>Se les señala de operar una organización criminal que utilizaba un esquema financiero con la finalidad de obtener recursos ilícito a través de empresas dedicadas al outsourcing y operaciones jurídicas inexistentes”

 

Redacción/CAMBIO 22

José Manuel Campos Campos fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) en Mérida Yucatán, por su presunta complicidad en las operaciones de Raúl Beyruti Sánchez, mejor conocido como el “Rey del outsourcing”.

Los delitos de los que se le acusa son operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), Campos es la tercera persona vinculada a proceso en este caso, las otras dos son Luz María “N” y Marco Antonio “M”, que fueron aprehendidos y vinculados en mayo de 2022.

Cabe recordar que Beyruti fue acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, esto luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia en la cual, según la FGR:

“Se señala a una organización criminal que utilizaba un esquema financiero con la finalidad de obtener recursos ilícitos a través de empresas dedicadas al outsourcing y operaciones jurídicas inexistentes”.

Derivado de esta denuncia, en febrero de 2021 la FGR giró una orden de aprehensión en contra del “Rey de outsourcing”, prófugo de la justicia, que era presidente de GIN group, una compañía dedicada a la subcontratación de personal.

La orden de aprehensión indica que el “rey del outsourcing” recibió el dinero de cinco empresas, de las cuales cuatro son ‘factureras’.

A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal giró una orden de aprehensión contra Raúl Beyruti Sánchez, quien es fundador y presidente de GINgroup y es conocido como el “rey del outsourcing“. Se le acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada.

El “rey del outsourcing” recibió 4.3 mdp de ‘factureras’

De acuerdo con información publicada por Reforma el año pasado,, la orden de aprehensión indica que entre 2014 y 2017, Beyruti Sánchez recibió en una cuenta bancaria 4 millones 335 mil 705 pesos provenientes de cinco empresas:

Pioneros en Administración S.A. de C.V.

Grupo de Negocios Autogestión en Soluciones S.A. de C.V.

Tikhvin S.A. de C.V.

Manejo Gráfico del Sur S.A. de C.V.

Glabal Crecimiento en Cuentas S. de R.L. de C.V.

Las cinco empresas fueron constituidas entre el 2008 y el 2015 en San Luis Potosí, Cancún, Isla Mujeres y la Ciudad de México. Pero cuatro de las empresas mencionadas son “factureras”.

De acuerdo con el mandamiento judicial librado el pasado 12 de febrero del 2021, por Daniel Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, existen indicios de que esos pagos fueron una simulación.

Características de las empresas ‘factureras’

Entre otras cosas, como características de las empresas que entregaron dinero al “rey del outsourcing”,  el juez señaló lo siguiente:

Cuatro de las empresas mencionadas cuentan con registro patronal, pero los empleados registrados fueron dados de baja en su totalidad.

En cuanto a lo material, puede observarse de los informes de investigación criminal que al menos los domicilios de dichas personas morales no fueron localizados o conocidos por los vecinos de esos lugares, por lo que al no existir un lugar en el que puedan operar de acuerdo a su actividad, es incuestionable que materialmente no cumplen con su objeto.

Cuatro fueron declaradas definitivamente como Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) por la autoridad hacendaria. Es decir, los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) que expidieron respaldan actividades, actos de comercio y servicios inexistentes. Así que las operaciones amparadas en los CFDI que emitieron no se realizaron, lo que otorga, al menos indiciariamente, el origen ilícito de esos recursos.

El juez es el mismo del caso Telra-Infonavit

El juez Ramírez Peña es el mismo que en diciembre pasado ordenó las aprehensiones de los hermanos Teófilo y Rafael Zaga Tawil, directivos de Telra Realty, y de Elías Zaga Hanono, hijo de este último.

Las órdenes de aprehensión fueron por delincuencia organizada y lavado de 5 mil 88 millones de pesos, derivado del caso Telra-Infonavit, el segundo caso de fraude fiscal más grande presentado ante la Fiscalía en 25 años.

También se busca a las personas que constituyeron las empresas

El diario Reforma en ese entonces publicó  que además de Beyruti, el juez también ordenó las capturas de las nueve personas que constituyeron las citadas empresas. Sus nombres son los siguientes:

Heriberto Sánchez López.

José Manuel Campos Campos (Detenido)

Héctor Alberto Lezama Argáez.

Jorge Leonardo Muñoz Vizcaíno.

Luz María Salas Solano.

Jorge Francisco García Reyes.

Manuel Alejandro Zepeda Álvarez.

Benito Pérez López.

Marco Antonio Medina Moreno.

La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) también solicitó la orden de aprehensión contra José Isabel Vargas López. Pero antes de que el juez de control resolviera, los fiscales federales se desistieron de la solicitud de captura.

Sólo una de las empresas desvirtuó legalmente ser una “facturera”

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su lista de EFOS a las cinco razones sociales que le hicieron los depósitos al presidente de GINGroup.

Según la imputación, todas ellas emplearon comprobantes fiscales para respaldar actividades inexistentes, actos de comercio y servicios que nunca se prestaron.

Pero el 17 de octubre de 2019, una de ellas, la empresa Global Crecimiento en Cuentas S. de R.L. de C.V., desvirtuó legalmente ser una “facturera”, pero el juez consideró que esto no implicaba necesariamente que no lo fuera.

Según los antecedentes, esta investigación de la SEIDO inició desde el sexenio pasado, pues la carpeta de investigación tiene su origen en una denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el 30 de octubre de 2017.

Esta orden de aprehensión contempla un delito con prisión preventiva de oficio, la delincuencia organizada, lo que significa que cualquiera que sea detenido y procesado estará preso en el Penal del Altiplano.

 

con Información de Reforma y El Contribuyente
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