• Se organizan para protestar en el marco del próximo informe de la gobernadora del estado

 

  •  Las medidas de represión por sus denuncias no se han hecho esperar, con traslados de asignación bajo acusación de “agitación interna”

 

Ricardo Jesús Rivas/ CAMBIO 22

CHETUMAL, 30 de julio. – La crisis al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo detonó un movimiento de familiares de los elementos operativos que se organizan para marchar durante el próximo informe de gobierno de la mandataria estatal, Mara Lezama. La protesta busca visibilizar las condiciones que, según denuncias internas, rayan en lo inhumano, jornadas extenuantes, nula atención a derechos laborales y una política de represión impuesta por mandos navales que tomaron el control de la corporación.

Las quejas apuntan directamente al capitán de navío Fernando Viveros Hernández, subsecretario de Seguridad en la zona sur, y al secretario Julio César Gómez Torres. Bajo su gestión, el modelo de trabajo policial se ha transformado en un esquema cuartelario, donde el personal de 24 horas solo recibe dos horas diarias para aseo y alimentos. Aquellos que expresan inconformidad o piden pausas son castigados con arresto inmediato, configurando un clima de miedo y silenciamiento institucional.

El malestar llegó a un punto crítico, familiares de policías preventivos convocan una movilización pacífica el día del informe de gobierno para exponer directamente a la gobernadora lo que describen como abuso sistemático. La intención es romper el cerco de intimidación que pesa sobre los agentes, ya que serán las esposas, hijos, madres y hermanos quienes se manifiesten en su nombre para evitar represalias directas contra los policías.

Las medidas de represión no se han hecho esperar. Según testimonios, varios agentes identificados como inconformes fueron trasladados forzosamente a la zona norte a partir del 1 de agosto, bajo el argumento de “agitación interna”. Este movimiento, lejos de desactivar el malestar, encendió la indignación de las familias, que lo interpretan como una táctica de dispersión para minimizar el impacto de la protesta programada.

La inminente marcha durante el informe de Mara Lezama coloca a su administración en un escenario incómodo, mientras el discurso oficial presume avances en seguridad, la realidad denunciada desde dentro expone un modelo agotado y militarizado que desgasta derechos y moral institucional.

El silencio terminó. La marcha será el recordatorio de que la dignidad no se arranca con amenazas ni con traslados. La policía merece ser tratada con justicia, no con castigos ni desprecio. Si el gobierno no escucha hoy, tendrá que hacerlo cuando el pueblo esté frente a él, exigiendo respeto para quienes realmente trabajan por la seguridad de todos.

 

 

 

redaccion@diariocambio22.mx

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