• La disputa entre Quintana Roo, Campeche y Yucatán es una franja de tierra de 10,200 km2.

 

• Por falta de voluntad política de los gobernadores y la indefinición en la que se ha mantenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación la problemática no ha llegado a su fin.

 

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL | Al menos unas 35 comunidades rurales ubicadas en los limites territoriales que disputan los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche se encuentran en el limbo jurídico y no reciben apoyos sociales, las mejoras carreteras no llegan, hay problemas en las credenciales de elector, en las actas de nacimiento, en papeles legales, ejidales y agrarios en un conflicto territorial que tiene más de un siglo que se encuentra estancado pues no existe la voluntad política para solucionarlo, jurídicamente nunca tendría solución, solo un gran acuerdo político entre los gobernantes emanados de Morena.

El último intento por legalizar la situación del que se tiene antecedente data del 2019, cuando el gobierno de Yucatán interpuso la Controversia Constitucional 216/2019 al sentir vulnerada la superficie de ocho municipios con el mapa geográfico y la reforma Constitucional aprobada por la Décimo Sexta Legislatura y aunque se presentaron pruebas y se realizaron los peritajes correspondientes y se suponía que estaba todo listo para resolver no sucedió nada; para el investigador Ignacio Alonso Velázquez la problemática no se resolverá si no hay voluntad política de los gobernadores ante la indefinición en la que se ha mantenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Alonso Velázquez es el más estudioso del caso y ha señalado que para las autoridades judiciales “es dejar las cosas como están tal y como sucede con la controversia constitucional interpuestas en 1997 por Quintana Roo contra el Estado de Campeche porque parece que a nadie le interesa resolver este asunto”.

El especialista ha dicho que mientras la SCJN no emita una sentencia respecto a los conflictos limítrofes “es necesario que los gobernadores, los presidentes municipales de las zonas afectadas se pongan de acuerdo para trabajar en coordinación para evitar las consecuencias negativas a quienes viven en zonas consideradas de incertidumbre territorial”.

Debe existir voluntad política para resolver una situación que se reavivó con la emisión de un nuevo mapa geográfico emitido por el congreso de Quintana Roo en donde los límites alcanzan hasta el municipio de Xpujil y la reforma constitucional “porque el problema estaba latente y nunca se ha resuelto“.

Por primera vez, ahora que los tres gobiernos pertenecen a Morena, se vislumbra que se podría llegar a un acuerdo político pues cuando estalló el conflicto, en 1997, ambos gobernadores eran priistas: Jorge Salomón y Mario Villanueva.

Ya se ha dicho que ahora hay las condiciones políticas para un proyecto de desarrollo regional comunitario acordado por los tres estados, ya es momento que se pase del status jurídico a un enfoque de desarrollo social, económico y cultural de las comunidades de la región en conflicto, en todos los niveles se apuesta que hay las condiciones inmejorables.

El conflicto territorial tiene más de un siglo desde la creación del Territorio Federal de Quintana Roo en 1902, por una deficiente delimitación territorial de origen y el conflicto actual estalló en 1997 cuando el entonces gobernador de Campeche, Jorge Salomón Azar García, decidió crear el municipio de Calakmul, incluyendo la zona geográfica y comunidades que Quintana Roo dice le pertenecen.

El gobernador, Mario Ernesto Villanueva Madrid, interpuso una controversia constitucional y al mismo tiempo, se constituyó el Comité Cívico Pro Defensa de los Límites de Quintana Roo, además, el Congreso del Estado creó una Comisión legislativa que atiende el tema; en una batalla legal por una franja de más de 10 mil kilómetros cuadrados, es decir, 20 por ciento de la geografía de Quintana Roo, y más de 30 comunidades, con más de 12 mil habitantes.

Alonso Velázquez, sostiene en su libro “Conflicto de límites territoriales en la Península de Yucatán”, que la solución es política; no jurídica, ha propuesto en varias ocasiones a través de su tesis doctoral, una solución de entendimiento político, que contempla la intervención de los tres niveles de gobierno, en una figura legal que se le denomine Asociación Inter Municipal.

En la tesis se sugiere dejar atrás el conflicto legal y dar paso a la buena política y a una gobernanza moderna y sostiene que los municipios de los estados involucrados atiendan de manera coordinada a las comunidades y busquen el desarrollo de la región, mediante diversos esquemas de cooperación.

LA HISTORIA DEL CONFLICTO

La constitución de un nuevo territorio, como espacio geopolítico y de control administrativo en la costa oriental de Yucatán, fue una propuesta que presentó Manuel José Sierra Méndez al general José de la Cruz Porfirio Díaz Mori en junio de 1896 como reacción provocada por la lucha de intereses regionales e internacionales sobre un espacio que no lograban controlar las autoridades yucatecas, pero que era domesticado por el poder militar indígena con apoyo de la Corona Inglesa, por medio de sus relaciones con Honduras Británica, refiere el investigador.

La creación del Territorio Federal de Quintana Roo se llevó a cabo por medio de Decreto Presidencial de Porfirio Díaz en 1902. Posteriormente, Venustiano Carranza decretó la anexión del Territorio de Quintana Roo a Yucatán en 1913 y en 1915 el mismo presidente de la República volvió a erigir dicho territorio.

Dieciséis años después, en 1931, Pascual Ortiz Rubio decretó la anexión del Territorio Federal de Quintana Roo a los estados de Yucatán y Campeche. Después, Lázaro Cárdenas creó nuevamente el Territorio Federal quintanarroense en 1935. Finalmente, el estado de Quintana Roo se estableció como entidad federativa mexicana el 8 de octubre de 1974, narra en su tesis Alonso Velazco

La Reserva de la Biosfera Calakmul fue creada el 23 de mayo de 1989 y el 1 de enero de 1997, el gobierno del estado de Campeche, colindante con Quintana Roo, creó el municipio homónimo de dicha área protegida, sobre parte de la superficie bajo indeterminación jurisdiccional existente en la península de Yucatán fruto del conflicto actual.

Desde entonces, diversos actores de la vida política de Quintana Roo han señalado en diferentes momentos que el territorio de la entidad será defendido y no se cederá un ápice de este. Sin embargo, la realidad dista mucho del discurso. En descargo de quienes tantas declaraciones mediáticas han hecho, es justo decir que la solución ni siquiera se encuentra en manos de dichos actores políticos, sino en la decisión que tome la SCJN.

En el otro extremo se encuentra la postura de Campeche, que defiende que este territorio en disputa es suyo históricamente, desde la creación del estado en el siglo xix, situación que fue ratificada por el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1940, considerando el asunto como cosa juzgada desde entonces, aunque, en realidad, aún está por resolverse.

Actualmente existe una disputa entre Quintana Roo, Campeche y Yucatán por una franja de tierra de 10,200 km2 de los cuales, el primer estado comparte 4,800 km2 con Campeche y 5,400 con la entidad yucateca), lo que supone un 20% del territorio de la entidad federativa quintanarroense. Los pobladores de las localidades ubicadas en la franja en disputa tienen muchas necesidades y, para que estas sean gestionadas, piden al gobierno más cercano, el municipal, que las atienda.

Entre las peticiones que realizan se encuentran la de construcción de parques, calles, canchas multiusos, carreteras, viviendas, caminos por los que se extraigan las cosechas o tanques elevados y, además, solicitan que se atiendan cuestiones de alumbrado público, de suministro de agua potable o empleo. Los ayuntamientos tienen la intención de satisfacer las demandas de su población, pero temen incurrir en responsabilidades debido al conflicto territorial en curso.

Alonso Velázco narra cuáles fueron las manifestaciones presidenciales que configuran los límites fronterizos oficiales y la indeterminación del Punto de Unión Territorial (put) actuales. Se asienta que algunas de estas decisiones estuvieron jurídicamente justificadas y otras no, pero todas ellas tienen en común dos aspectos, el primero es que versan sobre la misma área geográfica y el segundo, es que en todas existe una parte afectada.

Hay que señalar que diferentes decretos presidenciales y tratados internacionales permitieron la consolidación de la frontera sur de México a finales del siglo xix. En cuanto a estos últimos, se tiene, por un lado, el Tratado de Límites entre Guatemala y México que fue firmado en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1882, aprobado por el Senado, el 17 de octubre del mismo año y publicado en el Diario Oficial el 3 de mayo de ese año. Entre sus cláusulas estaba una que disponía que el Departamento del Petén, que históricamente había pertenecido a Yucatán, pasaba a ser integrante del territorio de Guatemala. De esta manera a Yucatán se le escindieron 36,033 km2 de su territorio.

Por otro lado, en 1893 se realizó la última negociación de la frontera sur, al firmarse el Tratado Mariscal-Spencer, entre el gobierno mexicano y la corona británica, el 8 de julio en la Ciudad de México, el cual fija el límite internacional en el Río Hondo y la prohibición de ambos países para comerciar armas y municiones con los indígenas, a los cuales se comprometen a pacificar.

El 7 de abril de 1897 se firmó en la misma ciudad una Convención Complementaria al artículo tercero del tratado de 1893. Ambos documentos fueron aprobados por el Senado el 19 de abril de 1897 y publicados en el Diario Oficial el 3 de agosto de 1897. De esta forma se reconoció a la colonia de Honduras Británica con una superficie de 22,253 km2, y se le garantizaba a México, a perpetuidad, la libertad de navegación en las aguas territoriales de la colonia mencionada, siendo ésta la última pérdida territorial durante el siglo xix de la herencia recibida por Yucatán de su antecesora la Capitanía General del mismo nombre y así México renunciaba a la posibilidad de reclamar la herencia de los derechos soberanos de España sobre el asentamiento, consecuentemente la presencia inglesa en Belice quedaba legalmente reconocida.

Ignacio Velazco señala que La definición de esa línea limítrofe sur del país es resultado de diversos trabajos y exploraciones y ha sido objeto de numerosas controversias. La frontera entre México y Guatemala fue difícil de acordar, debido a la disputa por Chiapas y el Soconusco, que pertenecieron a la Capitanía de Guatemala durante la época colonial y su anexión a México fue la causa de muchos enfrentamientos durante el siglo xix. En cuanto al límite con Belice, la mayor parte de este está definido por los ríos Azul y Hondo.

Finalmente, concluiría el desmembramiento de Yucatán con el decreto de 1902 por el cual se le segregó una porción de 50,843 km2, para dar origen al Territorio de Quintana Roo. El cual, en su parte sur, comprendía los municipios de Payo Obispo, Bacalar, Xcalak e Icaiché. El referido decreto estableció lo siguiente:

El Territorio Federal de Quintana Roo se formará de la porción oriental de la Península de Yucatán, la cual quedará limitada por una línea divisoria que, partiendo de la costa norte del Golfo de México, siga el arco del meridiano 87° 32´ longitud Oeste de Greenwich, hasta su intersección con el paralelo 21°, y de allí continúa a encontrar el paralelo que pasa por la torre sur de Chemax, veinte kilómetros al oriente de este punto; y llegando después al vértice del ángulo formado por las líneas que dividen los Estados de Yucatán y Campeche, cerca del Punto put, descienda al sur hasta el paralelo límite de las Repúblicas de México y Guatemala.

Con este decreto se determinaron las fronteras de Campeche en toda su longitud, ya que cuando pasó de Distrito a Estado, por medio de un decreto que expidió el presidente Benito Juárez el 19 de febrero de 1862, tan solo se fijó la frontera norte con Yucatán.

Uno de los elementos que propician la disputa entre los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo es que, según el mapa que se consulte, Quintana Roo puede tener o no frontera con Guatemala.

El origen de esta confusión se debe a las turbulencias de mediados del siglo XIX y a la falta de precisión cartográfica de aquella época.

En su tesis el investigador señala que esto hay que añadirle el hecho de que la cartografía no es objetiva, independiente, neutral y exacta, sino que son una forma de ver el mundo: “la cartografía es un organismo de conocimiento teórico y práctico que emplean los cartógrafos para construir mapas como un modo determinado de representación visual”.

El problema fundamental estriba en la falta de acuerdo acerca de la ubicación del conocido como Punto put que señalaría la intersección de las colindancias simultáneas de los tres estados peninsulares. Para poner solución a este asunto, en el año 1921, se formó una comisión geográfica dirigida por el ingeniero Manuel Medina, jefe del Departamento Geodésico de la Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos, adscrita a la Secretaría de Agricultura y Fomento, y compuesta por representantes técnicos de Quintana Roo, Yucatán (ingenieros Manuel Barceló y Natalio Arceo) y Campeche (ingeniero José Ávila Gurrutia), así como por autoridades de los pueblos limítrofes, para dar completo carácter oficial a los acuerdos que hubieran de tomarse.

Las operaciones a las que dio lugar el descubrimiento e identificación del put, fueron en extremo laboriosas, pues se encontraba en medio de un bosque cerrado y muy lejos de los lugares poblados, por lo que fue preciso abrir caminos y brechas en una longitud aproximada de veinte leguas para llegar a él. “En apoyo de este acierto, es de mencionarse la circunstancia de que no logró encontrarse un solo guía que conociera aquel lugar, aún entre los más antiguos moradores de las cercanías”.

También dice que en abril de 1922, después de cálculos científico-astronómicos, esta comisión situó geográficamente la vivienda put en 89º 24’ 52’’ longitud oeste y 19º 39’ 07’’ latitud norte.14 Lugar en el que se construyó un monumento, cuyo centro fuera el vértice común para los tres estados.

Afirma que esta ubicación es la que se estableció en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, (hasta el 22 de marzo de 2019, cuando fue reformada) y fue sancionada oficialmente por los estados de Yucatán y Campeche en sendos decretos en 1922, el 71 (11 de septiembre) y el 165 (26 de septiembre), respectivamente.

A pesar de este buen intento por tratar de resolver el conflicto limítrofe entre los estados de Quintana Roo y Campeche, este aún persiste y consiste en que la primera de dichas entidades sostiene que la línea divisoria con Campeche parte del vértice “cerca de put 16” y es el meridiano 89° 24’ 52’’, que desciende en línea recta hacia el sur hasta la frontera con la República de Guatemala, en la mojonera internacional 102.

El Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad (1998) argumenta que en los mapas y planos del siglo XIX se puede observar que el punto de intersección de los entonces estados de Yucatán y Campeche se localiza al norte del paralelo 19° 30´y, al sur, el límite termina en la frontera con la República de Guatemala, no en el punto trino internacional de México con Belice y Guatemala.

Campeche, por su parte, defiende que su límite con Quintana Roo es el meridiano 89° 09’ 04’’ longitud oeste de Greenwich y desciende al sur hasta el punto trino internacional México-GuatemalaBelice, en la mojonera internacional 107. Como argumento esgrimen un censo de población de 1861 que incluía a los pueblos de indios pacíficos (Exleulil, Xcanhá, Icaiché, Mesapich, Chuluc, Macanché, Lochhá, Yacalcab y Xmaben) dentro del territorio de Campeche y que fueron necesarios para convertirse en estado, gracias a que le permitió alcanzar el mínimo de cantidad poblacional requerido en aquel entonces de ochenta mil habitantes.

Esta postura defiende que, para fijar el vértice, cerca de put, con la frontera de Yucatán, se debe tomar como punto de partida al pueblo de los citados que se hallase más al oriente (con su dotación ejidal) y, entonces, trazar una línea recta de norte a sur hasta encontrar la frontera internacional.

Esto supondría que la franja que se formaría entre el meridiano declarado en 1922 y el que propone Campeche, localizado a 480 m al este del meridiano Garbutt (parte de la línea fronteriza entre México y Belice), tendría un ancho aproximadamente de 28 km en todo lo largo del lindero con Quintana Roo, es decir, desde la línea divisoria con Yucatán hasta la frontera internacional con Belice, lo que convertiría al estado de Campeche en la única entidad federativa mexicana en colindar con dos países.

La Dirección de Geografía, Meteorología e Hidrología, adscrita la Secretaría de Fomento, ilustra el polígono que se forma derivado de las diferentes pretensiones acerca de la demarcación de los límites interestatales al interior de la Península de Yucatán.

Como diría Massiris: “Este espacio apropiado socialmente se encuentra sujeto a dominio y control por parte de personas, grupos sociales o instituciones que ejercen de diversos modos su territorialidad, según se interpreten las condiciones y fuerzas naturales y sociales del lugar que incluía a los pueblos de indios pacíficos (Exleulil, Xcanhá, Icaiché, Mesapich, Chuluc, Macanché, Lochhá, Yacalcab y Xmaben) dentro del territorio de Campeche y que fueron necesarios para convertirse en estado, gracias a que le permitió alcanzar el mínimo de cantidad poblacional requerido en aquel entonces de ochenta mil habitantes”.

Agrega que un hecho que ha fomentado notablemente esta falta ha sido la turbulenta existencia que ha tenido Quintana Roo desde que se constituyera como Territorio Federal en 1902. Derivado de diferentes decisiones interesadas de presidentes de la República en turno, Quintana Roo se creó y desapareció en varias ocasiones a lo largo del siglo XX, propiciado por presiones de los grupos hegemónicos campechanos y yucatecos que nunca vieron con buenos ojos que se les arrebatara territorio a favor de los quintanarroenses, en donde había una gran riqueza forestal.

Los motivos oficiales de la creación del Territorio perseguían cuatro tipos de objetivos:

• Estratégico-militar: acabar con la llamada Guerra de Castas y controlar esa región que durante años estuvo fuera del dominio del estado de Yucatán, ya que carecía de medios para someter a los mayas rebeldes.

 

• Colonización: se advertía que en toda la parte reconquistada por las fuerzas federales se carecía de una administración que pudiera dar inicio a la repoblación de pueblos, en ese momento desiertos. Se afirmaba que esta costosa empresa no estaba al alcance de los gobiernos locales, y mucho menos de los capitales privados de Yucatán, por lo que dichos gastos correrían a cargo de la federación, en virtud de lo cual era indispensable que se erigiera el Territorio Federal de Quintana Roo.

 

• Infraestructura: se hacía hincapié en la necesidad de la apertura de caminos, construcción de ferrocarriles, telégrafos, muelles y trabajos materiales, así como de providencias de carácter administrativo que apresurasen la repoblación de esa región, atrayendo colonos que asegurasen su futuro.

 

• Fiscal y de explotación: el presidente Díaz buscaba el control económico de la frontera con Belice y la explotación de estas tierras ricas en recursos naturales y forestales como son las maderas preciosas, el palo de tinte, durmientes para ferrocarril y chicle.

 

El investigados subraya que, sin embargo, Porfirio Díaz, como militar y estratega que fue, no podía olvidar que, en momentos de gran turbulencia para el país, como durante la invasión de Estados Unidos a México, la burguesía yucateca actuó siguiendo sus propios intereses por encima de los de la nación.

Indica que son varios los mapas elaborados durante la primera década del siglo xx sobre la división política de la península de Yucatán y todos tienen en común que Campeche no tiene límite internacional con Belice, solo con Guatemala.

Acota que el 10 de junio de 1913, Venustiano Carranza anexó el Territorio de Quintana Roo a Yucatán, mediante decreto expedido en Piedras Negras, Coahuila. El motivo de esta decisión fue el de acabar con una más de las acciones del porfiriato.

Así, el gobernante de Yucatán, leal al ejército constitucionalista, podía controlar la zona. Esta sería la primera vez que Quintana Roo desaparecería desde su creación en 1902.

Un par de años después, el 26 de junio de 1915, el propio Carranza hizo posible la reintegración de Quintana Roo a su condición de Territorio Federal, por medio de un decreto expedido en Veracruz. El general Salvador Alvarado, en aquel entonces gobernador de Yucatán y jefe militar de la zona, se trasladó a Quintana Roo a entregar la población de Santa Cruz de Bravo a los jefes mayas.

En esta ocasión, dice el decreto, el motivo es tanto económico, como político, ya que Yucatán, por una parte, no podía soportar la carga financiera que representaba la región oriental de la península; por otra parte, el levantamiento contra el gobierno carrancista de varios políticos y jefes militares yucatecos, no garantizaba la estabilidad ni la rectitud en la administración de esa zona, ya en sí en rebeldía […]

Se les dio ocho días a los pobladores blancos para abandonar Santa Cruz de Bravo y trasladarse a Payo Obispo, que sería, a partir de entonces, la nueva capital del Territorio.

Sin embargo, la vida independiente del Territorio Federal de Quintana Roo no iba a ser para siempre, ya que el 14 de diciembre de 1931, Pascual Ortiz Rubio lo anexó de nuevo, pero en esta ocasión a los estados de Yucatán y Campeche por medio de decreto presidencial, que modificaba los artículos 43 y 46 constitucionales. Esta pérdida del estatus de Territorio Federal le ocurrió a Quintana Roo cuando se encontraba bajo la administración del yucateco Félix Bañuelos.

El investigador dice que la causa que se adujo para justificar tal medida fue la pobre y atrasada economía del territorio, cuya producción forestal, predominantemente la chiclera, había disminuido notablemente desde la crisis económica mundial de 1929. El Territorio de Quintana Roo representaba un gran gasto para la federación al no poder sostenerse a sí mismo económicamente.

La incosteabilidad sería la principal causa de la desaparición del territorio en 1931, aunque tras la misma hubo otras mayores, como las reivindicaciones de determinados grupos con intereses económicos de Yucatán.

La falsedad del argumento económico fue tan solo un pretexto para desmembrar al territorio. El verdadero estancamiento de la producción chiclera y maderera, y de la economía en general, se dio mientras Quintana Roo estaba anexado a los estados vecinos.

Los grupos de poder yucatecos y campechanos desde el comienzo de la década de los veinte planteaban la desaparición o anexión del Territorio a sus respectivas entidades. Por lo tanto, el motivo por el cual desapareció el territorio es más empresarial-político que económico, ya que el negocio de Campeche consistía en controlar el chicle del Golfo al Caribe.

La inconformidad de los quintanarroenses ante esta situación provocó que se agruparan para la defensa de sus intereses por mantener la integridad de su entidad y constituyeron el Comité Proterritorio Federal de Quintana Roo el 6 de octubre de 1931, el cual hizo una petición por escrito, en enero de 1934, al general Lázaro Cárdenas, durante su campaña política por Mérida, mientras era candidato a la presidencia de la República por el Partido Nacional Revolucionario.

Esta misiva atrajo a Payo Obispo a Cárdenas quien fue recibido por una manifestación multitudinaria que le comunicó el problema de la desaparición territorial y el deseo de los quintanarroenses de volver a ser independientes de sus vecinos peninsulares, ante la presencia del gobernador de Campeche, Benjamín Romero Esquivel y del presidente municipal Manuel Osorno, quienes acompañaban a Cárdenas del Río en la gira.

En ese momento se celebró un plebiscito para que los payobispenses por sí mismos eligieran a su presidente municipal y a su representante en la legislatura local, sin la injerencia de Campeche.  Asimismo, el general Cárdenas prometió la reincorporación del Territorio Federal en el caso de que voto del pueblo mexicano le favoreciera, compromiso que cumplió exactamente un año después, ya que el 16 de enero de 1935 se llevó a cabo nuevamentem la creación del Territorio Federal quintanarroense, por medio de decreto presidencial de Lázaro Cárdenas del Río, con la misma extensión y límites con que se erigió en 1902.

Quintana Roo quedó de nuevo bajo el tutelaje del gobierno federal, quien asumiría el control político y económico de la zona. Los límites peninsulares quedaron establecidos, Quintana Roo ya no volvería a desaparecer, pero a partir de entonces el vértice en donde convergen las tres entidades será objeto de discordia.

Antes de finalizar su periodo presidencial, quien, al inicio de este, jugó a favor de los quintanarroenses, cedió a los intereses de sus vecinos de la península yucateca, ya que el 15 de mayo de 1940, el propio Lázaro Cárdenas realizó el desplazamiento del vértice de las tres entidades peninsulares hacia el oriente, conocido como “Nuevo put”, el cual coincide con el meridiano

Así, Campeche ganó 4,809 km2. Yucatán respaldó esta acción ya que era favorecida con una franja territorial de 4,704 km2 en su frontera con Quintana Roo.

Por el territorio, se creó una comisión para atender el asunto en la capital del país. Sin embargo, al no ser recibidos por el presidente Cárdenas, le enviaron un telegrama solicitándole una audiencia, lo cual tampoco funcionó. Se hizo cargo de la defensa de Quintana Roo el Comité Pro-Territorio, a través de su asesor, el ingeniero Raymundo E. Enríquez, quien “hizo una revisión minuciosa de los textos desde la erección de Campeche en 1861, para concluir que la razón no estaba del lado de los campechanos, porque no había pruebas, ni documentales ni técnicas”.

El investigar se pregunta: ¿Qué es lo que hubo detrás de este cambio en la estrategia del presidente de la República? Se argumentan que en la temporada chiclera 1938-1939, la cooperativa Los Chenes, del estado de Campeche, explotó bosques de la región de Nohsayab, en el Territorio de Quintana Roo, e invadió las zonas forestales de Icaiché y Laguna Om, donde ya estaban establecidas otras sociedades locales.

En esa misma región, con permisos expedidos por la Agencia General de la Secretaría de Agricultura, operaban los contratistas Ramiro Ortiz, Vicente Montero, Juan Herrera, Rigoberto Cervera y Venancio Baeza, todos vecinos de la ciudad de Campeche.

Ellos habían trabajado ahí desde varios años atrás y pagaban los derechos de monte en Payo Obispo. Estos empresarios explotaban el chicle en representación de la Wrigley Company. Usaban como puerto de salida de su producción el de Campeche, por el cual tenían menos control.

Con este motivo las autoridades campechanas crearon un problema artificial de límites, alegando que Icaiché, Nohsayab, Halatún, Mesapich y Xkanhá figuraron en el Censo General de Población del Distrito de Campeche formado en 1861, que sirvió de base para la erección de ese estado en 1862.

El argumento de Campeche y Yucatán. Se trata de un mapa elaborado en 1941, tomando como referencia el que hizo H. Fremont, el cual se contrapone a la versión de la Dirección de Estudios Geográfico y Climatológicos, de la Secretaría de Fomento, representada en el Mapa.

Al intervenir en este litigio, las autoridades nacionales ordenaron que una comisión de ingenieros de la Secretaría de Agricultura esclareciera los límites entre Campeche y Quintana Roo. El dictamen consta en un oficio que concluyó que las localidades de Xkanhá y Nohsayab se encontraban dentro del Territorio de Quintana Roo.

Tras la resolución de este dictamen, el gobierno campechano inició una demanda ante la Secretaría de Gobernación, la cual, consideró procedente y declaró nulos los decretos estatales de ratificación del Punto put del año 1922, al entender que iban en contra de los decretos constitucionales que erigió el estado de Campeche, en 1862, y el Territorio de Quintana Roo, en 1902.

El investigador del tema asegura que el 13 de diciembre de 1939, se reunieron en Mérida los gobernadores de Campeche y Yucatán, junto con los secretarios de Gobernación, I. GarcíaTéllez y de Agricultura, J. G. Parres, para celebrar un Convenio de Límites entre Campeche y Quintana Roo, sin la presencia del gobernador de Quintana Roo, el general Rafael E. Melgar.

Aún así, lograron que el 15 de mayo de 1940 el presidente Cárdenas expidiera un acuerdo atribuyendo a Campeche los pueblos de Icaiché, Nohsayab, Halatún y Xkanhá.

No obstante, hay que tener en cuenta que un acuerdo presidencial carece de validez para la segregación de territorios de una entidad federativa, ya que es únicamente competencia del Congreso de la Unión, previa reforma constitucional. Por lo que se violaron los preceptos de la Constitución Federal establecidos en los artículos 73, fracción IV y 116.

Campeche hasta hoy reclama esa franja del territorio como suya. Tendría que ser hasta la década de los setenta cuando el territorio federal se constituyera en el estado libre y soberano de Quintana Roo, por medio de un decreto presidencial de Luis Echeverría Álvarez, del 8 de octubre de 1974, con la misma extensión y límites con que se erigió en 1902.

El 7 de enero de 1971 tomó posesión como gobernador del Territorio de Quintana Roo el licenciado David G. Gutiérrez Ruiz y el 3 de abril de 1974 declaró que ya era conveniente y necesario erigir el Territorio en entidad federativa, pues a su juicio ya satisfacía los requisitos de población y capacidad económica que señalaba para ese objeto la Constitución.

Al día siguiente reiteró de modo oficial esa iniciativa ante el presidente Echeverría. El 2 de septiembre de 1974, Echeverría envió al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para que Quintana Roo y Baja California Sur fueran elevados a la categoría de estado y así desaparecieran de la constitución y de la realidad mexicana los territorios.

Quintana Roo logró reunir los elementos indispensables para su existencia política propia, ya no era una región incomunicada y con una exigua población. Ya no había riesgo de una penetración extranjera, ni una guerra de castas, que hacían necesario el control directo del Territorio por parte de la federación.

Se buscaba un federalismo dinámico, para alcanzar un desarrollo equilibrado, en el que todas las regiones y todos los individuos disfrutaran de una igualdad real, de una auténtica justicia distributiva.

Así se trató de restringir el tráfico ilegal de armas y el contrabando que los ingleses de Belice llevaban a cabo por el río Hondo, al mismo tiempo que se cooptaban las posibles intenciones de los enriquecidos henequeneros en caso de que quisieran sustraerse del poder central, llevándose la riqueza henequenera y la reserva de las selvas sudorientales.

No obstante, no hay acuerdo acerca de dónde está ubicado el Punto put, que es donde confluyen los territorios de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La situación entre estas entidades federativas la podríamos calificar como de calma tensa, tanto yucatecos como campechanos y quintanarroenses se expresan mutuo rechazo, como consecuencia de la desintegración regional que ha caracterizado a los estados peninsulares, y se muestran reticentes ante los problemas de sus vecinos como si fueran entidades aisladas y no partes de la misma unidad geopolítica.

Ya se han presentado diversas controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde que, en 1997, el gobernador de Campeche, Jorge Salomón Azar García, creara el Municipio de Calakmul sobre un espacio geográfico bajo indeterminación jurisdiccional.

En ese entonces se interpusieron las controversias 9/97 y 13/97. A estas le siguieron las controversias constitucionales 52/2011 y 21/2014, en las que el actor fue el estado de Quintana Roo, tratando de defender su soberanía sobre la franja en disputa.

Ahora se han intercambiado los papeles y es el estado de Yucatán quien, el 14 de junio del 2019, interpuso la controversia constitucional 226/2019 en contra del estado de Quintana Roo y sus tres poderes. Todo ello motivado por el decreto número 303, expedido por el Poder Legislativo quintanarroense y por el nuevo mapa oficial de referencia geográfica publicado en el Periódico Oficial de la misma entidad federativa.

El 20 de junio del 2019 se dio cuenta al ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la SCJN, de la controversia constitucional 226/2019, firmada por los titulares de los tres poderes del estado yucateco, en el que consideran que la estrategia emprendida por la entidad caribeña afecta al territorio de ocho municipios yucatecos, tales como son Peto, Tzucacab, Tekax, Chemax, Valladolid, Chichimilá, Tixcacalcupul y Chikindzonot. Dos meses después se admitió la Controversia Constitucional.

Cada una de las entidades federativas enfrentadas en el conflicto limítrofe tiene sus propios argumentos de carácter histórico, geográfico, cartográfico, jurídico y político. De ellos depende el poder que las partes van adquiriendo en el sistema conflictual.

Mientras tanto, la SCJN sigue sin resolver la controversia constitucional que podría poner solución a la indefinición jurisdiccional de una gran extensión de territorio. Ante esta falta de decisión definitiva, es preciso buscar medidas a nivel estatal y municipal que palíen las consecuencias derivadas de esa ausencia de resolución, que están afectando a la población asentada en ese territorio en disputa.

 

 

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