Redacción/ CAMBIO 22

CDMX | La violencia en México desatada principalmente por el Cartel Jalisco Nueva Generación quien quiere ocupar la hegemonía que por muchos años lideró el Cártel de Sinaloa no solo nos cuesta en sangre y muertes, también golpea el bolsillo de todos los mexicanos; tal solo en 2023 la narcoviolencia le costó al país 4,9 billones de pesos, unos 245 mil millones de dólares, lo que se convertiría en 37 mil 430 pesos por persona para enfrentar la violencia en el país, más del doble del salario promedio de un trabajador así lo establece el Índice de Paz México 2024 elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), organismo no gubernamental con sede en Sidney, Australia, y con oficinas regionales en Nueva York, Bruselas, La Haya, Nairobi y Ciudad de México.

El IEP, incluye este año un estimado del impacto que la violencia tuvo en la economía el año pasado, esto suma los costos directamente atribuibles a la violencia o a su prevención, las pérdidas a mediano y largo plazo derivadas de actos de violencia y los beneficios económicos perdidos por invertir en la contención de la violencia y no en otras actividades más productivas.

Según esto, el año pasado el impacto económico de la violencia llegó a 4,9 billones de pesos, equivalente a 37.430 pesos por cada mexicano, lo que analistas de IEP aseguran es más del doble del salario mensual promedio de un trabajador en el país.

De acuerdo con el informe de IPM, el impacto económico de la violencia se define como el gasto y el efecto económico relacionados con “contener, prevenir y afrontar las consecuencias de la violencia”. Comprende el costo económico de la violencia, tanto directo como indirecto, más un efecto multiplicador.

La víctima, el gobierno y el perpetrador incurren en los costos directos; estos incluyen gastos médicos, costos de vigilancia y gastos asociados con el sistema de justicia, explica el IEP. Los costos indirectos, añade, se acumulan después del hecho e incluyen el valor presente de los costos a largo plazo que surgen de incidentes delictivos, como la pérdida de ingresos futuros y el trauma físico y psicológico.

“El efecto multiplicador representa los beneficios económicos que se habrían generado si todos los gastos relevantes se hubieran dirigido a alternativas más productivas”, detalla el IPM.

El reporte señala que el impacto económico de la violencia mejoró por cuarto año consecutivo en 2023, disminuyendo uno por ciento, o 49.8 mil millones de pesos, con respecto al año anterior, agregando que El pico se produjo en 2019 con aproximadamente seis billones de pesos. Desde entonces, ha disminuido constantemente y en 2023 cayó aproximadamente a su nivel de 2016.

Aunque el impacto económico de la violencia disminuyó en 2023, equivale a más de tres veces el gasto del gobierno en desarrollo económico, subraya el IEP, analistas del centro consideraron que la situación de paz y violencia en México mejoró entre 2022 y 2023, ya que la tasa de homicidios cayendo un 5,3%, marcando el cuarto año consecutivo de mejora.

“Sin embargo”, dijo el IEP en un comunicado, “los homicidios siguen siendo una preocupación importante, con más de 30.500 víctimas el año pasado. Con 23 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa de México es la decimocuarta peor del mundo”. Además, señalaron que a pesar de las recientes mejoras, la paz en México se ha deteriorado en un 14.4% desde 2015, con tasas de crimen organizado y homicidios “notablemente más altas” que hace nueve años.

“Los grupos del crimen organizado realizan cada vez más extorsión, narcomenudeo y tráfico de opioides sintéticos como el fentanilo, para reemplazar la disminución de los mercados de marihuana y heroína ilícitas en los Estados Unidos”, dice el reporte publicado el martes. El volumen de incautaciones de fentanilo en la frontera entre México y Estados Unidos, aumentó un 900% entre 2019 y 2023, dice el reporte.

La organización también señala la alta violencia dentro de la policía y en contra de ciudadanos por motivos políticos, la cual ha crecido en los últimos tres años. Hubo más de 170 asesinatos de políticos, funcionarios del gobierno y sus familiares en 2023, el número más alto registrado. “La policía de México se enfrenta a niveles extremos de violencia… Es casi cuatro veces más mortal ser policía que ser civil”, dice el comunicado. Desde 2018, más de 2,600 policías han sido asesinados.

 

El Índice de Paz México 2024 señala que el gasto del país en seguridad pública y sistema de justicia penal equivale al 0.65 por ciento del PIB, el más bajo de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y menos de la mitad del promedio de América Latina.

Durante el año pasado, México destinó 632 mil millones de pesos a la contención de la violencia, aproximadamente el 6 por ciento del gasto total del gobierno: “En contraste, la atención médica y la educación representan, respectivamente, 7% y 8% del gasto gubernamental total. Estas cifras sugieren que el gasto en contención de la violencia es desproporcionadamente bajo en México”, menciona el Índice.

El estudio señala que la institución que más gasto público utilizó para el enfrentamiento a la violencia fue el militar aumentando su presupuesto un 80.8 por ciento desde 2007. Los delitos que más costo generaron fueron el homicidio y los delitos con violencia (robo, agresión y violencia sexual) con 2 mil 99.8 mil millones de pesos y mil 778.1 mil millones de pesos respectivamente.

Acorde con el PIB (valor monetario total Estatal) estos fueron los cinco estados con mayor costo por violencia en el 2023: En Morelos, a cada habitante le costó 77 mil 500 pesos la violencia. En Colima, 112 mil 660 pesos. En Guerrero, 45 mil 607 pesos. En Zacatecas, 69 mil 523 pesos
En Quintana Roo 62 mil 823 pesos, los resultados de dicho estudio arrojan que en el 2023 el impacto económico de la violencia logró disminuir uno por ciento, lo que equivale a 49.8 mil millones de pesos respecto al 2022.

Este impacto económico es el dinero que se invierte en “contener, prevenir y afrontar las consecuencias de la violencia”. Aquí se incluye el gasto en instituciones de vigilancia y seguridad pública, atención a víctimas o familiares en el proceso de justicia, atención médica y psicológica.

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

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