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Ramón Alberto Garza / CAMBIO 22

La noticia buena: Samuel García Sepulveda logró lo que ningún gobernador en la era reciente, unificar al sector privado de Nuevo León. La mala: que esa unificación fue en su contra.

Una gran lección de unidad fue la que el pasado jueves dieron 20 organizaciones del sector privado al oponerse, abiertamente, al aumento de impuestos promovido por el gobernador de Nuevo León que busca elevar su Presupuesto 2026, que todavía no es aprobado por el Congreso local.

Hacía muchos, pero muchos años, que el empresariado de Nuevo León representado por la CAINTRA, la CANACO, la COPARMEX, los jerarcas de Bienes Raíces, el Consejo de las Instituciones y una docena más de organismos, no presentaban un frente amplio y unido para frenar los excesos de algún mandatario de esa entidad, que siempre fue ejemplo nacional del espíritu empresarial contestatario.

En tono respetuoso, pero firmes y críticos, en voz del presidente de la CAINTRA, Jorge Santos, los titulares de los organismos empresariales exigieron a Samuel García desistirse de elevar en un 33 por ciento el Impuesto Sobre Nóminas, un debate que viene confrontando a distintos sectores con el gobierno estatal más endeudado de México y que este año está solicitando al Congreso local un endeudamiento extraordinario de 16 mil millones de pesos más, para acabar superando los 100 mil millones de pesos de empréstitos. Unos 20 mil pesos de deuda por cada nuevoleonés.

Lo cierto es que la abierta postura de rechazo del empresariado viene no sólo por la insaciabilidad recaudatoria del gobierno Fosfo Fosfo. El reclamo se da también por lo que se considera un opaco manejo de los recursos, las abundantes denuncias de corrupción en todos los frentes -Agua y Drenaje, Medio Ambiente, Reforestación y Educación, entre otros- en donde sus titulares fueron removidos y reemplazados por funcionarios más dóciles a las órdenes de Samuel García Sepúlveda.

Un claro ejemplo del exceso en el gasto estatal se refleja en que las posiciones removidas -incluyendo la del Secretario de Gobierno- elevaron la nómina estatal en cuatro nuevos sueldos de nivel Secretarial, porque aquellos que fueron removidos de sus cargos no salieran del Gabinete. Continúan cobrando. Cómodamente todos aceptaron como “premio de consolación” ser segundos al servicio del nuevo titular, a cambio de continuar en la nómina.

A cuestionamientos como ese hay que sumar las constantes denuncias de corrupción que van desde funcionarios públicos como Cosijoopi Montero y su “Reforestación Extrema” hasta el propio mandatario estatal, a quien se le cuestionan asignaciones directas de contratos muy lucrativos, como el de las comidas a escuelas y penales, además de la compra, en lo personal, de terrenos con valor superior a los mil millones de pesos, sin que se justifique el origen de esos recursos.

Por eso fue no sólo oportuno y prudente el reclamo empresarial expresado en un gran bloque unificado de Cámaras y organismos empresariales. Porque significa el regreso al frente de la batalla pública de un sector privado regiomontano formulado, que se había mantenido “pecho a tierra” desde los días de la privatización de la Banca.

Fue por demás interesante ver los rostros, todos juntos, de quienes manejan las cúpulas empresariales y, sobre todo, verlos a cada uno, en lo individual, fijando sus posturas.

Fernando Canales, de la CANACO, advirtió que “en medio de este entorno adverso, incrementar impuestos, independientemente de su tipo, tendría una consecuencia inmediata y dolorosa: la disminución en la creación de miles de puestos de trabajo en Nuevo León. No hablamos de supuestos: hablamos de un análisis real del impacto en la capacidad económica de las empresas, que se traduce en afectaciones concretas al sustento de familias enteras”.

Roberto Cantú, de la COPARMEX, manifestó que “incrementar el Impuesto Sobre Nóminas, es, en los hechos, castigar la generación de empleos… No podemos permitir que una decisión sin consenso se convierta en un golpe a la prosperidad de nuestro Estado”.

Mauricio de la Garza, del Consejo Cívico, solicitó que “antes de proponer incrementos o nuevos impuestos, que el gobierno del estado pueda hacer un compromiso público sobre transparentar de manera verificable y técnica el uso de los recursos actuales. Lograr eficiencia en la administración actual. Reducir sus gastos en proyectos o acciones no prioritarias”.

Jorge Santos, el presidente de la CAINTRA, hizo un llamado al Congreso del estado para que la discusión del Paquete Fiscal 2026 se conduzca con responsabilidad hacia la ciudadanía y hacia Nuevo León. “No estamos de acuerdo con el incremento de impuestos, principalmente del impuesto sobre la nómina. ¿Por qué llevar a Nuevo León al 4 por ciento, dejándolo en una posición de desventaja en la atracción de inversiones tanto nacionales como internacionales? Nuevo León ya recauda más de 17 mil millones de pesos de Impuesto sobre la Nómina. ¿Por qué seguirle cargando a las empresas formales más impuestos para los gastos del Estado?”. Jorge Santos demandó al gobierno del estado eficiencia en la recaudación de los impuestos ya existentes, así como transparencia en el ejercicio y destino de los recursos.

El eco de la protesta empresarial no dejó de resonar en el sector político. El senador Waldo Fernández acusó a Samuel García Sepúlveda de buscar imponer un incremento al Impuesto sobre Nómina sin diálogo ni acuerdos con el sector empresarial y productivo del estado.

“Hoy los organismos empresariales salen todos juntos a manifestar su repudio a este incremento. No es el mejor momento para este incremento, pero sobre todo, nunca va a ser un momento cuando atacamos al empleo formal”.

Tras el pronunciamiento del frente empresarial de Nuevo León, el secretario de Gobierno, Miguel Flores, acusó de “incoherentes” a los líderes privados por acusar que existe una mala administración estatal. Frontal, el personaje más controvertido y cercano a Samuel García Sepúlveda, pareció no medir las consecuencias de sus palabras. Quizás porque creció en los años en los que el sector privado de Nuevo León guardaba silencio sobre los grandes temas estatales. Pero ya no más.

El presidente de la CAINTRA, Jorge Santos, respondió a ‘Mike’ Flores: “Respetamos mucho lo que puedan declarar, pero no estamos dispuestos a nada… Nosotros ya convocamos al diálogo y estamos en el punto de que primero hay que abrocharnos el cinturón”.

Frente a las duras e irresponsables declaraciones del Secretario de Gobierno, el gobernador de Nuevo León optó por la sensatez y salió a enmendar la plana, declarando que “la pelota está en cancha del Congreso y lo que el Congreso determine, el Ejecutivo lo va a respetar. Y con lo que nos den de lana, con eso la armamos”.

La reaparición del sector privado de Nuevo León haciéndole frente al gobierno Fosfo Fosfo marca ya un antes y un después. Apuntan por ahí que Agua y Drenaje será el próximo expediente del que saldrán las evidencias de manejos muy cuestionables que superan los 6 mil millones de pesos. Ya lo verán.

 

 

 

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