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Ramón Alberto Garza / CAMBIO 22

La rebelión empresarial contra los gobiernos estatales está despertando en México. Y al llamado de alerta del sector privado de Nuevo León, contra el gobierno estatal emecista, se suma la protesta del empresariado de Yucatán también por el aumento de impuestos estatales y por la deuda desbordada de su gobierno morenista.

El silencio que durante los últimos años de gobierno de la Cuarta Transformación venían guardando las cúpulas empresariales en todo México despertó de súbito frente a lo que se consideran abusos recaudatorios y de contratación de deuda. Sobre todo, porque esas propuestas son sometidas sin diálogos ni consensos con el sector privado que se siente marginado, ignorado. Lo mismo en Yucatán que en Nuevo León.

El nuevo escenario se da en Mérida, en donde Claudia González, del Consejo Coordinador Empresarial; Alejandro Gómory de Canacintra; Emilio Blanco de Coparmex y Enrique Molina de Canaco, entre otros, salieron a plantar cara frente a las intenciones recaudatorias del gobernador morenista Joaquín Díaz Mena, mejor conocido como “El Huacho”.

Y al igual que en el Nuevo León del gobernador emecista, Samuel García Sepúlveda, las cúpulas yucatecas se unifican por primera vez en años para rechazar lo que consideran “un hecho histórico para mal”. Les quieren elevar también el Impuesto Sobre Nóminas y les piden su apoyo para que no se opongan al aumento de mil 500 millones de pesos de nuevos préstamos para cumplir con el Presupuesto 2026. Una deuda bastante menor, comparada con los 16 mil millones de pesos que está solicitando el gobierno “Fosfo Fosfo” de Nuevo León.

Y en un acto imponente se congregaron, en Mérida, 198 empresarios agrupados en 17 organismos empresariales inscritos dentro del Consejo Coordinador Empresarial. Esos dirigentes y empresarios representan el 95 por ciento del Producto Interno Bruto de Yucatán, que asciende a 500 mil millones de pesos.

Los empresarios yucatecos dicen que, de confirmarse su aprobación, estas políticas recaudatorias del gobierno estatal morenista impactarán a seis de cada 10 empleos formales y afectarían la competitividad de su estado, que ya figura entre los que soportan una de las mayores cargas fiscales de México.

Pero, a diferencia de Nuevo León, donde están frenadas las iniciativas porque todavía no se alcanzan los consensos entre el gobierno emecista y el Congreso  prianista, en Yucatán, la aprobación legislativa en favor del impuesto objetado se dio mayoritariamente, porque el Congreso local está dominado por Morena y sus partidos afines.

Aunque ayer miércoles -en el Congreso de Nuevo León- se dio un cónclave entre legisladores y empresarios regios, y personajes del PRI, del PAN y del PRD para rechazar de manera conjunta cualquier aumento de impuestos. Presididos por Jorge Santos, presidente de la Caintra; por Lorena de la Garza, líder de la bancada tricolor; Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN y por Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, el acuerdo fue unánime: nada de autorizar la propuesta del gobernador Samuel García Sepúlveda. El rechazo fue secundado por los líderes de Coparmex, Canadevi, Caprobi y otras cámaras, así como por los legisladores locales del PAN y el PRD.

Las posturas empresariales rebeldes en Nuevo León y en Yucatán se dan en momentos en los que en el sector privado de México se dibujan dos bloques cupulares.

Uno, el Consejo de Inversión, integrado por Carlos Slim; Carlos Slim Domit; Alejandro Baillères; José Antonio Fernández Garza Lagüera; Carlos Hank González; Bernardo Gómez; Alfonso de Angoitia; Francisco Cervantes; Pablo Chico Pardo; Alejandro Soberón; Guadalupe de la Vega; Laura Díez Barroso y Altagracia Gómez Sierra.

El otro, el del Consejo Coordinador Empresarial, que dirige José Medina Mora, con el apoyo de Daniel Servitje, Claudio X. González y Antonio del Valle.

Uno busca una coordinación con el gobierno de la Cuarta Transformación para lograr alcanzar las inversiones que eleven el crecimiento del PIB; el otro se estaría enfocando a enfrentar las oportunidades y los crecientes conflictos entre el sector privado y el sector público.

Sea como fuere, esta semana fue de romper inercias, de sacudimientos que anticipan un despertar en un sector empresarial -local y nacional- que parecía aletargado. Las rebeliones  comenzaron ya en los estados. Pero la pregunta es si ese ejemplo ¿se extenderá a nivel nacional? Veremos.

 

 

 

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