Fiscalía Anticorrupción de Campeche Aún No Recibe Notificación de Cámara de Diputados por Desafuero de “Alito” Moreno

Juan Daniel Ehuán/CAMBIO 22

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, 7 de noviembre.- Al señalar que la carpeta de investigación integrada contra del exgobernador de Campeche y hoy senador priísta de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche (FECCECAM), Loreto Verdejo Villacís Rosado, afirmó que no han recibido alguna notificación de la Cámara de Diputados federales ante el proceso de “desafuero” del político tricolor promovido desde hace dos años.

“Hicimos de manera clara y contundente el 17 de agosto del 2022 una solicitud de juicio de procedencia para retirar a esta persona, la mal llamada fuero que en realidad es una nulidad procesal e insisto no hemos recibido ninguna indicación”, refirió Villacís Rosado.

El fiscal Anticcorrupción aclaró que desde que emitieron la solicitud a la Cámara de Diputados federal, los legisladores federales turnaron a la “Sección Instructora” para su análisis y a la fecha no han remitido alguna respuesta.

 “Estamos en espera para llevar a cabo a cabo el procedimiento, el cual se tiene que llevar con todas las formalidades que establece el mismo como lo puede ser la etapa de contestación, de denuncia, de aportación de pruebas, alegatos y sentencia”.

Villacís Rosado afirmó que se encuentran listos para recibir la notificación y en su momento realizar las diligencias correspondientes para continuar con el procedimiento penal y llegar ante el juez de Control.

Al ser cuestionado por los delitos por los que se inició la carpeta de investigación, Villacís Rosado, afirmó que son ilícitos contemplados en el título de “hechos de corrupción y entre ellos el de enriquecimiento ilícito”.

Este jueves la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados estará informando sobre la integración de la Sección Instructora, la cual estará encargada de decidir si procede o no el retiro de la inmunidad constitucional de funcionarios y legisladores señalados de la comisión de ilícitos.

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