Layda en la “Lista Negra” de Estados Unidos

• La gobernadora campechana se encuentra entre los 44 políticos mexicanos a los que USA vincula con el narcotráfico

Redacción / CAMBIO22

San Francisco de Campeche, Cam., 27 de mayo.- El Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos confirmó la existencia y activación de un mecanismo secreto de sanciones conocido informalmente como la “Lista Marco”, que tiene como objetivo a 44 figuras políticas, administrativas y militares mexicanas por presuntos vínculos con cárt3l3s de la droga y organizaciones criminales transnacionales, entre las cuales cita a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Entre los gobernadores actuales señala a Alfonso Durazo (Sonora), Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Miguel Ángel Navarro (Nayarit), Américo Villarreal (Tamaulipas), Samuel García (Nuevo León), Layda Sansores (Campeche) y Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán). Además a los exgobernadores y líderes Enrique Alfaro (Jalisco), Ricardo Monreal Ávila (Senado) y Adán Augusto López (Cámara de Diputados), así como a los funcionarios federales Mario Delgado (Educación), Clara Luz Flores (Interior–Asuntos Religiosos) y Manuel Bartlett Díaz (ex-CFE).

También a cuatro generales (activos y retirados) vinculados a operaciones conjuntas México-EE. UU y a los alcaldes Eduardo Gattás (Ciudad Victoria), Erasmo González (Ciudad Madero), Cruz Pérez Cuéllar (Ciudad Juárez) y César Iván Sandoval (San Luis Río Colorado). La lista contó con la operación del Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Justicia (DOJ), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y Seguridad Nacional (HSI).

La “Lista Marco” opera bajo la autoridad de leyes estadunidenses como el Patriot Act, la legislación de designación de organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y los poderes de la OFAC, que no está cubierta bajo ningún acuerdo binacional con México, y entre las principales medidas activadas destacan:

La cancelación inmediata de visas, incluyendo a familiares de los sancionados; detenciones e interrogatorios en la frontera; congelación de cuentas bancarias y activos en Estados Unidos: alertas confidenciales a la Unidad de Inteligencia Financiera de México, y prohibición permanente de relaciones comerciales con instituciones estadounidenses.

Entre los casos más notables se encuentra el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y esposo Carlos Torres, a quienes les cancelaron sus visas por presunto lavado de dinero a través de contratos relacionados con el narcotráfico.

Además, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados Favila, fue detenido durante 14 horas en la frontera estadounidense, acusado de apoyar una estructura municipal controlada por el crimen organizado, y las investigaciones apuntan a que al menos 15 de los 44 funcionarios señalados están involucrados con la red de contrabando de combustible conocida como “huachicol fiscal”, liderada por Sergio Carmona Angulo, quien ha sido vinculado como financiador de campañas del partido Morena en el noreste del país.

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