Violencia Vicaria y Omisiones Institucionales en el Caso Grisel Balderas Sacude a Quintana Roo

• Colectivos exigen intervención urgente del Estado ante denuncias de género y fallas del sistema judicial

Ricardo Jesús Rivas / CAMBIO 22

Playa del Carmen, 13 diciembre. – Un amplio bloque de organizaciones civiles y feministas denunciaron un presunto patrón de violencia vicaria, institucional y procesal en el caso de Grisel Balderas Jonguitud, madre y defensora que, de acuerdo con los pronunciamientos difundidos, enfrenta desde hace más de una década agresiones, sustracción de uno de sus hijos y una cadena de decisiones judiciales que no han garantizado justicia ni protección efectiva. Las imágenes y mensajes compartidos insisten en que separar a hermanos y criminalizar a la madre constituye una forma de violencia que trasciende el ámbito privado y compromete al Estado.

Los colectivos señalan que, pese a la existencia de denuncias activas, dictámenes psicológicos y psiquiátricos, análisis de contexto y peritajes que confirmarían la violencia vicaria, las instituciones habrían ocultado pruebas, ignorado resoluciones técnicas y revocados procesos de manera irregular. En contraste, afirman, Grisel carga con medidas cautelares mientras el presunto agresor permanece impune. El caso, sostienen, evidencia una asimetría institucional que castiga a quien denuncia y normaliza la revictimización.

Ante la falta de respuestas, Grisel habría recurrido a plantones consecutivos en el Centro de Justicia para las Mujeres y en el Poder Judicial de Playa del Carmen, como último recurso para visibilizar lo que califica como abandono institucional. Las organizaciones demandan cuatro acciones inmediatas: cese de la violencia vicaria, fin de la violencia institucional, restitución del niño Mathias a un entorno materno seguro y que Fiscalía y Poder Judicial actúen con perspectiva de género y de infancia, además de estricto apego a derecho.

El pronunciamiento interpela directamente a autoridades estatales y municipales para garantizar la seguridad e integridad de Grisel y sus hijos y romper una cadena de omisiones que, advierten, no es un caso aislado. En el trasfondo, el reclamo coloca a Quintana Roo frente a un dilema de política pública: si la justicia llega tarde, deja de ser justicia. La exigencia es clara: atender con urgencia un expediente que se ha convertido en símbolo de la deuda del sistema con las mujeres que denuncian y con las infancias atrapadas en procesos fallidos.

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