Calesas en Cozumel: Negocio Millonario a Costa del Sufrimiento y Maltrato Animal

A pesar de las temperaturas extremas y denuncias por maltrato, las calesas con caballos siguen operando en la isla gracias a un amparo judicial. Organizaciones exigen su retiro inmediato por crueldad y violación a la Ley de Bienestar Animal

Redacción/CAMBIO 22

COZUMEL.- Un lucrativo negocio de hasta mil dólares diarios a costa del sufrimiento animal sigue activo en Cozumel gracias a un amparo judicial otorgado desde 2020, que permite la operación de calesas tiradas por caballos en plena vía pública, pese a las altas temperaturas y el riesgo para los equinos.

El amparo, correspondiente al expediente 08/2020, fue emitido por el Juzgado Tercero de Distrito en Quintana Roo, a cargo del juez Juan Carlos Robertos Chuc, en favor del concesionario José Julio Azcorra Rejón, quien promovió el recurso contra la Ley de Bienestar Animal de Quintana Roo.

Azcorra Rejón es dueño de 10 calesas con tracción animal, de las cuales 5 están actualmente en operación, luego de que el Ayuntamiento de Cozumel acatara la orden judicial en agosto de 2020. En total, existen 17 concesiones en la isla, aunque sólo la mitad continúa utilizando caballos.
A diario, los animales son obligados a trabajar bajo temperaturas que alcanzan los 50 grados centígrados sobre el pavimento, exponiéndolos a estrés térmico, deshidratación, fatiga y posibles lesiones en pezuñas y articulaciones.

“Es urgente sacar a los caballos de las calles. Se trata de un trato cruel y totalmente inhumano. Las autoridades están permitiendo que se violente una ley vigente con este amparo que no debería seguir operando”, denunció Flor Tapia Pastrana, presidenta de la organización Opus Magnum.

El modelo de negocio, aunque cuestionado éticamente, deja ganancias considerables. De acuerdo con turistas, el precio por recorrido de 50 minutos oscila entre 50 y 100 dólares (alrededor de 1,000 a 2,000 pesos), dependiendo de la temporada y la negociación. Si cada una de las 5 calesas realiza al menos 2 recorridos al día, las ganancias alcanzan hasta mil dólares diarios.

Este ingreso se multiplica en temporadas altas como Semana Santa, verano o diciembre, cuando se incrementa el arribo de cruceros a la isla.

El caso ha generado creciente presión ciudadana y política. En febrero de 2024 se presentó una reforma local para prohibir definitivamente el uso de caballos en las calesas, de acuerdo con la Ley de Bienestar Animal del estado. No obstante, la influencia del concesionario ha frenado los avances.

Organizaciones y ciudadanos han impulsado alternativas como calesas eléctricas o motorizadas, que han sido desarrolladas y probadas en la isla. Sin embargo, denuncian que José Julio Azcorra ha presionado e incluso amenazado a otros caleseros para que no operen las nuevas unidades, obstaculizando la transición tecnológica.

“El tema no es sólo legal, sino ético y social. No se puede seguir permitiendo el uso de animales como herramientas turísticas en condiciones extremas por intereses económicos”, enfatizó Tapia Pastrana.

Según el gobierno estatal ha iniciado operativos ambientales para vigilar el estado físico de los caballos y evaluar opciones de sustitución. No obstante, mientras el amparo siga vigente, las autoridades municipales están obligadas a permitir su circulación.

La situación plantea un conflicto entre derechos judiciales adquiridos y la necesidad urgente de respetar el bienestar animal. Organizaciones como Opus Magnum exigen que el Congreso estatal y el Poder Judicial actúen para frenar esta práctica y sentar un precedente de justicia ambiental y ética en Quintana Roo.

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