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• Antonio Manrique Mac, de 73 años, fue despojado en 2019 de su tierra con tres cenotes mediante un fraude vinculado al cuñado del exgobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

 

• Un juez federal y una jueza civil de Yucatán fallaron a favor del anciano, ordenando reabrir la investigación penal y declarar nula la compraventa fraudulenta del predio.

 

 

Gabriel Hernández/ CAMBIO 22

Con engaños, amenazas y el respaldo del poder político, un anciano maya de 73 años fue despojado en 2019 de su tierra sagrada con tres cenotes en Akumal, Quintana Roo, el responsable, José María Rejón de la Guerra, cuñado del entonces gobernador Carlos Joaquín González, utilizó un entramado legal y notarial para apropiarse del predio “La Caverna”, en un caso que revela cómo la corrupción y la impunidad se entrelazan cuando el poder político protege a los suyos.

Seis años después, la justicia comienza a revertir el abuso, un juez federal y una jueza civil de Yucatán fallaron a favor del anciano, ordenando reabrir la investigación penal y declarar nula la compraventa fraudulenta que lo despojó de su patrimonio y de los cenotes que había cuidado durante décadas.

Antonio Manrique Mac trabajó décadas esta tierra y la obtuvo legalmente en 1999, incluyendo tres cenotes (La Caverna, Aluxe y Jaguar) y un río subterráneo, durante 23 años Don Antonio disfrutó y cuidó estas 37 hectáreas de selva con sus cuerpos de agua sagrados.

Originalmente, él recibió el terreno como pago por sus labores de chiclero, otorgado por la Secretaría de la Reforma Agraria.

Con el tiempo fue vendiendo partes de su tierra para subsistir, hasta conservar solo la parcela final las 37 hectáreas con los cenotes, patrimonio natural y familiar que siempre juró no vender.

El despojo en 2019: poder y engaño contra un anciano indígena

En abril de 2019, aquella última parcela le fue arrebatada a Antonio a través de un fraude orquestado por José María Rejón de la Guerra, cuñado del entonces gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

La esposa del gobernador, Gabriela Rejón de Joaquín, se había enamorado del rancho al conocer sus cenotes, y su hermano actuó para cumplir ese capricho utilizando un entramado legal fraudulento. La operadora del plan fue Cecilia Yvette Castillo Parra, quien durante 2018 se ganó la confianza de la familia y presionó para comprar el rancho con el argumento de que la primera dama “lo quería porque le gustó, estaba enamorada del predio”.

El 29 de abril de 2019, Castillo llegó al hogar de Antonio con varios hombres armados que él identificó como policías.

Bajo amenazas, lo subieron a un vehículo y lo llevaron por la fuerza a una notaría en Mérida, Yucatán, en la notaría (la No.85 de Yucatán, a cargo del notario Rodolfo Cerón Palma), le hicieron firmar documentos sin permitirle leer ni explicarle plenamente su contenido.

Antonio, de 73 años, con dificultad para el español y una lesión cerebral que afecta su memoria, no entendió que estaba vendiendo su rancho lo habían engañado haciéndole creer que firmaba un contrato de arrendamiento, cuando en realidad era una compraventa.

“No me dejaban de amenazar con que, si no firmaba, terminaría en la cárcel”, declaró después Antonio sobre ese momento.

El notario incumplió su deber de verificar la voluntad y capacidad del vendedor, pues certificó la firma pese a la evidente falta de comprensión y consentimiento de Don Antonio.

La escritura de compraventa registró un precio de 7.5 millones de pesos (aprox. 394,000 USD) por el rancho, para dar apariencia de legalidad, José María Rejón depositó parte del dinero en una nueva cuenta bancaria abierta a nombre de Antonio, cuenta que Cecilia Castillo controlaba por el desconocimiento del anciano. Con esos fondos, los defraudadores pagaron los impuestos de la operación y los honorarios del notario, y acto seguido retiraron el resto del dinero, Castillo transfirió 4.5 millones de pesos desde la cuenta de Antonio hacia una cuenta personal suya, y también expidieron cheques a nombre de Rejón.

En menos de 24 horas, el dinero “pagado” desapareció de la cuenta del señor Manrique, dejándolo sin un centavo del supuesto precio de venta, José María Rejón simuló el pago, jamás entregaron a don Antonio el valor de su tierra, a pesar de que la escritura hacía parecer lo contrario.

Tras la firma forzada, Antonio perdió la propiedad de La Caverna y sus cenotes, desde abril de 2019, el nombre de José M. Rejón apareció como dueño inscrito de las 37 hectáreas, y Don Antonio quedó sin rancho y sin dinero. Peor aún, durante el fraude sufrió coerción y abuso, su hija Concepción relata que “Mi papá nunca pactó un precio ni sabía que estaba vendiendo… Nunca habría vendido ese rancho porque era el patrimonio de sus hijos”.

Encubrimiento e impunidad: autoridades coludidas

Luego de darse cuenta del despojo, Antonio Manrique Mac buscó justicia presentando una denuncia penal.

El 31 de agosto de 2019 acudió a la Fiscalía de Tulum (FGE Quintana Roo) y acusó a José M. Rejón, Cecilia Yvett Castillo y otros involucrados por robo, fraude y despojo, sin embargo enfrentar a los poderosos resultó en indiferencia y encubrimiento por parte de las autoridades locales, durante días el anciano maya acudió a la fiscalía y permaneció sentado sin que le tomaran su denuncia, por órdenes de la entonces fiscal de Tulum Estela Noemí Labastida Rodríguez.

Finalmente lograron interponerla, abriéndose la carpeta FGE/QR/AMPTUL/08/1113/2019, pero en un lapso meteórico de apenas tres meses la Fiscalía cerró el caso sin investigar.

En noviembre de 2019, el fiscal del Ministerio Público Jeans Gaspar Chablé Yupit determinó el no ejercicio de la acción penal, es decir, decidió no proceder contra los señalados, esta resolución fue avalada por la vicefiscal Estela Labastida y por el vicefiscal general Alfonso Marcos García, a pesar de las claras evidencias de delito y de la situación vulnerable de la víctima.

La forma en que se archivó el caso violó los derechos de Don Antonio, nunca tuvo un asesor jurídico real que representara sus intereses, aunque le fue asignada de oficio una asesora de la Comisión de Víctimas (Fernanda Leo Barney), ella nunca lo contactó ni realizó diligencia alguna a su favor.

En la práctica, Antonio quedó en total indefensión jurídica, sin nadie que objetara el cierre expedito de la investigación a favor del influyente cuñado del gobernador.

Las irregularidades se acumularon, la notificación de la decisión de no ejercer acción penal ni siquiera le fue informada personalmente al agraviado; la Fiscalía la publicó en sus estrados (tablero público), por lo que Antonio se enteró meses después, gracias a que abogados privados que luego lo apoyaron revisaron el expediente. Estos abogados solicitaron una audiencia ante un juez de control para impugnar la determinación, pero el 6 de agosto de 2020, día de la audiencia, sucedió otro revés, los abogados de Antonio renunciaron sorpresivamente a representarlo, y él y su hija (quien actúa como su intérprete de maya a español) no acudieron debido a enfermedad.

Sin el asesor jurídico presente ni la asistencia del denunciante, el juez desechó la impugnación, todo ello ocurrió sin que nadie explicara claramente a Don Antonio la importancia de comparecer ese día, considerando su edad y discapacidad.

Paralelamente, en vez de castigar a los perpetradores, el aparato de justicia intentó invertir los papeles, José M. Rejón de la Guerra denunció penalmente a Antonio en abril de 2020, acusándolo de supuestas “denuncia falsa” y “falso testimonio” por haberlo inculpado, es decir el victimario buscó que el anciano despojado fuera tratado como delincuente, en una maniobra para intimidar y frenar su búsqueda de justicia.

La lucha legal: del amparo federal a la nulidad de la compraventa

Frente a la impunidad local, la familia de Antonio y su abogada, Fabiola Cortés Miranda, persistieron durante años en la vía jurídica.

En octubre de 2020 Fabiola tomó el caso y promovió un juicio de amparo ante un juez federal, argumentando que la Fiscalía de Quintana Roo violó el debido proceso y el derecho a la justicia de Don Antonio al cerrar la investigación de manera irregular.

En diciembre de 2021, el Juzgado Tercero de Distrito en Cancún falló a favor de Antonio otorgándole un amparo que ordenaba reponer el procedimiento.

El juez federal concluyó que se había violado el debido proceso porque Antonio no fue notificado personalmente de la audiencia clave de agosto 2020 ni se le explicó la trascendencia de su inasistencia, máxime siendo un adulto mayor con discapacidad y barrera del idioma, por ello el amparo instruyó a que un juez de control realizara una nueva audiencia, con Antonio debidamente asistido por sus abogados, para reconsiderar la decisión de no ejercer acción penal.

Esta sentencia de amparo (expediente 784/2020) representa un paso crucial, pues abrió la puerta a reabrir la investigación penal contra José M. Rejón y cómplices.

José M. Rejón, en su calidad de tercero interesado, intentó frenar este revés legal, interpuso un recurso de revisión contra la sentencia de amparo, prolongando la batalla en tribunales federales.

Finalmente, después de varios meses, el Tercer Tribunal Colegiado del circuito resolvió en agosto de 2025 confirmar el amparo a favor de Antonio.

Con ello quedó firme la orden, se revoca el “no ejercicio” dictado por la Fiscalía en 2019 y se reabre la carpeta de investigación FGE/QR/AMPTUL/08/2019, ahora por mandato judicial, un juez local deberá convocar audiencia y reexaminar el caso, esta vez garantizando que Antonio Manrique tenga asesoría jurídica y voz en el proceso, algo que le fue negado originalmente, esto abre la posibilidad real de un proceso penal contra José María Rejón de la Guerra y todos los involucrados en el despojo.

En paralelo al frente penal, los defensores de Antonio emprendieron una acción en la vía civil para recuperar el patrimonio perdido, en un juicio civil ordinario iniciado en 2021 (expediente 509/2021), se solicitó la nulidad de la compraventa fraudulenta del rancho La Caverna.

Tras un largo proceso, en julio de 2025 llegó la victoria, la Jueza del Juzgado Primero Civil de Mérida, Yucatán dictó sentencia declarando nula la escritura pública número 45 del 25 de abril de 2019, mediante la cual Rejón de la Guerra se había apoderado del rancho. La resolución reconoce que aquel contrato de venta fue ilegal, pues Antonio nunca consintió realmente en vender su propiedad. En consecuencia, la propiedad debe volver jurídicamente a su legítimo dueño.

Explicación detallada del fragmento subrayado

1. “Debe declararse la procedencia de la acción intentada en contra de José María Rejón de la Guerra…”
   Esto significa que el juez reconoce que la demanda presentada por Antonio Manrique Mac es válida y tiene fundamento legal. Es decir, el tribunal considera que efectivamente existió una acción indebida (fraudulenta o irregular) por parte de José María Rejón de la Guerra, y por lo tanto procede la nulidad del acto jurídico impugnado.

2. “Declárese la nulidad del acta número cuarenta y siete, de fecha veinticinco de abril de dos mil diecinueve…”
   Aquí el juez anula oficialmente la escritura o acta notarial número 47, que fue firmada el 25 de abril de 2019. Esa acta fue el documento mediante el cual José María Rejón de la Guerra se adjudicó el terreno conocido como “La Caverna”, propiedad original de Antonio Manrique Mac.
   La nulidad implica que ese contrato de compraventa nunca tuvo validez legal, y por lo tanto, el terreno vuelve a ser propiedad del señor Manrique Mac.

3. “Otorgada ante la fe del Maestro en Derecho Rodolfo Cerón Palma, Notario Público número 85 del Estado…”
   El juez también deja constancia de quién fue el notario que participó en la compraventa anulada. Esto se incluye porque la nulidad también puede tener implicaciones administrativas o penales si se demuestra que hubo omisiones o irregularidades en la notaría.

4. “Celebrada por Antonio Manrique Mac, a favor de José María Rejón de la Guerra, respecto del lote denominado La Caverna, en Akumal…”
   Este fragmento identifica el acto específico que se está anulando: la supuesta compraventa del lote “La Caverna”, de 37 hectáreas con tres cenotes, ubicada en Akumal.

Este triunfo en la justicia civil representa la reivindicación del derecho del anciano maya sobre su tierra.

No obstante, la batalla legal aún no termina, los derrotados buscan retrasar la justicia, José M. Rejón apeló la sentencia de nulidad, aferrándose a la ficción de que la compraventa fue legítima.

El caso civil pasará a un tribunal de segunda instancia donde se revisará el fallo, la familia de Antonio y sus abogados deberán continuar su defensa para que se confirme la nulidad y quede protegido el patrimonio. Igualmente, en la vía penal, una vez reabierta la investigación, se deberán presentar pruebas y posiblemente lograr la imputación formal de Rejón, Castillo y demás responsables, para luego encauzar un juicio penal donde se les finquen responsabilidades por fraude, despojo, abuso de incapaz y otros delitos que correspondan.

Un caso emblemático: justicia para los pueblos originarios

El calvario y la posterior victoria de Don Antonio Manrique Mac se han convertido en un emblema de justicia para los pueblos originarios de México.

Este anciano maya, vulnerable por su condición económica, lingüística y de salud, enfrentó el atropello de personas poderosas vinculadas a la élite política, le quitaron su tierra sagrada con engaños y violencia, aprovechándose de su origen indígena y discapacidad para intentar salir impunes.

Durante años, las instituciones locales le dieron la espalda, negándole protección y acceso a la justicia básica, sin embargo gracias a la perseverancia de su familia y al acompañamiento legal de activistas comprometidos, logró revertir la situación.

“La historia da un giro de 180 grados”, afirmó su abogada al conocer los fallos favorables recientes. Ahora, por fin, tanto el patrimonio como la dignidad de un hombre maya están siendo reivindicados por la vía legal.

Este caso expone cómo la corrupción e impunidad permiten el despojo de tierras de comunidades originarias, pero también demuestra que la justicia puede alcanzarse cuando se lucha con tenacidad.

Organizaciones ciudadanas como Somos Tus Ojos, encabezada por Fabiola Cortés, jugaron un rol clave en visibilizar el caso e impulsar acciones legales hasta las últimas instancias.

Cabe recordar que en diciembre de 2020 la propia Fabiola, en conferencia mañanera del presidente de la República, denunció públicamente el fraude cometido contra Antonio.

En respuesta, el entonces gobernador Carlos Joaquín desacreditó la acusación alegando que ni él ni su esposa tenían parte en la compraventa, e incluso amenazó con acciones legales contra la denunciante, no emprendió tales acciones, pero desató una campaña de persecución mediática y judicial contra la abogada-periodista que destapó la verdad.

Pese a esas presiones que incluyeron acusaciones fabricadas contra la propia Fabiola Cortés por supuestos despojos inexistentes ella y la familia Manrique no se doblegaron.

Hoy, el caso de La Caverna es símbolo de resistencia y esperanza para los pueblos originarios que enfrentan abusos de poder, representa un precedente de que ningún cacicazgo está por encima de la ley y que la verdad, con el tiempo y la acción legal, puede prevalecer incluso contra personajes influyentes.

Con las recientes resoluciones, se abre una nueva etapa, la expectativa es que las autoridades actuales actúen con rectitud y sin encubrimientos, ya no están en el poder quienes protagonizaron el despojo Carlos Joaquín dejó la gubernatura en 2022 y actualmente funge como embajador de México en Canadá, y el Fiscal General de Quintana Roo de aquel entonces (Óscar Montes de Oca) ya no domina la institución.

Ahora el estado tiene una nueva administración bajo la gobernadora Mara Lezama, a ella la familia de Antonio y sus defensores le piden garantizar el Estado de derecho y no tolerar presiones políticas en el caso.

Igualmente, hacen un llamado al actual Fiscal estatal Raciel López Salazar (designado en 2023) para que no meta las manos protegiendo a funcionarios o exfuncionarios involucrados; por el contrario, que permita que la investigación penal se lleve a cabo de manera imparcial y se proceda conforme a la ley contra todos los responsables, incluidos los exfiscales Chablé Yupit y Labastida Rodríguez que fueron denunciados por su papel en esta colusión.

A nivel federal, los activistas dirigen su petición a la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le recuerdan que este caso fue expuesto en su momento ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin que la intervención presidencial fuese lo que resolviera el problema. Lo que finalmente ha traído justicia fueron los tribunales y la tenacidad de la familia afectada. Por ello instan a las autoridades federales a no brindar impunidad al exgobernador Carlos Joaquín ni a sus familiares.

“¿Hasta dónde protegerá Morena, la gobernadora Mara Lezama y la presidenta Claudia Sheinbaum a Carlos Joaquín González, quien pasó de ser un cacique a ser amigo del exmandatario López Obrador?”, cuestionó Fabiola Cortés, subrayando la preocupación de que las conexiones políticas no vayan a truncar este avance legal, la sociedad espera que “los tiempos hayan cambiado” de verdad y que en la Cuarta Transformación no haya espacio para encubrir abusos contra los más vulnerables.

En conclusión, la historia de Antonio Manrique Mac y el rancho La Caverna es un triunfo de la verdad sobre el poder, es la reivindicación de un miembro de los pueblos originarios frente a la injusticia y la corrupción.

Queda por delante vigilar que se ejecute plenamente la sentencia civil que le devuelve su tierra y que la causa penal logre sancionar a quienes lo despojaron, solo así se consumará la justicia que este anciano maya y su familia merecen, enviando un mensaje contundente de que ningún delito quedará impune, ya sea cometido por políticos encumbrados o por cualquier persona, cuando la razón y la ley están del lado del pueblo.

 

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

Foto: Telemundo y Periodista Fabiola Cortés

cambio22digitalcun@gmail.com

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