Autoridades Insisten en Consolidar el Nuevo Penal de Máxima Seguridad Ante la Presión del Sistema Carcelario en Quintana Roo

Jimena Madrigal/ CAMBIO 22

El Gobierno de Quintana Roo insiste en la necesidad de consolidar cuanto antes el proyecto del Centro Penitenciario Estatal de máxima seguridad, una obra estratégica que requiere una inversión superior a 3 mil millones de pesos y cuyo arranque sigue dependiendo de su inclusión en el Presupuesto del próximo año.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, afirmó que la administración estatal ha reactivado las gestiones para garantizar que el proyecto no se detenga nuevamente, pues el sistema penitenciario se encuentra en una situación límite.

El complejo sería construido en un predio ya disponible entre Benito Juárez y Leona Vicario, con una capacidad inicial para 2 mil internos y posibilidad de expandirse hasta 8 mil, de acuerdo con las necesidades futuras.

Gómez Torres enfatizó que, aunque se han realizado ampliaciones improvisadas en los centros actuales, estas ya no son suficientes.

“Nos hace falta la construcción de un nuevo cereso. Seguimos ampliando capacidad con dormitorios y áreas de estancia, pero no es una solución permanente”, señaló.

El secretario recordó que la población penitenciaria asciende a 4 mil 600 personas, y que el aumento de detenciones vinculadas a proceso hace indispensable contar con una instalación de máxima seguridad que cumpla con estándares federales.

Aunque el proyecto ya cuenta con estudios técnicos de viabilidad y el terreno autorizado, su avance se ha visto frenado por la actualización de la normatividad aplicable a este tipo de complejos. A pesar de ello, el funcionario insistió en que no pueden permitir que el tema vuelva a quedarse rezagado.

“Esperamos que se materialice con los recursos del próximo año. La intención es iniciar obra en el segundo semestre de 2026”, indicó.

La construcción completa llevará varios años, pero el gobierno estatal busca avanzar significativamente antes de que concluya la actual administración, sobre todo porque los reclusorios existentes crecieron de manera irregular y requieren ser reemplazados por instalaciones que garanticen seguridad y cumplimiento normativo.

“No podemos construir un penal que no cumpla con las normas, s están realizando trámites como la Manifestación de Impacto Ambiental, y seguimos empujando para que el proyecto sea incluido en el presupuesto del año entrante”, afirmó Gómez Torres.

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