El Poder Judicial de la Federación Pierde Pruebas de Comunidades de Campeche, Yucatán y Quintana Roo que se Oponen al Tren Maya

**Mientras la construcción de la infraestructura del Tren Maya continúa, las comunidades que recurrieron al amparo de la justicia federal desde hace dos años se van quedando en estado de indefensión.

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

Los asuntos que se generan en torno al Tren Maya que se está construyendo por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo no solo alimentan la polémica entre las razones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sus opositores, expertos, activistas del derecho ambiental y personalidades del mundo del espectáculo y del arte que apoyan a quienes cuestionan los impactos negativos por esta obra de infraestructura ferroviaria, sino también deja en evidencia que la división de poderes en México sigue siendo una falacia, porque tanto el poder Judicial como el Legislativo, responden a las indicaciones del Ejecutivo.

Lo anterior está siendo demostrado por comunidades de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, las cuales presentaron una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal por conductas en contra de la función jurisdiccional.

El presidente de la República tiene sus razones para hacer del Tren Maya su obra insignia para reactivar el transporte ferroviario en el país, las razones que lo mueven para detonar la economía de la región son válidas en una economía neoliberal, con la cual dice no está de acuerdo, pero también las comunidades indígenas, las personas expertas, las activistas por un ambiente sano, así como las personalidades que las apoyan tienen razón al argumentar que una obra, por más beneficios económicos que genere a la zona, no puede estar por encima de la preservación de recursos naturales como son los que se están afectando con el trazo del Tren Maya.

Lo que sucede en los cinco estados por donde se construye esta obra no se puede resumir a blanco y negro, a la postura oficial y la de sus opositores; quienes se oponen no solo son los llamados conservadores, ni los del PAN, PRI y PRD, sino muchos expertos y activistas que durante décadas han dado batallas por el medio ambiente a lo largo y ancho del país y si el presidente de la República no sabe de su existencia es porque él solo pensaba en llegar a la Presidencia de la República y no a las otras luchas políticas y derechohumanistas que otras personas que también quieren a México estaban desarrollando.

México es un país con múltiples matices, por lo que no podemos leer su desarrollo social, económico y político desde una sola perspectiva; tener como principio de gobierno el dicho: quien no está conmigo está contra mí, es autoritarismo, lo cual le hace mucho daño a México; lo que sucede en México no solo es producto de lo que quieren y dicen quienes integran la clase política, porque la nación somos todas y todos quienes la construimos con nuestro esfuerzo y aportaciones.

Por ello es de vital importancia saber que es lo que sucede en torno al Tren Maya, más allá de las descalificaciones de quienes se oponen a la obra o de las acusaciones superficiales de quienes desconocen lo que sucede en la región y que solo quieren subirse al tren, sin conocer la realidad del deterioro medioambiental que se inició desde hace varias décadas, cuando se priorizó una estrategia económica para impulsar la actividad turística, sin tomar en cuenta la preservación a largo plazo de los recursos naturales y culturales de la zona.

Un tema que debe formar parte de la agenda nacional es el hecho que el pasado 30 de marzo se presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal -órgano que vigila la disciplina y conductas de las personas funcionarias del Poder Judicial y cuyo presidente es el Ministro Arturo Zaldívar- en contra de quienes resulten responsables por la omisión de impartir justicia pronta y expedita a las personas habitantes de comunidades de varios municipios de Quintana Roo, Campeche y Yucatán, quienes han presentado una demanda en contra del denominado “Tren Maya”, pues han paralizado completamente el proceso judicial en contra de este proyecto.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) dio a conocer que las conductas en que ha incurrido el poder judicial han perjudicado el acceso a la justicia, la función jurisdiccional y los principios de profesionalismo, objetividad e imparcialidad que rigen el servicio público.

Desde el 21 de julio del 2020 se presentó la demanda en contra de las obras del “Tren Maya”, interpuesta por personas indígenas, comunidades y afectados de los estados mencionados, así como de organizaciones de la sociedad civil, sin que hasta el momento el Juzgado Primero de Distrito del estado de Yucatán la haya admitido.

Los Juzgados de Distrito han violado la expedición de justicia pronta, expedita y en un plazo razonable en términos de la legislación nacional y el Derecho Internacional[1], al no haber ni siquiera admitido la demanda para su análisis a casi dos años de que se presentó, lo cual excede por mucho un plazo razonable.

Sumado a lo anterior, y después de un largo desfile por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, el Juzgado Primero de Distrito en Campeche y el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán, este último se ha declarado competente para analizar los argumentos planteados en la demanda; sin embargo, ha señalado que el expediente físico y digital están incompletos.

El CEMDA, argumenta que, en un hecho inexplicable, diversas pruebas que forman parte del expediente de la demanda han desaparecido y, si bien las y los juzgadores tienen la facultad de ordenar la reposición del expediente de un juicio cuando algunos elementos o partes hayan desaparecido[2], hasta el momento, el Juzgado Primero de Distrito en Yucatán se ha negado a hacerlo, pese a que sus homónimos han informado que no tienen en su posesión las partes del expediente “extraviadas” o “no localizadas” y que ha sido solicitado por la parte quejosa.

Esta falta de actuación del Juzgado Primero ha paralizado totalmente la impartición de justicia y ha hecho del juicio de amparo un mecanismo inefectivo para proteger los derechos humanos de las personas.

El proyecto denominado “Tren Maya”, consiste en la construcción de infraestructura ferroviaria de aproximadamente 1,500 kilómetros en los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas[3], atravesando por selvas y cenotes, tierras ejidales y ancestrales de comunidades indígenas.

Debido a diversas violaciones a sus derechos humanos, así como a la legislación ambiental vigente, las comunidades de Campeche, Quintana Roo y Yucatán recurrieron a la vía institucional para solicitar la protección de la justicia, recuerda la referida organización civil especializada en litigio estratégico en casos de Derecho Ambiental.

Agrega, que en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el debido proceso es exigible a los juzgados que diriman los conflictos sobre los derechos de las personas mediante un procedimiento que otorgue a las partes una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus argumentos[4]. En el presente caso, la paralización total del juicio de amparo no ha observado los principios de prontitud, completitud, imparcialidad y efectividad que deben regir la actividad judicial.

Por lo anterior, y a sabiendas de que esta situación ya es del conocimiento del presidente de la Suprema Corte, se hace un llamado al Consejo de la Judicatura a atender las preocupantes irregularidades que han ocurrido en este proceso judicial y a garantizar el derecho a la justicia pronta y expedita de las personas demandantes, advierte el CEMDA.

Mientras las obras del Tren Maya continúan, las comunidades que alegan sus derechos en los tribunales federales, se están quedando en estado de indefensión, porque la justicia se ha detenido, una vez más, en su perjuicio, mientras la construcción del tren avanza sobre sus tierras, aguas, selvas y vestigios arqueológicos,

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