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• El consorcio inmobiliario-financiero encabezado por Mundaca Real Estate y Grupo Artila impulsa un complejo de lujo aún sin permisos ambientales definitivos ni licencia municipal de construcción.

 

• Expertos, ambientalistas y vecinos advierten riesgos de ecocidio, gentrificación y colapso de servicios en una isla con infraestructura ya rebasada y ecosistemas altamente frágiles.

 

Renán Castro Hernánde/ Yolanda Gutiérrez/ CAMBIO 22

La revelación de un nuevo mega proyecto turístico en Isla Mujeres, impulsado por la poderosa agencia Mundaca Real Estate y respaldado por un fideicomiso administrado por Banco Actinver, encendió inmediatamente las alarmas entre especialistas y habitantes de la isla. El desarrollo, diseñado por Artigas Arquitectos y promovido por Grupo Artila, representa una alianza de alto calibre entre inmobiliarios locales, firmas nacionales de prestigio y capital privado que opera bajo un esquema financiero sólido, pero rodeado de opacidad y preocupación social.

La magnitud del proyecto, que se presenta como una inversión inmobiliaria estratégica, abre la puerta a impactos ambientales y urbanísticos profundos en una isla que ya enfrenta saturación, deterioro ecológico y presión creciente sobre los servicios públicos.

Ambientalistas advierten que el crecimiento acelerado sin estudios transparentes ni consulta pública podría desencadenar daños irreversibles en los ecosistemas marinos, encarecimiento de la vivienda, alteración de la dinámica comunitaria y transformaciones que beneficiarían principalmente a grandes inversionistas mientras los costos recaen sobre la población local.

Características del desarrollo: lujo, escala y amenidades

El proyecto anunciado como “La Salina, una nueva comunidad costera” contempla la construcción de un complejo residencial turístico de lujo frente al mar Caribe, en la costa oriental de Isla Mujeres, de acuerdo con la información presentada a las autoridades, la fase inicial incluye 32 unidades residenciales distribuidas en dos torres de condominios, una Torre A de cinco niveles con 20 departamentos y una Torre B de tres niveles con 12 departamentos, además de una Torre C adicional de tres niveles destinada a servicios y bodegas.

En conjunto, las edificaciones ocuparían un predio de 7,583 m² en la zona conocida como colonia Salinas, a mitad de la isla, cada departamento será de gran tamaño (entre ~106 y 170 m² las unidades de 2 o 3 recámaras) y contará con amplias terrazas para aprovechar las vistas panorámicas al océano, la desarrolladora promociona el estilo del complejo como una experiencia residencial “moderna y naturalmente lujosa” con materiales orgánicos, diseño abierto de interior-exterior y acabados de alta gama, orientado a captar la luz del amanecer y las brisas marinas.

El enfoque turístico de lujo se evidencia en las amenidades ofrecidas, el complejo incluirá piscinas estilo resort, terrazas con camastros, jardines tropicales y áreas lounge sombreadas, así como estacionamiento y espacios de juego infantil, todo dentro de un ambiente privado para residentes. Adicionalmente, la compra de una residencia brinda membresía a un exclusivo club de playa llamado “Punta Limón Sun Club”, un retiro costero con servicios de spa y entretenimiento, alberca infinity frente al mar, jacuzzi, restaurante-bar de especialidades locales, áreas de masaje, deck para yoga, gimnasio y sauna, entre otras facilidades.

Este conjunto de prestaciones refleja que la construcción se plantea en un segmento de lujo, orientado tanto a propietarios de alto poder adquisitivo como a turistas (por ejemplo, mediante rentas vacacionales), con la promesa de un estilo de vida privilegiado en la isla.

En materia de discurso público, los promotores enfatizan una visión de desarrollo supuestamente sensible al entorno, Mundaca Real Estate describe el proyecto con un “enfoque respetuoso al crecimiento” de Isla Mujeres, asegura que La Salina utilizará materiales duraderos y de bajo mantenimiento, contratará mano de obra local, comprará insumos a proveedores mexicanos y “contribuirá a iniciativas ecológicas vinculadas a las salinas” del lugar.

También sostienen que la escala y diseño del conjunto “se alinean con el carácter de la isla y su bienestar a largo plazo” estas afirmaciones, orientadas a mostrar una responsabilidad social-corporativa, buscan legitimar el proyecto ante la comunidad y las autoridades, aunque han sido recibidas con escepticismo por sectores críticos.

 

Permisos oficiales, licencias y estudio de impacto ambiental

Un punto clave es la situación de los permisos y autorizaciones, hasta el momento, el megaproyecto no cuenta con todas las licencias definitivas para iniciar construcción.

En el ámbito federal, la empresa ingresó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a mediados de 2025, trámite obligatorio dado que la obra se ubica en zona costera y por la magnitud del desarrollo. Dicho estudio (identificado con el folio 23QR2025TD038) se encontraba en etapa de “integración de expediente” en la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, es decir, bajo análisis técnico sin que aún se haya aprobado ni negado formalmente.

Al día de hoy, no existe anuncio público de resolución de la MIA por parte de Semarnat, en otras palabras, la autorización ambiental federal sigue pendiente, condicionando el inicio legal de las obras.

En el plano municipal, el Ayuntamiento de Isla Mujeres encabezado por la alcaldesa Atenea Gómez Ricalde no ha informado haber otorgado licencia de construcción ni cambio de uso de suelo definitivo para este proyecto en particular. Por normativa, el gobierno municipal debe supeditar sus permisos a que exista primero la autorización de impacto ambiental de Semarnat y al cumplimiento del Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) vigente.

La zona de “Las Salinas” está considerada urbana, pero con presencia de humedales y franja costera federal, lo cual impone restricciones, de igual forma, no se ha anunciado públicamente ninguna autorización estatal específica; cabe recordar que en Quintana Roo las evaluaciones de impacto ambiental de proyectos turísticos competen al gobierno federal (Semarnat), mientras que la supervisión de cumplimiento recae también en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Las experiencias de otros desarrollos en la región muestran que iniciar obra sin permisos ambientales puede derivar en clausuras y sanciones, Profepa ha llegado a suspender proyectos costeros que avanzaron sin el aval de impacto ambiental, por ejemplo clausurando construcciones y muelles ilegales en Isla Mujeres en años anteriores. En este caso, los propios promotores han optado por el cauce formal al presentar la MIA; no obstante, mientras ésta no sea aprobada, el proyecto La Salina carece de permiso ambiental en regla.

Tampoco se ha reportado la obtención de concesiones en Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) necesarias para aprovechar la franja de playa, trámite que usualmente se gestionaría una vez autorizado el impacto ambiental, en síntesis el proyecto aún no cumple con todos los vistos buenos oficiales, queda en espera la resolución de Semarnat y las licencias locales correspondientes. Cualquier inicio de obras antes de dichas autorizaciones sería ilegal; por ahora, no hay indicios de construcción física en el sitio, más allá de la promoción de ventas “en preventa” que realiza Mundaca.

 

Posible impacto ecológico: alertas de expertos y ambientalistas

La ubicación del desarrollo en la zona de “La Salina” despierta preocupación entre expertos y organizaciones ambientalistas debido a la sensibilidad de los ecosistemas isleños y la ya frágil capacidad de carga de la isla. Isla Mujeres posee tres lagunas interiores conocidas como Salina Grande, Salina Chica y Salina Norte, cuerpos de agua costeros semi-aislados del mar que históricamente fueron salinas naturales.

Con la expansión urbana y turística de la isla desde mediados del siglo XX, estos humedales han sufrido alteraciones en sus propiedades y hoy presentan signos de deterioro. Un diagnóstico reciente reveló que 59% de los isleños percibe las salinas en mal estado ambiental, identificando como principales problemas la contaminación por basura, descargas ilegales de drenajes, malos olores y vertederos de desechos en sus alrededores.

Aunque aún mantienen cierta calidad de agua con baja contaminación orgánica, las salinas han perdido parte de su equilibrio ecológico, no obstante, conservan importancia como hábitat de fauna silvestre, se han registrado al menos ocho especies de aves residentes o migratorias en la Salina Norte, incluyendo al pelícano café (Pelecanus occidentalis), el cual está catalogado como especie Amenazada según la NOM-059 de protección de fauna, esto indica que los humedales isleños aún brindan refugio a especies de interés y servicios ambientales (control de inundaciones, filtración de agua, valor paisajístico).

Los ambientalistas temen que la construcción de grandes torres y la llegada de más residentes/turistas ejerza presión adicional sobre estos ecosistemas costeros y lagunares, por un lado, la obra implicará desmonte de la vegetación secundaria en el predio y posiblemente movimientos de tierra para cimentación, lo que podría alterar los flujos hídricos subterráneos típicos de la zona kárstica de la isla, cualquier cambio en la infiltración podría afectar los niveles de las salinas adyacentes o agravar problemas de anegamiento.

Además, la cercanía al litoral plantea riesgos de impacto marino, si no se controlan adecuadamente las escorrentías de la construcción, sedimentos o contaminantes podrían llegar al mar Caribe, afectando el arrecife mesoamericano cercano o las praderas de pastos marinos que rodean la isla. Organizaciones como Ocean Conservancy y grupos locales han advertido en general que el auge de desarrollos costeros en el Caribe mexicano aumenta la sedimentación y descarga de aguas residuales al mar, contribuyendo al deterioro de los corales.

En Isla Mujeres específicamente, preocupa que un complejo de este tamaño genere más aguas residuales y basura, la isla carece de un sistema de drenaje pluvial eficiente y el saneamiento de aguas negras es limitado, por lo que un aumento poblacional podría traducirse en mayor riesgo de vertidos al subsuelo marino si la infraestructura no se mejora en paralelo.

Otro punto sensible es la disponibilidad de agua dulce, especialistas en gestión hídrica señalan que Isla Mujeres padece una crónica escasez de agua potable, el municipio (de poco más 22 mil habitantes) depende de un acueducto submarino desde tierra firme, y a menudo el flujo es insuficiente para las colonias locales. Irónicamente, el agua suele llegar sin falta a los hoteles para turistas, mientras que los residentes reciben un servicio “a cuentagotas” y con frecuentes cortes.

En este contexto, la llegada de decenas de condominios de lujo con albercas, jardines y alto consumo por visitante podría agravar la demanda de agua en una isla donde el recurso ya es crítico, lo mismo aplica a la energía eléctrica, Isla Mujeres se abastece mediante cableado submarino desde Cancún y ha registrado apagones en temporadas pico; un desarrollo adicional incrementará la carga eléctrica, forzando a ampliaciones en la red para evitar caídas del servicio.

Organizaciones ambientalistas como Moce Yax Cuxtal y expertos universitarios han enfatizado el concepto de capacidad de carga limitada de las islas pequeñas, sugieren que, antes de autorizar nuevos megaproyectos, se deben evaluar integralmente los umbrales de población flotante que Isla Mujeres puede soportar sin colapsar sus servicios y sin destruir su entorno natural.

“No podemos seguir pensando sólo en el negocio turístico sin pensar en las consecuencias ecológicas”, comentó en un foro local un biólogo miembro de la asociación civil Isla Verde.

Este especialista alertó que el crecimiento desmedido representa un “ecocidio gradual”, pérdida de cobertura verde, sobreexplotación del acuífero subterráneo, erosión costera y afectación a la fauna local (como las tortugas marinas que anidan en las playas orientales de la isla).

De hecho, la costa este donde se ubica La Salina es zona de arribo de tortugas caguama y blanca; un aumento en iluminación artificial y tránsito humano podría desorientar a los quelonios y disminuir los sitios seguros de anidación, según han señalado voluntarios de los campamentos tortugueros. Estas voces piden medidas estrictas de mitigación si el proyecto avanza, plantas de tratamiento de agua modernizadas, sistemas de recolección de pluviales, limitación de alturas para no alterar el paisaje insular, y un compromiso real de financiar la recuperación ecológica de las Salinas afectadas.

Por otro lado, los desarrolladores contraargumentan que La Salina será un proyecto “sustentable”, en su publicidad destacan el uso de tecnologías ecoeficientes (por ejemplo, luces LED, paneles solares, captación de agua de lluvia) y afirman que apoyarán programas comunitarios de limpieza de manglares y lagunas.

Incluso han señalado su intención de colaborar con autoridades municipales en la remediación de las Salinas, un tema que coincide con esfuerzos oficiales recientes de saneamiento ambiental en Isla Mujeres. Habrá que escrutar si tales promesas se concretan, por lo pronto, expertos independientes mantienen reserva: temen que las medidas propuestas no compensen la huella ecológica de introducir decenas de nuevas viviendas de lujo en un espacio tan sensible.

“La mejor manera de proteger es evitar construir en zonas frágiles; la segunda mejor, minimizar el tamaño del proyecto”, opina un investigador de la UNAM en Puerto Morelos, sugiriendo que 32 condominios quizás excedan lo ideal para esa área. En resumen, la expectativa de impacto ecológico es motivo de debate, el desarrollador insiste en su diseño “armonioso”, mientras ambientalistas advierten que cualquier suma de impactos (por pequeña que parezca) podría empujar a los ecosistemas isleños más allá de su capacidad de recuperación.

 

Entre el interés y la preocupación

En la esfera social, el proyecto también ha generado eco, ¿Existe oposición o protesta de la comunidad?

Hasta ahora, no se han registrado protestas públicas multitudinarias específicas contra La Salina, a diferencia de otros desarrollos turísticos polémicos en Quintana Roo (donde se han visto manifestaciones ciudadanas), en Isla Mujeres la respuesta ha sido más discreta. Sin embargo, esto no significa aceptación unánime, habitantes de las colonias cercanas y activistas locales sí expresan inquietudes en espacios vecinales y redes sociales.

En conversaciones informales, algunos isleños manifiestan temor de que la construcción termine privatizando el acceso a la playa en ese sector o saturando aún más las vialidades de la isla.

“¿Qué ganamos los locales con otro condominio de ricos? Ni siquiera podremos entrar a esas playas, y nos van a encarecer todo”, lamentó un residente de colonia La Gloria en un grupo comunitario de Facebook, este sentimiento de posible exclusión refleja el resentimiento que puede crecer si los beneficios del proyecto no permean a la población general.

En cuanto a consultas públicas formales, las autoridades municipales no han convocado audiencias específicas sobre el megaproyecto, legalmente el proceso de la MIA federal incluye una fase de consulta a la ciudadanía, Semarnat publica una síntesis del proyecto en la Gaceta Ecológica, y cualquier persona u organización puede solicitar una reunión pública de información o presentar comentarios por escrito. No hay reportes confirmados de que se haya realizado tal reunión para La Salina.

Es posible que pocos isleños estuvieran al tanto del trámite ambiental en tiempo y forma para exigir la consulta, dado que estos avisos pasan desapercibidos si no se difunden ampliamente.

Representantes de ONG ambientalistas en Cancún han criticado que muchos proyectos se aprueban “en lo oscurito” por falta de participación social temprana.

En Isla Mujeres, la regidora de Ecología declaró en septiembre que “estaremos vigilantes de que se escuche la voz ciudadana en cualquier desarrollo importante”, sin mencionar directamente La Salina.

Por su parte, el Ayuntamiento ha impulsado recientemente la instalación de Comités Vecinales en diversas colonias (incluyendo Salina Chica) para “escuchar y atender las necesidades reales” de la población, en esas mesas vecinales algunos ciudadanos han externado preocupaciones sobre la venta descontrolada de terrenos y la llegada de construcciones que rebasan la capacidad del lugar en servicios. Las autoridades locales han tomado nota de solicitudes como, garantizar que nuevos proyectos incluyan mejora de drenaje pluvial, respetar áreas verdes, y evitar bloqueos de acceso público al litoral.

Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado una consulta popular específica sobre si la comunidad está de acuerdo o no con este megaproyecto turístico.

Un aspecto a destacar es la percepción dividida dentro de la propia isla, mientras cierto sector como comerciantes, taxistas o prestadores de servicios turísticos ve con buenos ojos cualquier inversión que atraiga más visitantes y derrama económica, otro sector particularmente familias originarias y jóvenes profesionistas locales teme que Isla Mujeres pierda su esencia bajo el peso de desarrollos ajenos.

“No queremos ser otro Cancún, llenos de edificios sin alma”, expresaba una carta firmada por un colectivo de vecinos dirigida al Ayuntamiento el pasado agosto. En la misma, pedían frenar “la depredación inmobiliaria” hasta actualizar los planes de desarrollo urbano con criterios de sustentabilidad y consulta pública.

Este documento, del cual trascendieron fragmentos a la prensa, no mencionaba explícitamente a La Salina pero sí hablaba de un “proyecto de condominios en preparación en área de humedal”, en clara alusión, la misiva solicitaba que se informe a la ciudadanía sobre dicho proyecto y se transparente si cumple la ley.

Aún no ha habido respuesta pública del municipio a esa petición, pero ilustra que existe oposición latente, aunque no se haya manifestado con marchas en las calles.

Finalmente, cabe señalar que la isla ha visto en años recientes varios desarrollos irregulares (casas y cuartos rentables construidos sin servicios básicos en la zona continental y algunas colonias populares) que han provocado malestar por la falta de planeación.

En contraste, La Salina pretende ser un desarrollo “ordenado” y premium, parte de la comunidad está a la expectativa de si este podría traer algún beneficio indirecto por ejemplo empleo en su construcción u oportunidades de trabajo de mantenimiento, seguridad, etc. o inversiones en infraestructura que de rebote mejoren las condiciones locales. En reuniones con vecinos, funcionarios municipales han llegado a sugerir que “proyectos grandes también nos permiten gestionar más recursos para servicios”, no obstante, muchos habitantes se mantienen escépticos y sienten que sus opiniones no han sido consultadas suficientemente.

El reto será conciliar las necesidades de la población con los intereses del desarrollador, algo que por ahora pende de la balanza de la opinión pública.

 

Respuesta de las autoridades municipales, estatales y federales

Las autoridades, por su parte, han manejado el tema con cautela y mensajes generales. A nivel municipal, la alcaldesa Atenea Gómez ha reiterado en diversas ocasiones que “el desarrollo de Isla Mujeres debe ir de la mano con la protección ambiental y el bienestar de la gente”. Si bien no ha hecho declaraciones específicas sobre La Salina en la prensa, su administración ha mostrado interés en reforzar la regulación urbana, por ejemplo ha realizado operativos para clausurar obras irregulares en la Zona Continental del municipio y frenar la venta ilegal de terrenos.

Esto envía la señal de que no se tolerarán proyectos fuera de la ley, en cuanto al caso concreto, funcionarios municipales han indicado (de manera extraoficial) que si el desarrollo cumple con todos los requisitos ambientales y urbanos, el Ayuntamiento no podría negarle la licencia, pues legalmente tendrían que otorgarla al estar en suelo privado y dentro de zona urbana marcada en el plan de desarrollo, siempre y cuando no viole alturas ni densidades. No obstante, también afirman que estarán vigilantes de que se mitiguen impactos y que la empresa aporte mejoras a la infraestructura. Se ha mencionado la posibilidad de exigir al desarrollador inversiones en drenaje o equipamiento urbano como condición.

A nivel estatal, el gobierno de Quintana Roo encabezado por la gobernadora Mara Lezama promueve el llamado “Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo”, que busca equilibrio entre crecimiento económico y cuidado ambiental, en esta línea, la Secretaría estatal de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) ha participado en mesas de trabajo con el municipio de Isla Mujeres para reforzar la vigilancia ambiental en zonas frágiles.

De hecho, a inicios de noviembre 2025 SEMA y el Ayuntamiento lanzaron un plan conjunto para recuperar la laguna Chacmuchuch (un humedal en la parte continental), anunciando limpieza, reforestación y educación ambiental, si bien Chacmuchuch está fuera de la isla principal, el mensaje aplica, la administración estatal quiere mostrar compromiso con la protección de ecosistemas costeros.

El titular de SEMA, Óscar Rébora, declaró en esa ocasión que “no se trata sólo de conservar un ecosistema, sino de cuidar un espacio que da vida y bienestar a las familias”.

Esta retórica probablemente se extienda a las Salinas de Isla Mujeres; es decir, el Estado difícilmente apoyaría públicamente un proyecto que destruya un humedal sin medidas de compensación.

No ha habido, sin embargo, un pronunciamiento expreso de SEMA sobre La Salina, es de suponerse que aguardarán el resultado de la MIA federal para opinar, el gobierno estatal sí tendría injerencia, a través de la Procuraduría de Protección al Ambiente de Quintana Roo (PPA), en monitorear cualquier obra que inicie y en las eventuales inspecciones ambientales durante la construcción.

En el ámbito federal, la Semarnat mantiene discreción mientras evalúa la MIA, conforme a la ley, la dependencia debe revisar técnicamente si el proyecto es ambientalmente viable y, de aprobarlo, podría imponer condicionantes (por ejemplo limitar volúmenes de vegetación a remover, requerir plantas de tratamiento, monitoreos periódicos, etc.). Un antecedente notable, en noviembre de 2025, Semarnat negó la autorización ambiental a dos proyectos turísticos en Quintana Roo (un condo-hotel en Holbox y un restaurante en zona de manglar de Cancún) al encontrar deficiencias en sus estudios.

Esto demuestra que la política ambiental federal actual, bajo la secretaria María Luisa Albores, no aprueba automáticamente todos los desarrollos, y prioriza la protección de ecosistemas críticos.

Si La Salina presentara omisiones en su Manifestación de Impacto (por ejemplo, falta de información sobre fauna presente, o sobre manejo de residuos), podría enfrentar un dictamen negativo semejante. Por ahora, la Semarnat no ha listado públicamente mayores detalles; únicamente se sabe que la solicitud de autorización ambiental fue recibida.

Otra entidad federal relevante es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), ya que Isla Mujeres colinda con la Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam (que incluye la vecina Isla Contoy) y forma parte de la región del Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc (en cuanto a arrecifes).

Aunque La Salina no está dentro de un área natural protegida, cualquier impacto al mar podría incidir en zonas bajo custodia de Conanp. Hasta ahora, Conanp no ha emitido postura conocida.

En síntesis, las autoridades se mueven con mensaje dual, apoyar la inversión turística vital para la economía local pero haciendo hincapié en la “sustentabilidad”, de cara a la sociedad, el Ayuntamiento y el Estado insisten en que “no habrá desarrollo a costa del medio ambiente”.

La prueba de fuego vendrá si Semarnat aprueba la MIA, allí se verá qué tan exigentes son las condiciones impuestas y cómo las autoridades locales garantizan su cumplimiento, la confianza ciudadana en las instituciones está en juego.

Un manejo transparente y equilibrado sería ideal, que informen con claridad los resultados del estudio de impacto, que abran espacios de participación si hay dudas, y que aseguren que el desarrollador compense adecuadamente cualquier afectación ecológica. De lo contrario, existe el riesgo de que la comunidad perciba con desilusión que se priorizan los intereses privados sobre el bienestar común, minando la credibilidad de los gobiernos involucrados.

Más allá del entorno natural, La Salina conlleva riesgos sociales que expertos en desarrollo urbano y habitantes advierten, uno de ellos es la gentrificación turística, Isla Mujeres ha experimentado en años recientes un fuerte proceso de transformación, de ser un tranquilo pueblo de pescadores y familias locales, ha pasado a ser un polo turístico internacional con proliferación de hoteles, villas y condominios de lujo.

Proyectos como La Salina encajan precisamente en esta tendencia de turistificación, donde inversionistas foráneos desarrollan propiedades dirigidas a visitantes o residentes adinerados, elevando los valores inmobiliarios y el costo de vida en general.

Un efecto temido es el encarecimiento de la vivienda y servicios para los lugareños, al introducirse condominios con precios de venta desde medio millón de dólares, se eleva la plusvalía de la zona. Esto suele traducirse en aumento de rentas y del precio de terrenos circundantes, dificultando que familias isleñas de ingresos medios o bajos accedan a vivienda en su propia localidad. Estudios en Quintana Roo señalan que la gentrificación turística ha provocado incrementos de hasta 50% en rentas en lugares como Cancún y Playa del Carmen, desplazando a residentes originales hacia las periferias.

En Isla Mujeres, donde el espacio es limitado (apenas 4 km de largo), el desplazamiento físico es complejo no hay “periferia” adónde ir excepto cruzar al continente, pero puede ocurrir un desplazamiento socioeconómico, las nuevas dinámicas de precios fuerzan a locales a malbaratar sus propiedades e irse a zonas más asequibles (por ejemplo, a la Zona Continental o a otras ciudades).

Junto con el alza de vivienda llegan los precios más caros en productos y servicios, comercios orientados al poder adquisitivo de los nuevos residentes/visitantes de lujo tienden a desplazar a las tienditas o mercados tradicionales. Restaurantes gourmet, boutiques y servicios exclusivos elevan el costo promedio de alimentos, transporte local y ocio, volviéndolos inaccesibles para muchos isleños. Ya hoy, residentes se quejan de que en ciertas partes de la isla “un café o una cerveza cuestan como en Nueva York”, la introducción de más desarrollos premium podría acentuar esta brecha económica.

Otro riesgo social es la pérdida de identidad local y cohesión comunitaria, la cultura isleña con sus costumbres, festividades tradicionales (como la fiesta de la Virgen del Carmen), la convivencia en la plaza central, etc. puede verse diluida si la población flotante o foránea crece desproporcionadamente. Algunos temen que Isla Mujeres se convierta en una especie de “Santorini” mexicana, donde los habitantes originarios fueron desplazados y “la ciudad es un montón de hoteles boutique” en manos de extranjeros.

Vecinos señalan casos ya visibles, ciertas calles del Centro donde antes residían familias ahora están dominadas por Airbnb y comercios turísticos, cambiando totalmente el carácter del barrio. Si La Salina se llena mayormente de propietarios de fuera o turistas temporales, aportará poco a la vida comunitaria cotidiana: podría convertirse en un enclave excluyente, con cercas y seguridad privada, generando separación con el resto de la población.

Asimismo, está la presión sobre los servicios públicos existentes, la isla ya sufre falta de infraestructura adecuada en varios rubros, el sistema de drenaje sanitario es deficiente, el suministro de agua es intermitente, las vialidades son estrechas y hay sobresaturación de vehículos de golf y motos que congestionan las calles, los habitantes padecen cortes de luz ocasionales y una planta de residuos sólidos casi al tope.

Isla Mujeres es “una isla colapsada por un deficiente sistema de drenaje”, con flotas de carritos de golf excediendo la capacidad vial, un desarrollo como La Salina amenaza con agravar estos problemas de servicios, como apuntó un reportaje:

“Este proyecto amenaza con agravar problemas como la falta de servicios básicos” en la isla.

Por ejemplo, más habitantes y turistas implican más basura; si no se amplía la recolección y disposición final, habrá acumulación (la isla ya ha tenido emergencias por exceso de basura en temporada alta). Más usuarios implican mayor carga al drenaje (aumentando riesgo de fugas o colapsos de aguas negras, que pueden terminar en el mar).

Incluso la seguridad pública podría resentirse, aunque Isla Mujeres tiene índices delictivos bajos, el crecimiento desordenado puede traer delitos oportunistas, conflictos sociales o la necesidad de más vigilancia que la policía local limitada en número tal vez no cubra.

A nivel institucional, algunos críticos hablan de un doble discurso gubernamental, se promueve la isla como “Pueblo Mágico” con su cultura y tranquilidad, pero se autorizan proyectos que podrían romper precisamente eso que la hace mágica. Han descrito la situación como “pan para hoy y hambre para mañana” atraer inversiones turísticas da ganancias a corto plazo, pero si a largo plazo la isla pierde su calidad de vida, puede espantar incluso al propio turismo que busca un lugar auténtico.

Por ello, urbanistas sugieren realizar evaluaciones de impacto social (EIS) antes de proyectos de esta índole algo poco común, pero cada vez más necesario para medir cómo afectarán la dinámica poblacional, el tejido social y la economía local, y así plantear medidas de gestión adecuadas.

La Salina no es solo un proyecto inmobiliario, sino un catalizador que agita debates profundos sobre qué modelo de desarrollo quiere Isla Mujeres, sus lujosos departamentos frente al mar representan la vertiente de un destino globalizado y exclusivo; por otro lado, las reservas y temores que genera encapsulan la urgencia de preservar la identidad y sostenibilidad de una comunidad insular centenaria.

El desenlace ya sea la integración exitosa de este complejo con beneficios repartidos o su imposición generando externalidades negativas dependerá de las decisiones que tomen autoridades y desarrolladores en los próximos meses, y de la voz que la propia sociedad isleña logre articular para defender sus intereses y su entorno. Por ahora, el megaproyecto en La Salina permanece en pausa regulatoria, bajo el escrutinio tanto de funcionarios como de ciudadanos, convirtiéndose en símbolo de la encrucijada entre el progreso turístico y la conservación del paraíso que Isla Mujeres ha sido para propios y extraños.

 

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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