede que llegue tarde. De acuerdo con un análisis del think tank Global Financial Integrity (GFI), en los últimos 20 años se han invertido al menos 2,600 millones de dólares de fondos sospechosos en la industria de bienes raíces de Estados Unidos.

Según el análisis, estos fondos detectados de casos públicos provienen de 14 países diferentes, entre ellos Rusia y México. “Nuestros datos muestran de manera definitiva que los bienes raíces comerciales en Estados Unidos ofrecen a los sindicatos criminales, los cárteles, los cleptócratas y los estafadores una vía fácil para ocultar y blanquear sus ganancias ilícitas.”, se puede leer en el informe.

Actualmente, no existe un límite legal establecido para comprar una vivienda en efectivo en Estados Unidos; sin embargo, una vez que la transacción supere los 10,000 dólares, ésta debe de ser reportada a la autoridad de aquel país para temas fiscales; en México, el monto límite para realizar una operación inmobiliaria en efectivo es hasta 871,274 pesos.

Para Arriaga, existen firmas inmobiliarias que cotizan en la Bolsa que por su tamaño y reputación tienen prohibido realizar operaciones que involucran grandes cantidades de efectivo. “Simplemente se rechaza y no se hace la negociación, no es por hacer la venta por hacerla, sino que los recursos tengan un origen claro y que sea realmente legítima la identificación y los capitales”.

Ocultar al destinatario final

De acuerdo con Arriaga otra práctica común es crear estructuras legales que se involucran en la operación inmobiliaria, lo cual hace complicado la identificación del beneficiario final, con el riesgo de que sea un ciudadano de una jurisdicción sancionada por Estados Unidos.

“No sabemos quién está comprando, hay corporaciones de corporaciones y de corporaciones para que no se siga el antecedente de ese comprador y por supuesto, la legitimidad de fondos y de identidad”, comentó la asesora inmobiliaria.

Según Arriaga, pese a los controles que se tienen en las entidades financieras para evitar operaciones con ciudadanos de algún país sancionado por Estados Unidos, en ocasiones existen lagunas que permiten a estas personas poder realizar una transacción dentro del mercado inmobiliario.

“Por ejemplo, los venezolanos usan su doble nacionalidad. La mayoría de los venezolanos que tiene la posibilidad de comprar inmuebles en los Estados Unidos, cuentan con una segunda nacionalidad española o europea y de esa forma lo hacen. Hay abogados que se encargan de crear corporaciones para desligar directamente al comprador, lo cual no creo que sea ético o legal”, apuntó Arriaga.