La Importancia del Control Local en Bacalar: un Modelo de Desarrollo sin Imposición de Sobrerregulación Ambiental

Miguel Ángel Fernández/CAMBIO 22

BACALAR, 12 de octubre. – La Laguna de Bacalar, uno de los ecosistemas más importantes del sur de México ha sido asechado por un grupo de pseudoecologistas, junto a empresarios y políticos, que han mantenido la idea de declarar el sistema lagunar como Área Natural Protegida (ANP) o convertirlo en un sitio RAMSAR, alegando la necesidad de conservar este recurso natural.

Sin embargo, la propuesta ha sido rechazada y duramente criticada por ejidatarios, propietarios y empresarios de la zona, quienes advierten que esta iniciativa podría resultar en despojos y limitaciones económicas para los habitantes locales.

El objetivo principal de estos grupos, según los opositores, sería acceder a financiamientos internacionales que les permitirían administrar y regular el área, cobrando incluso por el acceso a la laguna. De acuerdo con los denunciantes, este tipo de iniciativas ha sido intentado desde 2017, con intentos de engaño hacia los propietarios, ejidatarios y empresarios de la región.

La bióloga e investigadora María Luisa Villarreal, con amplio conocimiento en temas de conservación, calificó este modelo como un ejemplo de “ambientalismo neoliberal”.

Según Villarreal, este enfoque impone a los actores locales un modelo colonizante en el que se considera que las comunidades no son capaces de conservar sus territorios, lo que resulta en la creación de reservas que, en lugar de proteger los recursos naturales, despojan a las poblaciones originarias de sus tierras.

Explicó que, durante muchos años, se ha intentado imponer este modelo, que no es más que una herramienta de despojo disfrazada de protección ambiental. Se basan en argumentos académicos y de grupos ambientalistas que aseguran que los locales están destruyendo el ecosistema, cuando en realidad es una forma de quitarles el control de sus territorios.

En contraposición a este modelo, Villarreal defendió el Ordenamiento Ecológico Local Comunitario Participativo (OELCP), validado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Este ordenamiento permite a las comunidades gestionar sus recursos mediante la conservación de zonas permeables, corredores ecológicos y unidades de gestión ambiental que favorecen la conectividad de los ecosistemas, garantizando a la vez el desarrollo sostenible de las comunidades locales.

Los empresarios de la región han expresado su rechazo a la creación de un ANP o sitio RAMSAR, argumentando que la sobre-regulación pondría en riesgo el desarrollo económico de la zona. Rodolfo Valle Villaseñor, empresario local, advirtió sobre los peligros de caer en manos de intereses externos.

“No queremos una sobre-regulación que frene el desarrollo de Bacalar y mucho menos que extranjeros o personas ajenas a la región se apoderen de nuestras tierras. Pedimos al gobierno que apoye un verdadero plan de conservación, con campañas permanentes de acción, pero sin ponerle un candado al desarrollo”, declaró Valle Villaseñor.

La disputa entre los defensores de un modelo de conservación participativo y quienes apoyan la creación de áreas protegidas sigue generando debate. Mientras tanto, las comunidades locales claman por un plan que equilibre el desarrollo económico con la preservación de sus recursos naturales, sin ceder el control a intereses externos.

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