SEGOB Reconoce Deuda Histórica con Víctimas y Promete Reducción de Violencia Hasta 2045

• El Programa Sectorial 2025-2030 admite impunidad en desapariciones y fallas en atención a derechos humanos

• Proyecta consolidar mesas de paz y fortalecer protección a periodistas y defensores en medio de la crisis de violencia

Redacción/ CAMBIO 22

La Secretaría de Gobernación publicó ayer su Programa Sectorial de Gobernación (PSG) 2025-2030 en el que proyecta que para 2045 exista una reducción significativa de las tasas de violencia y el fortalecimiento de comunidades capaces de resolver sus conflictos mediante mecanismos propios de convivencia pacífica.

En materia de seguridad y participación, el apartado de “Visión a largo plazo” estima que para 2030 se alcancen niveles óptimos por medio de 32 mesas estatales y 266 mesas regionales de paz. Agrega que en 2045 se prevé un nivel alto de confianza en las instituciones, gracias a la consolidación de la gobernanza.

El Programa Sectorial de Gobernación (PSG) 2025-2030 también pretende fortalecer el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, ampliar servicios de atención integral y trabajar en acuerdos con las comisiones de la verdad para garantizar la reparación del daño. Además de fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), para unificar protocolos de búsqueda.

“La desaparición de personas es uno de los desafíos más dolorosos para México. Este fenómeno no solo constituye una grave vulneración de derechos, sino que genera un profundo impacto en el tejido social.”, menciona la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Con respecto a la información del documento, el Estado mexicano mantuvo una deuda con las víctimas de violaciones de derechos humanos, y subraya que la falta de mecanismos efectivos que garantizarán la atención integral ocasionó impunidad y un sufrimiento a las familias de las víctimas.

De acuerdo con la SEGOB, previo a 2018, no existía un marco institucional que atendiera la crisis de personas desaparecidas en el país; fue a partir de ese año hasta 2024, cuando se sentaron las bases para una política de Estado, creando mecanismos como la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), la CNBP, las 32 Comisiones Locales y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH).

“Esta situación justifica la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, mediante la ampliación de servicios de atención integral, la instalación de mesas interinstitucionales y la instrumentación de los acuerdos de las comisiones de la verdad.”, comunicó la secretaría.

Por medio del PSG se pretende disminuir los riesgos que persisten para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, a pesar del aumento presupuestal que tuvo el Mecanismo de Protección del 311 por ciento en el periodo 2019-2024 respecto con el de 2012-2018, las autoridades reconocen que es prioritario mejorar sus capacidades técnicas y de personal especializado.

Esta situación justifica la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, mediante la ampliación de servicios de atención integral, la instalación de mesas interinstitucionales y la instrumentación de los acuerdos de las comisiones de la verdad

El gobierno mexicano detalló que el programa se articula en seis objetivos prioritarios: El primer punto es consolidar una gobernanza democrática que responda a las demandas ciudadanas y fomente la participación informada de la sociedad, frente a retos como la baja confianza en las instituciones y la insatisfacción con servicios públicos básicos.

Fortalecer la coordinación interinstitucional y la participación social para la construcción de paz en las diferentes regiones del país, a partir de la experiencia de las Mesas de Paz y con énfasis en juventudes y pueblos originarios.

Dirigir una política de Estado en derechos humanos, que garantice libertades, acceso universal a la justicia y no discriminación, con medidas específicas para víctimas, personas desaparecidas y comunidades históricamente vulneradas.

Reducir brechas de desigualdad social y demográfica, con políticas públicas que incorporen perspectiva de género, diversidad, interculturalidad y curso de vida, ante el reto del envejecimiento poblacional y la transición demográfica.

Implementar una política migratoria integral, que garantice una movilidad ordenada, segura y regular, con respeto a los derechos humanos de personas migrantes y solicitantes de asilo, y atención especial a quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Y mejorar la eficacia de la gestión pública municipal, reduciendo desigualdades regionales y elevando la calidad de los servicios básicos, mediante la profesionalización de servidores públicos y el impulso a la transparencia y la rendición de cuentas.

Fuente: Pablo Rodríguez/Sol de Mexico

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