• La vinculación de cárteles y pandillas con tráfico ilícito agrava la seguridad en Chiapas y Tabasco.

 

  • El resurgimiento del gusano barrenador pone en riesgo la sanidad ganadera y la economía nacional.

 

 

Redacción/ CAMBIO 22

TAPACHULA | La frontera sur de México, en específico en Chiapas y Tabasco han experimentado un proceso de cambios en las dinámicas delictivas, donde se visualiza la vinculación de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la delincuencia organizada de Los Huistas guatemaltecos y la Mara Salvatrucha salvadoreña para controlar el tráfico de personas, estupefacientes, armamento, mercancías ilícitas y ganado bovino, acciones que deterioran la seguridad, que, aunado a porosidad de la frontera y la escasa vigilancia de autoridades, facilitan a integrantes de la delincuencia organizada a desarrollar sus actividades con impunidad.

Las actividades ilícitas relacionadas con la delincuencia organizada se acentúan en la región fronteriza de Chiapas, con mayor registro en municipios de Palenque, Ocosingo, San Cristábal, Benemérito de las Américas, Frontera Corozal, Comitán, La Trinitaria, Frontera, Comalapa, Amatenango de la Frontera, Tapachula y Suchiate; en Tabasco la frontera más conflictiva se presenta en El Ceibo donde se trafica con ganado, armas y drogas por células guatemaltecas integradas por ex Kaibiles que no mantienen asociación con ninguna organización y que cobran “derecho de piso” a todo traficante mayor o menor, sobre todo al tráfico de becerros que entran también por Cuatro Poblados (Villa Quetzalcoalt), vía El Triunfo en Balancán Tabasco para salir a Candelaria y Escarcega, Campeche. Los municipios de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Palenque concentran la mayor incidencia delictiva, debido a que son los lugares con mayor densidad poblacional.

En este ambiente de violencia y creciente migración se prendieron las alertas por la detección del gusano barrenador que después de 30 años de erradicado en México apareció en un cargamento de bovinos procedentes de Centroamérica en Playas de Catazajá, Chiapas, lo que provocó el cierre de la frontera de los EU y el clamor de los ganaderos mexicanos para que se cierre la frontera sur a toda importación de ganado de centroamérica.

La creciente amenaza del gusano barrenador, la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax que afecta al ganado, a la vida silvestre, e incluso a los humanos, está avanzando hacia México. Los últimos estudios realizados por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indican que el contrabando de ganado podría estar acelerando la propagación de la plaga y ampliando la vulnerabilidad en el país.

“Los resultados del estudio, muestran que el parásito se ha estado expandiendo en Centroamérica a un ritmo promedio de 1.6 kilómetros por día”, destacó Alejandro Zaldívar Gómez, especialista del Laboratorio de Ecología de Enfermedades y Una Salud de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM: “Esta tasa de avance permite proyectar su alcance geográfico en el corto y mediano plazo, proporcionando información crítica para diseñar estrategias de vigilancia y control en áreas vulnerables. Sin embargo, en los últimos meses, la propagación se ha acelerado considerablemente, con brotes reportados hasta 300 kilómetros de distancia respecto a focos previos”.

Zaldívar Gómez señala que estos desplazamientos a larga distancia son otra posible evidencia de que el movimiento ilegal de ganado está impulsando actualmente la expansión de la mosca en Centroamérica, una afirmación respaldada por autoridades sanitarias de la región. Documentos oficiales de inspección en Honduras y Nicaragua, publicados por el Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS), detallan cómo el parásito ha ingresado a estos países mediante ganado de contrabando.

“Estas largas distancias de propagación solo pueden explicarse por el tráfico transfronterizo de ganado”, afirma Kurt Duchez, Coordinador Regional para Mesoamérica en materia de Delitos contra la Vida Silvestre y Recursos Naturales, de Wildlife Conservation Society (WCS). Duchez resalta esta relación al comparar el mapa de rutas proyectadas para la propagación del gusano barrenador desarrollado por el equipo de la UNAM, con las vías clandestinas de movilización de ganado que atraviesan la región, documentadas en una investigación de InSight Crime.

“Si se permite que la propagación avance, lo más probable es que continúe la ruta de tráfico de ganado que atraviesa la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala y llegue hasta México”.

La reciente noticia del primer caso reportado por autoridades en Guatemala brinda mayor seriedad y urgencia a esta probable ruta. Si el gusano barrenador alcanzara México, las áreas con alta densidad ganadera podrían sufrir serias consecuencias en su economía y salud pública, las zonas más vulnerables son las del sur del país, en alto riesgo de infestación por su proximidad a la frontera y alta concentración de ganado. Estos factores se ven agravados por el tráfico ilegal de bovinos, que facilita la propagación de la mosca y aumenta la amenaza de contagio.

Una vez cruzada la frontera, la expansión del gusano en el territorio mexicano sería difícil de detener. Las experiencias anteriores demuestran lo complejo y costoso que resulta erradicar esta plaga; la eliminación en México y EE. UU. en 1991 costó más de 955 millones de dólares en moneda actual.

Duchez destaca que es urgente implementar acciones de vigilancia y control en la frontera para frenar la entrada y expansión del gusano barrenador en México. Sin estas medidas, se corre el riesgo de una crisis sanitaria y pérdidas de miles de millones de dólares en recursos públicos y del sector ganadero. El experto de WCS argumenta que la estrategia de contención publicada por las autoridades mexicanas no será suficiente si no se aborda la raíz del problema: el tráfico transfronterizo de ganado.

“La colaboración y acción coordinada entre los gobiernos regionales y los ganaderos es esencial para contener esta amenaza antes de que sea demasiado tarde”.

La ganadería ilegal abarca la cría de ganado en áreas protegidas y territorios indígenas, así como el contrabando transfronterizo. Esta actividad genera graves consecuencias ambientales, económicas y sanitarias en Centroamérica y México. Está vinculada a la deforestación, la apropiación ilegal de tierras y el desplazamiento de comunidades, además de facilitar el lavado de dinero y la explotación de recursos naturales.

En la franja fronteriza sur, la problemática relacionada con la delincuencia organizada, obedece a la presencia de células vinculadas al Cártel de Sinaloa, bandas delincuenciales locales y el grupo delictivo guatemalteco Los Huistas, mismos que mantienen pugnas por el control de las actividades relacionadas con el trasiego y comercio de estupefacientes procedentes de centro y Sudamérica.

Para realizar dicha actividad, señala que utilizan rutas terrestres y marítimas, dando continuidad a los vuelos ilícitos que cruzan la línea fronteriza transportando cocaína con el propósito de aterrizar en pistas clandestinas de ambos países y continuar con el trasiego hacia el norte de México, pero también cobran “derecho de piso” a células guatemaltecas que trafican ganado robado en Centroamérica o que no reúnen los requisitos de sanidad.

En Chiapas, el Cártel de Sinaloa mantiene la hegemonía de las actividades del narcotráfico con presencia en la mayor parte del estado, donde realizan acopio y trasiego de enervante, lavado de dinero y tráfico de indocumentados.

Mientras que la pandilla Mara Salvatrucha, tiene presencia en Tapachula, Ciudad Hidalgo, Mapastepec, Metapa de Domínguez, Cacahoatán, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo, Arriaga y Palenque. El CJNG, según datos de la Sedena indica que cuenta con evidencia de que integrantes del cártel mantienen presencia en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

En junio de 2022 se registró una disputa interna por el control de actividades ilícitas, entre células del Cártel del Pacífico, Los Huistas y posiblemente el Cártel Jalisco Nueva Generación, generando un riesgo de confrontaciones armadas en la región de Frontera y Comalapa que aún persiste y mantiene a esa entidad en una creciente espiral de violencia.

De acuerdo con InSight Crime, datos de una organización de derechos humanos a los que tuvieron acceso refieren que, entre enero y julio de 2024, Chiapas registró 12 mil 771 víctimas de desplazamiento forzado. Dicha cifra representa un aumento del 35% en comparación al total de desplazados en todo 2023.

Sin embargo, el desplazamiento forzado no es la única forma de violencia de la que las y los habitantes de Chiapas han sido víctimas:

“La gente prácticamente se encuentra forzada a quedarse y colaborar”, reveló un trabajador de derechos humanos al medio ya citado. Esto es lo que se sabe al respecto.

De acuerdo con el informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos, publicado por diversas organizaciones de la sociedad civil en enero de 2024, la violencia en Chiapas ha aumentado considerablemente desde el 2021; año en el que el CJNG incursionó en la entidad. Desde entonces, las y los habitantes se han visto sometidos a distintos tipos de violencia económica, psicológica y física, entre los que se encuentran: Control de actividades económicas: extorsiones, cobro de piso y control de los precios de productos agrícolas, de rentas y de otras transacciones económicas.

En este rubro también se han reportado despojos de propiedades (casas, coches, ranchos) y robo de ganado; Intimidación: según refiere el reporte, en Chiapas es común ver patrullajes constantes de vehículos con hombres armados, así como personas ajenas a las comunidades fotografiando a la población civil; Reclutamiento: diversas ONGs han reportado que los grupos criminales están recurriendo a civiles para unirlos a sus filas, en algunas ocasiones de manera voluntaria y otras tantas forzadamente.

En mayo de 2024, el investigador Gerardo González, del Colegio de la Frontera Sur, reveló en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva que los cárteles suelen ofrecer hasta 30 mil pesos mensuales a jóvenes entre 17 y 24 años de edad para que realicen actividades delictivas a su favor.

Sin embargo, el investigador también refirió la existencia del reclutamiento forzado, práctica en la que los jóvenes se unen al crimen organizado no por decisión propia, sino por miedo o amenazas en contra suya o de su familia.

Aunque la entidad ha registrado altos índices de violencia, los reportes indican que los municipios más afectados son aquellos que comparten frontera con Guatemala, tales como La Trinidad, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera, Bella Vista.

Sobre la amenaza del gusano barrenado concatenado con la narcoviolencia que se vive en la frontera sur, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS), con sede en Nueva York, señaló que el resurgimiento del gusano barrenador podría estar relacionado con el tráfico ilegal de ganado en Centroamérica, ya que las condiciones en las que estos animales son transportados, frecuentemente heridos o en mal estado, favorecen la propagación de enfermedades y parásitos.

Este organismo advirtió que, de establecerse nuevamente en México, la plaga podría requerir décadas de esfuerzos costosos para su erradicación. Las autoridades mexicanas trabajan actualmente para contener el problema y reanudar las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos. Mientras tanto, productores y ganaderos han sido exhortados a reforzar la vigilancia sanitaria de sus animales y reportar cualquier caso sospechoso de infestación.

Ganaderos de Chihuahua acusaron a las empresas Grupo Gusi, Praderas Huastecas, Denes, Vera Carne, Sukarne y Carnes El Lucero, de ser la causante del nuevo ingreso del gusano barrenador por la importación ilegal de cabezas de ganado al país desde el sur poniendo lo que ponen en riesgo a la producción nacional:

“Estas empresas, por comprar barato y no poder competir por el ganado del norte o de estados exportadores, hacen que esta ilegalidad ponga en riesgo la sanidad en todo el país”, denunciaron a través de un comunicado dirigido a las autoridades nacionales competentes.

Alvaro Ivan Bustillo Fuentes, presidente de la UGCH hizo el llamado exigiendo y exhortando a que las autoridades actúen enérgicamente por el bien y el patrimonio de un millón de ganaderos de México: ¿Cómo puede ser que por no parar una importación ilegal de más de 700 mil cabezas se ponga en riesgo el hato de todo México?, cuestionó el dirigente después de que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) detectaron la entrada de un animal que dio positivo al gusano barrenador del ganado (GBG), en un hato ganadero supervisado en un puesto de sanidad en Playas de Catazajá, Chiapas.

El dirigente “acusó que se está permitiendo el trasiego de ganado a empresas engordadoras de México esas empresas por comprar barato y no poder competir por el ganado del norte o de estados importadores, hacen que esta ilegalidad ponga en riesgo la sanidad de todo el país, junto con sus acreditaciones a los estados exportadores”.

Bustillo Fuentes pidió detener la importación y cerrarle a la frontera sur:

“No debe ser una tarea difícil para el gobierno mexicano. Saben y Sabemos quién está ingresando ese ganado. El gobierno tiene 100% de conocimiento de quien lo adquiere, por lo cual los exhortamos a tomar acciones”, recalcó el dirigente ganadero.

Por la detección de este caso positivo de gusano barrenador del ganado en México, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, por sus siglas en inglés) cerró la frontera a la exportación de ganado en pie, con lo cual los estados exportadores, entre ellos Chihuahua, se verá sumamente afectado.

El cierre a la exportación era el principal temor de los ganaderos de Chihuahua, debido a que la afectación económica sería impactante, sobre todo en estos tiempos, donde la sequía ha obligado a los ganaderos a vender hasta los vientres, ante la imposibilidad de mantenerlos en los campos.

Desde inicios del mes de noviembre se ha solicitado al Gobierno Federal el cierre de la frontera sur, al clamor se unen los ganaderos de Chihuahua y los demás estados exportadores, quienes verán impactados sus ingresos con el cierre a la exportación y a no cumplir con los compromisos pactados con las engordadoras en EU.

La medida tiene una afectación directa a los estados exportadores son Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, quienes verán pausadas sus exportaciones de ganado, tanto las de ganado local como el ganado que atraviesas por las cuarentenarias y que reportara pérdidas por 30 millones de dólares.

Investigaciones previas, como el reporte de Insight Crime en 2022, ya habían advertido sobre los riesgos sanitarios asociados al tráfico ilegal de ganado en la región, este comercio ilícito, facilitado por redes de crimen organizado y corrupción, mueve anualmente unas 800,000 cabezas de ganado de manera ilegal hacia México, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Senasica).

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

redaccionqroo@diariocambio22.mx

GCH

 

WhatsApp Telegram
Telegram