Denuncian incautación de la Terminal Marítima de Punta Vendado por Autoridades Mexicanas

• Afirman que en la ocupación participan también la FGE y Cemex

Redacción/CAMBIO 22

PLAYA DEL CARMEN, 19 de marzo.- Legisladores estadounidenses denunciaron ayer la ocupación ilegal de la Terminal Marítima de Punta Venado en Quintana Roo por parte de fuerzas de la Policía Estatal de Quintana Roo y de la Secretaría de Marina-Armada de México, pese a que está concesionada hasta el 2037 a una filial de la compañía estadounidense Vulcan Materials, que explota los bancos de material pétreo de Sac-Tun, antes Calica.

Según las fuentes, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la empresa Cemex también participaron en la irrupción a las instalaciones de la terminal, que está concesionada a la empresa Sac-Tun, antes Calica, y agregaron que desde 2022 Cemex estaba en negociaciones con Sac-Tun para la renovación de un contrato de uso del muelle.

La información circulada indica que la ocupación ocurrió el martes por la madrugada, apenas unas horas antes de que el presidente Andrés Manuel López Obrador recibiera a una comitiva de legisladores estadounidenses para promover inversiones en Veracruz, y diversas oficinas del Capitolio condenaron la ocupación de la terminal marítima.

Para la noche del sábado, fuentes cercanas a la empresa informaron que elementos de la Marina estaban en control del acceso a la Terminal Marítima y el muelle, mientras que la Policía Estatal patrullaba al interior del predio; adicionalmente, elementos militares estarían apostados en el exterior.

Como parte de la reacción en Estados Unidos a este hecho, medios de información citaron que el Senador republicano Bill Hagerty declaró: “Los reportes de que autoridades y fuerzas mexicanas han incautado los activos de una empresa estadounidense se suman a la preocupante tendencia de comportamiento equivocado y contraproducente del Presidente López Obrador”.

Un integrante de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que sigue el caso declaró: “Este episodio refleja un mayor deterioro del Estado de derecho en México, un trato escandaloso de una empresa estadounidense, y debería hacer reflexionar a todos los inversionistas extranjeros en México”.

De acuerdo con miembros del Congreso estadounidense, las autoridades mexicanas no han presentado a la empresa Sac-Tun ningún tipo de orden judicial que avale la irrupción, y han hecho caso omiso a una suspensión de plano otorgada el pasado jueves por un juzgado federal contra sus actos.

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