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• Despacho 14

• El Violento Oficio de Escribir

 

• Desde políticos, artistas, ex funcionarios y capos.

 

• La trastienda: cuando la inteligencia y la sanción cruzan la frontera.

 

Alfredo Griz/CAMBIO 22

En los últimos años, y con particular intensidad desde 2019, la relación entre agencias estadounidenses y actores mexicanos ha dejado de ser apenas cooperación técnica para convertirse en un choque de intereses: listas internas, sanciones administrativas, órdenes penales y revocaciones de visa.

Hay, en esa madeja, tres ejes que definen el relato: los grandes capos y sus fichas en la DEA; los operadores civiles (empresarios, promotores, gestores culturales) que aparecen en actuaciones del Tesoro; y los cuadros políticos cuya cercanía o supuesta convivencia con redes criminales terminó por llevarlos a la mira de Washington.

A continuación: una narración amplia, seguida de listas puntuales —los nombres— y, finalmente, la lectura política y criminal de lo que significan estas vinculaciones para México.

 

El Narcotráfico Visible: los Capos que Figuran en Fichas Públicas de la DEA

Hay pocas ambigüedades cuando la DEA publica una ficha: cargos federales en EE. UU., recompensas, y en muchos casos procesos de extradición en curso o peticiones formales al Gobierno mexicano. Entre los nombres cuya presencia en esas bases es constante y pública destacan:

• Nemesio Oseguera-Cervantes (“El Mencho”) — líder del CJNG, con ficha activa de la DEA y recompensa pública por información sobre su paradero.

• Miembros conocidos del cártel de Sinaloa y del CJNG — incluidos apellidos y ramificaciones familiares que en la práctica forman grupos (“Los Chapitos”, entre otros) y que aparecen repetidamente en comunicados de la DEA y el DOJ por cargos de conspiración y tráfico internacional.

La presencia de estos nombres en la base pública no es un rumor: son procesos que combinan inteligencia, órdenes judiciales y, en algunos casos, recompensas millonarias.

Las fichas de la DEA son el punto de inicio de las investigaciones que luego pueden derivar en extradiciones o juicios federales en EE. UU.

El mundo “civil” que se cruza con el crimen: promoters, empresarios y artistas señalados por sanciones administrativas
No solo los capos aparecen en documentos oficiales. La vía administrativa —sanciones del Departamento del Tesoro (OFAC), bloqueo de activos y restricciones— ha sido usada para golpear estructuras financieras y a operadores del mundo del espectáculo que, según la tesis estadounidense, facilitaron operaciones de lavado o fun-daron estructuras de protección.

 

Nombres Relevantes y Verificados en ese Terreno:

• Raúl Flores Hernández — empresario vinculado a redes de aparente financiamiento y flujos económicos relacionados con organizaciones criminales; figura en designaciones del Tesoro como nodal en estructuras que tocaron al mundo deportivo y musical.

• Julio César Álvarez Montelongo (Julión Álvarez) — incluido originalmente en medidas de la OFAC en 2017 por supuestos vínculos con la organización de Raúl Flores; eliminado de esa “lista negra” en 2022 tras procesos administrativos y procesos legales. El caso es paradigmático: un artista famoso en el centro de una decisión que tuvo tanto connotación penal como mediática. U.S.

El efecto de estas sanciones es doble: por un lado, rompen la posibilidad de operar libremente en sistemas financieros internacionales; por otro, estigmatizan carreras y empresas aun cuando no siempre deriven en una condena penal. En la práctica, el golpe del Tesoro es una herramienta de política pública con efectos inmediatos y duraderos sobre reputaciones y patrimonios.

 

Políticos en la Mira: la Lista, la Revocación de Visas y la Política Exterior Aplicada como Presión

Una década atrás, acusar a un gobernador o a un secretario de “vínculos” con narcos era terreno de notas aisladas. Hoy, Washington tiene herramientas más directas: desde la revocación de visas hasta la compilación de objetivos que, en algunos casos, provienen de trabajos de la DEA y otras agencias.

• La “lista de 35” — expediente compilado por equipos de la DEA a partir de 2019, que incluye a mandos policiales, militares retirados y funcionarios civiles.
Esa carpeta —convertida en noticia y en centro de debate político— es un ejemplo de cómo la inteligencia estadounidense catalogó posibles objetivos susceptibles de sanción o acción.

• Marina del Pilar Ávila (gobernadora de Baja California) — uno de los casos públicos de revocación de visa: la gobernadora confirmó que le fueron retirados sus visados y los de su esposo, un hecho que se volvió emblemático del uso de la política migratoria y consular como herramienta para ejercer presión o marcar riesgo reputacional.

A partir de 2025 la política estadounidense fue más explícita: no solo perseguir capos y estructuras financieras, sino también presionar —mediante sanciones administrativas y restricciones de visado— a actores políticos cuya cercanía con redes delincuenciales se considera problemática. Es importante marcar la diferencia legal: revocar una visa o incluir a alguien en una “lista” administrativa no es lo mismo que presentar cargos criminales en un tribunal; sin embargo, el daño político y práctico es real e inmediato.

 

Listado ampliado: nombres que aparecen públicamente (capos, promotores, artistas, y políticos con medidas o menciones)

Abajo vas a encontrar un compendio —no exhaustivo pero amplio— de personas que han sido mencionadas en comunicados oficiales (DEA / DOJ / OFAC) o en reportes periodísticos que reproducen documentos oficiales o declaraciones de agencias estadounidenses. Cada nombre, en su lugar, carga una calificación distinta: desde “ficha DEA / cargos federales” hasta “sanción administrativa / vínculo investigado” o “revocación de visa”.

Capos / figuras del narcotráfico (fichas, recompensas, cargos federales)

• Nemesio Oseguera-Cervantes — “El Mencho”.

• Abraham (Don Rodo) y otros familiares/operadores señalados por relaciones con el CJNG.

• Varios miembros asociados al Cártel de Sinaloa y ramales conocidos como “Los Chapitos” (nombres de esa familia aparecen en procesos y en reportes de la DEA/DOJ).

 

Empresarios / promotores / operadores del mundo del deporte y el espectáculo (sanciones OFAC / menciones)

• Raúl Flores Hernández — empresario vinculado a redes de lavado y operador en ámbitos deportivos y musicales.

• Julión Álvarez (borrado luego de estar incluido): caso paradigmático de artista sancionado y posteriormente removido de la lista administrativa.

 

Políticos y funcionarios que han sido objeto de medidas administrativas (revocación de visa, menciones en listas)

• Marina del Pilar Ávila (gobernadora de Baja California) — revocación de visa confirmada públicamente.

• Varios gobernadores, ex-gobernadores y funcionarios estatales aparecieron en reportes y notas sobre posibles sanciones o revocaciones de visa a lo largo de 2024–2025; la lista exacta ha sido tema de filtraciones y piezas periodísticas (compilaciones); las identificaciones incluyen desde mandos estatales hasta allegados políticos que el gobierno de EE. UU. ha considerado de riesgo.

Nota metodológica: muchas crónicas periodísticas (investigaciones amplias) han tomado como punto de partida carpetas internas compiladas por la DEA desde 2019 que contienen decenas de nombres —en algunos casos se trató de trabajos preliminares de inteligencia que nunca derivaron en cargos formales—; la mezcla de niveles (inteligencia, sanción administrativa, acusación penal) es fuente constante de confusión en la cobertura pública.

 

Casos Paradigmáticos — Relatos Cortos que Explican el Mecanismo

1. El caso “Julión”: un cantante famoso incluido en 2017 en una designación del Tesoro por supuestos vínculos con la organización de Raúl Flores; la medida golpeó contratos, giras y relaciones bancarias; años después, la remoción administrativa dejó el expediente en un limbo que la prensa y el mundo legal han seguido con atención. Es un ejemplo de cómo la sanción económica puede funcionar como primera estación en una ruta que puede o no terminar en un tribunal.

2. La “lista de 35” y sus ecos: un dossier interno de la DEA, compilado alrededor de 2019, que incluye nombres de mandos policiales, militares retirados y funcionarios civiles. Cuando ese dossier trascendió, generó un terremoto diplomático: acusaciones cruzadas, negaciones públicas y una discusión sobre los límites de la intervención extranjera en asuntos internos. El episodio puso en evidencia que la inteligencia estadounidense no solo persigue capos: también cataloga “riesgos” políticos y administrativos.

3. Revocación de visas como herramienta: la confirmación pública de revocaciones (como la de la gobernadora de Baja California) mostró que la Casa Blanca y diplomacia consular pueden aplicar castigos sin proceso judicial, generando impacto político inmediato. Para algunos, es una herramienta legítima de seguridad; para otros, una forma de injerencia con costos reputacionales.

 

Qué queda en claro y qué no: conclusiones analíticas

• Claro: la DEA/DOJ mantienen fichas públicas y han pedido –y obtenido– extradiciones. OFAC y el Tesoro han sancionado a individuos y entidades en México, incluyendo a operadores del mundo musical y deportivo. Washington ha ampliado el uso de herramientas administrativas (sanciones, revocación de visas) para presionar.

En esta historia no hay un solo culpable ni una sola víctima: hay instituciones que extienden su acción más allá de lo estrictamente judicial, agentes culturales que se descubren expuestos a entramados criminales, y cuadros políticos que son medidos en la balanza de la seguridad internacional. Lo que Washington ha dejado claro es que dispone hoy de herramientas que hieren más rápido que las fiscalías: la lista, la sanción o la visa. Y cuando eso ocurre, la política mexicana se sacude, las carreras se quiebran y el ruido —la reputación— queda para siempre.

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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