Despojos y Fraudes Inmobiliarios Resaltan la Corrupción en Quintana Roo

Olivia Vázquez/ CAMBIO 22

CANCÚN, Q. ROO, 30 de julio.- Despojos y ventas fraudulentas inmobiliarias, se ha convertido en una práctica cotidiana en Quintana Roo y Yucatán, donde el cartel inmobiliario ha encontrado toda la apertura y condición para instalarse por el alto nivel de corrupción que prevalece en el destino y que ha sido señalado incluso por el mismo mandatario Federal Andrés Manuel López Obrador, quien ha reconocido será un tema que quedará pendiente en esta administración.

Este nivel de corrupción que se enfrenta en el sector inmobiliario se refleja también recientemente con las declaraciones hechas por el mismo Fiscal General Raciel López, quien ha asegurado que todas las denuncias y todas las quejas se persiguen”, y en ello ha reconocido que en la presente administración se ha realizado una importante depuración del personal, siendo que, hasta el momento, por lo menos 258 servidores públicos han sido dados de baja de esta dependencia, que refiere la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, mientras que otros 515 han sido rotados a diferentes áreas laborales.

Así lo comentó ante el caso y denuncia más reciente presentada por el Grupo Constructor de la Ribera SA de CV, propietario de 16 lotes en Bahía Petempich, Puerto Morelos, quien puso en el ojo del huracán a la misma Fiscalia Especializada en Delitos Patrimoniales al denunciar corrupción pues en octubre de 2023, el grupo interpuso una denuncia por falsificación de documentos, fraude procesal y asociación delictuosa contra Inmobiliaria JRB SA, pero la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales emitió irregularmente la no acción penal y entregó ilegalmente por órdenes del vicefiscal Carlos Montesinos los terrenos a la parte demandada, según reza la versión que hoy se difunde en todos los medios y aunque el mismo fiscal general Raciel López ha asegurado que “todas las denuncias y todas las quejas se persiguen” este caso no ha terminado y desde octubre de 2023, cuando el grupo Constructor de la Ribera” interpuso una denuncia en contra de Inmobiliaria JRB S.A.

y otros, sigue sin resolverse la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales ordenó la restitución de los lotes de alto valor comercial al demandado, posteriormente, estos hechos fueron dejados sin efectos por un Juez de Distrito, debido a que resolvió en junio del presente año “no se realizó la investigación de manera correcta y se avoque a la investigación de los delitos denunciados por la querellante, de igual manera se advierte que no se tienen los elementos suficientes para resolver sobre la restitución del bien inmueble solicitado, ya que se requiere que las autoridades resuelvan sobre dichos, ya que no se encuentra debidamente integrada la carpeta de investigación y aún no cuenta con la resolución del ministerio público”. 

De tal manera, que hasta el momento no ha sido restituidos a los legítimos propietarios los terrenos, por lo cual, en las próximas semanas, los hechos mostrarán la actuación que tendrá la Fiscalía de Quintana Roo ante los señalamientos de corrupción para favorecer este despojo y otros en Tulúm.

Este sin embargo, es uno de muchos casos que se han denunciado a lo largo de los años y que se ven en quejas y denuncias hechas en redes sociales y en todos los portales de comunicación que alberga la web con uno o dos casos por mes que saltan a la luz pública de ventas inmobiliarias fraudulentas por grupos inmobiliarios muchas veces inexistentes, hasta casos como el más reciente de denuncia como el que realizó el Grupo Constructor de la Ribera”.

El cartel inmobiliario que ha sido identificado en Quintana Roo procede desde la misma administración de Roberto Borge, Carlos Joaquín, hoy embajador de México en Canadá y otros que han referido de fraudes en compra-venta de terrenos con títulos falsos, despojo a personas más vulnerables y hasta el mismo tiempo compartido que adquiere un turista por algunos años y que ha generado también una recién alerta en Estados Unidos contra Yucatán.

El fraude mayor se está dando en este corredor turístico donde la plusvalía de la tierra ha alcanzado niveles muy altos derivado de la propia actividad turística y en donde grupos inmobiliarios fraudulentos se han alineando con autoridades en turno para adquirir terrenos y propiedades con títulos falsos que luego legalizan o que simplemente se descubren.

De parte de la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) se ha reconocido esta condición desde hace muchos años, con una red de despojos donde se han señalado a funcionarios de administraciones pasadas involucrados, y aunque en la más reciente acción de combate al despojo, el Registro Público de la Propiedad instaló una alerta inmobiliaria mediante una plataforma precisamente para verificar temas como la escrituración y otros procesos, pero hasta ahora sigue sin mayor avance en el tema.

Hace un año, en el arranque de la construcción del parque Jaguar en Tulum, el director general de la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepqroo), José Alberto Alonso Ovando confirmó que han detectado títulos falsos de propiedad expedidos en el año 2005 (fecha de la terminación del gobernador Joaquín Hendricks Díaz e inicio del período de Félix González Canto) que son utilizados para la invasión de terrenos en Puerto Morelos, Playa del Carmen y Tulum. Unos de estos títulos inclusive involucra a parte de estos terrenos donde hoy se construyen los proyectos federales y así por el estilo se van sumando casos y más casos en todo el territorio de Quintana Roo donde la misma Asociación de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) reconoce este frecuencia cuando aparecen los títulos falsos y los nuevos propietarios y aunque aseguran hay mucha certeza jurídica en la inversión, los casos siguen dándose.

o.vazquez@diariocambio22.mx

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