Redacción/CAMBIO 22

El grupo de medios de comunicación que encabeza el periódico inglés The Guardian, ha dado a conocer una serie de correos extraídos de los Guacamayaleaks en dónde se plasma como se imponen los cuerpos castrenses para designar a sus miembros y hacerse de las secretarías de seguridad pública estatales.

Y uno de los principales ejemplos es el de Quintana Roo, en donde la gobernadora que recientemente asumió el cargo horas después de haber nombrado al titular en la secretaría de Seguridad Pública Estatal, fue obligada a destituirlo para darle paso a un Contraalmirante.

Comunicaciones internas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) muestran cómo esta dependencia participa en la designación de militares como secretarios de Seguridad Pública en algunos estados, una situación que expertos en la materia consideran grave porque puede representar una injerencia del Ejército en la autonomía de los gobiernos locales.

Y a todo ello se ha comprobado que desde el 2006  que se ha utilizado a las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia organizada  las cifras delictivas se mantienen en 30 mil homicidios anuales desde el 2018, de acuerdo con las estadísticas gubernamentales, por lo que en nada representan de efectividad en su participación.

En cambio, les toca manejar cuantiosos presupuestos que al término de su gestión nadie explica para qué y en qué fueron asignados, creando un problema de opacidad en manejo de recursos públicos pero además el índice de criminalidad no deja de incrementarse.

En los últimos años la Sedena ha influido en la designación de militares para las secretarías de seguridad de Sinaloa y San Luis Potosí, según documentos internos de esa institución que fueron filtrados por el grupo de hackers autodenominado Guacamaya.

Fermín Hernández Montealegre, General de Brigada y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, envió una carta a Salvador Cienfuegos, cuando estaba al frente de la Sedena, para pedir su permiso de que el Teniente Coronel Cristóbal Castañeda Camarillo lo sustituyera al frente de esa dependencia estatal.

La carta enviada a Cienfuegos tiene fecha del 22 de noviembre de 2018, a solo una semana de que concluyera el gobierno de Enrique Peña Nieto. En el documento Hernández Montealegre explica que Quirino Ordaz, exgobernador de Sinaloa, le pidió dar continuidad a la estrategia de seguridad que incluía tener a un militar en la Secretaría de Seguridad local. Ante esta petición, el general recomienda el nombramiento de Castañeda Camarillo, quien en ese entonces fungía como subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.

“Ante la próxima salida del suscrito como Secretario de Seguridad Pública, el C. Gobernador del Estado, solicita a esa superioridad se le continúe apoyando con el personal militar que actualmente integra el ‘Grupo Sinaloa’ y se le planteó la posibilidad de que previa autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, el C. Tte. Cor. Inf. D.E.M. Cristóbal Castañeda Camarillo, actual Subsecretario de Seguridad Pública y Reinserción Social, ocupe la titularidad de la citada dependencia en lugar del suscrito, aceptando con beneplácito dicha propuesta, por lo que, para formalizarla solicita una entrevista telefónica con esa superioridad”, señala la carta enviada a Cienfuegos.

Actualmente Cristóbal Castañeda Camarillo sigue siendo el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. Su designación al frente de esa dependencia se dio el 5 de diciembre de 2018, un par de semanas después de la carta que fue enviada a Cienfuegos. Después, el 19 de octubre de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su conferencia de prensa que recomendó al nuevo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, que Castañeda Camarillo continuara en el cargo porque tenía el respaldo de la Sedena y la Secretaría de Marina.

Sinaloa es uno de los 13 estados que tienen a un integrante de las Fuerzas Armadas como titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Baja California, Baja California Sur, Colima, Guerrero, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas son las otras entidades federativas donde hay un militar o un marino al frente de las policías locales y coincide que, salvo San Luis Potosí, son gobernadas por personadas emanadas de Morena.

Entre todos estos estados también destaca el caso de Baja California Sur. El 25 de mayo de 2022 fue designado al frente de esta dependencia Luis Alfredo Cancino Vicente, capitán de navío de la Secretaría de Marina, en sustitución de Javier López García, otro capitán de navío. En un comunicado de prensa el gobierno de ese estado anunció que “este relevo se da como parte de la rotación que tiene ya establecida la Secretaría de Marina Armada de México en el acuerdo de seguridad y paz en todo el país, con lo cual está de acuerdo la administración estatal”.

En San Luis Potosí personal del Ejército tuvo una reunión con Ricardo Gallardo Cardona el 21 de agosto de 2021, un mes antes de que asumiera como gobernador de ese estado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Un informe interno de la Sedena indica que en ese encuentro la autoridad local pidió que se designara a Guzmar Ángel González como titular de la Secretaría de Seguridad, quien en ese entonces era director de la Academia Superior de la Guardia Nacional en el estado.

En ese encuentro con Gallardo Cardona también se acordó que en cuanto tomara posesión se haría uso de la policía local para crear una Guardia Civil con entrenamiento militar, además de que el gobierno de San Luis Potosí se hará cargo de las indemnizaciones por integrantes del Ejército y la Guardia Nacional que fallezcan en el combate de la delincuencia organizada. Las autoridades locales también entregarán los predios necesarios para construir cuarteles, según lo pactado en dicha reunión.

Riesgo de injerencias

Especialistas en temas de seguridad consultados para este trabajo consideraron grave que militares se hagan cargo de las secretarías de seguridad pública y que los altos mandos del Ejército participen en la designación de los responsables de esas dependencias.

Bernardo León Olea, experto en temas de seguridad y formación policial, considera que el hecho de que militares asuman la titularidad de las secretarías de seguridad no es malo en sí mismo, sino que lo negativo es la política que los integrantes del Ejército puedan aplicar para combatir la delincuencia organizada.

“Militares y civiles somos ciudadanos mexicanos y tenemos derecho, si es que esa es tu vocación, a dirigir una policía, pero lo que ahorita está en cuestión es si esa política de militarizar es una política que va a tener resultados positivos en términos de pacificar al país, que haya seguridad y justicia, y la respuesta sin duda alguna con los datos que tenemos a la mano es no, eso no va a funcionar”, comenta Olea. “No es tanto quién está ahí, sino cuál es la política pública para resolver la criminalidad”.

El experto cuestiona que actualmente hay una “idea equivocada” de que el Ejército está en una guerra con los cárteles de la droga, lo cual implica que los integrantes de la Sedena apliquen una política de seguridad violenta.

Sobre la participación del Ejército en la designación de los titulares de la secretaría de seguridad, Olea comenta “ese ejercicio es muy nuevo y está muy mal. Hubo un caso recientemente ahí en Quintana Roo, nombraron para la Secretaría de Seguridad a un civil, Manelich Castilla, que fue comisionado general de la Policía Federal, y duró unos pocos días porque el Ejército lo vetó y entonces nombró a un militar, eso ya es una injerencia”.

Alejandro Vázquez, investigador de Causa en Común, coincide en que la designación de militares al frente de las secretarías de seguridad abre la puerta a que haya injerencias del Ejército en las administraciones estatales que son independientes del gobierno federal.

“El gobernador es libre de nombrar a sus secretarios, en ese sentido no sé si sea una ilegalidad designar militares, pero sí existen riesgos porque el mando militar tiene una estructura que responde a sus propios mandos, por lo que podrían caer en obedecer a un ‘doble mando’ (el del gobernador y el del Ejército)”, expresa Vázquez.

Contrario a la designación de militares en las dependencias de seguridad estatales, Vázquez considera que la apuesta de las autoridades locales deben apostar al fortalecimiento de las policías civiles, ya que desde el 2006 se ha utilizado a las Fuerzas Armadas para combatir a la delincuencia organizada y hasta ahora las cifras delictivas se mantienen en 30 mil homicidios anuales desde el 2018, de acuerdo con las estadísticas gubernamentales.

 

Con Datos de La Lista

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