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• Despacho 14

 

• El Violento Oficio de Escribir

 

Alfredo Griz/CAMBIO 22

En los muelles y pasos fronterizos de México se teje una economía paralela que alimenta a los grandes grupos criminales: combustible robado, fentanilo, armas, dólares en efectivo y mercancía falsificada pasan a veces con documentación, a veces con complicidad por los mismos corredores que debieran proteger la recaudación fiscal y la seguridad del país. La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), bajo la dirección de Rafael Marín Mollinedo, aparece en el centro de ese tablero: reivindicaciones públicas de modernización y recaudación conviven con investigaciones, separaciones de agentes y redes que, según la prensa y autoridades, llegaron a operar con impunidad durante años.

El Costo Directo y las Cifras que No Acaban de Cerrarse

Las magnitudes son, en muchos casos, polémicas y dependientes de la metodología. Pero hay algunos números que sirven para dimensionar el problema:

• Carpetas y recuperaciones: El titular de ANAM reportó la existencia de más de 7,000 carpetas integrales de investigación relacionadas con huachicol fiscal y otros ilícitos, y afirmó que se han recuperado cerca de 225,000 millones de pesos asociados a estas investigaciones. Estas cifras son la versión oficial sobre el esfuerzo por desmantelar redes y recuperar recursos.

 

• Expedientes penales y estimaciones fiscales: El SAT comenzó, en 2025, a abrir expedientes penales que en algunos reportes suman cientos de casos y perjuicios estimados en decenas de miles de millones de pesos (por ejemplo, cifras del orden de 22,843 millones en reportes sectoriales que incluyen fraude en hidrocarburos y clasificación aduanera). Estas cifras no siempre coinciden entre agencias o con la prensa investigativa; sin embargo, todas apuntan a un daño económico de muy alto impacto.

 

• Recaudación y narrativa oficial: En paralelo, ANAM y su titular han difundido reportes de recaudación récords (miles de millones de pesos recaudados por actividades aduaneras en periodos semestrales), que se utilizan para mostrar eficacia administrativa aun cuando persisten casos graves de contrabando y huachicol fiscal. El contraste entre números de recaudación y los montos atribuidos a fraude ha sido fuente de debate.

 

• Así mismo hay una doble realidad: cifras oficiales que presumen recuperación y recaudación, y rastros periodísticos y judiciales que muestran miles de investigaciones, separaciones de personal y redes que aprovecharon fallas institucionales. Ambos conjuntos de datos deben ser cruzados y auditados independientemente para dar un diagnóstico certero.

 

Modus Operandi: Cómo se Filtró la Frontera

Los mecanismos documentados en la investigación periodística y en las carpetas abiertas siguen patrones recurrentes:

• Empresas fachada y subvaluación/ reclasificación: mercancías registradas con códigos arancelarios “amigables” o con valores irrisorios; contenedores llenos clasificados como productos de bajo arancel que en realidad contenían combustibles o grandes volúmenes de otra mercancía. Ejemplos testimoniales y operativos muestran contenedores “de perfumes y hamacas” con pagos aduanales simbólicos.

• Control de designaciones y plazas clave: redes que buscaron y lograron colocar —según investigaciones— operadores y aliados en puestos sensibles de aduanas y puertos, facilitando la entrada de cargamentos irregulares. Informes periodísticos han documentado operaciones coordinadas en varios puertos a la vez.

• Colusión multidisciplinaria: la operación no es únicamente de agentes aduanales: empresarios, intermediarios logísticos, elementos de seguridad y, cuando se alegó en investigaciones, algunos miembros de las fuerzas armadas, conformaron cadenas de protección que multiplicaron la capacidad operativa de las organizaciones delictivas.

 

Casos y Redes: los Nombres que Emergen y la Magnitud de sus Operaciones

En 2023–2025 emergieron redes que no sólo movían miles de litros de combustible, sino que disputaban el control de rutas y aduanas:

• Redes simultáneas en Tampico y Altamira: investigaciones periodísticas recientes atribuyen operaciones masivas de combustible a varias redes, entre ellas la vinculada con el empresario dueño del certamen de Miss Universo Raúl Rocha Cantú, y la conocida como la de los Farías Laguna, que habría operado con influencia en cuatro aduanas. Algunas estimaciones periodísticas hablan de intentos de descarga de decenas de millones de litros por embarque.

Separaciones y detenciones parciales: ANAM y autoridades han anunciado la separación de decenas de agentes aduanales (por ejemplo, 30 agentes removidos en investigaciones sobre tráfico de combustible) y detenciones relacionadas con nexos en aduanas; sin embargo, la prensa ha documentado que varios implicados evitaron órdenes de arresto o que los procesos han sufrido dilaciones.
Consecuencia operativa: la existencia simultánea de varias redes en los mismos puertos sugiere no sólo competencia criminal, sino también una captura institucional con alcance suficiente para permitir movimiento logístico masivo y coordinado.

Responsabilidad Política: la Inmensa Sombra sobre la ANAM y su Titular

La figura de Rafael Marín Mollinedo, titular de la ANAM, es central en el examen político que sigue al fenómeno:

 

• Posición oficial y discursos: Marín Mollinedo ha encabezado una narrativa pública de modernización, eficiencia y logros de recaudación, inaugurando foros, firmando comunicados y presentándose como arquitecto de la “profesionalización” aduanal. Estas declaraciones forman la cara pública de la respuesta institucional.

• Señalamientos y cuestionamientos: en paralelo, se le han atribuido cuestionamientos públicos —desde actos que parecen de posicionamiento político hasta críticas por la inoperancia ante redes de contrabando— y su gestión ha sido puesta en la mira por la prensa debido a la persistencia de redes que operaron durante su administración o antes de ella. Es importante subrayar que, en muchos casos, los señalamientos son de investigación y acusación periodística y no necesariamente traducción en sentencias judiciales firmes.

 

• Inoperancia frente a señales tempranas: el balance más duro que surge de la investigación es la percepción de inaction institucional frente a alertas y patrones repetidos —fallas en control interno, lentitud para consolidar evidencias judiciales vinculantes y una respuesta pública que ha privilegiado cifras de recaudación sobre la explicación de por qué las redes lograban operar. Esa percepción es la que aquí califico como inoperancia estructural vinculada tanto a decisiones internas (rotación y nombramientos) como a omisiones en la supervisión.

 

• Impacto social y político: más allá del monto

 

 

El daño no se reduce a números. Sus efectos son de largo aliento:

 

• Fragilidad institucional: cuando la aduana, que debería ser un pilar de Estado de derecho y recaudación, se vuelve permeable, se erosiona la confianza ciudadana en la capacidad del gobierno para gobernar el comercio y la seguridad. Esto abre espacios para ingobernabilidad regional en puertos y corredores.

• Violencia y economía criminal: el combustible y la logística que pasan por aduanas alimentan a organizaciones que luego disputan territorio; el control de rutas implica extorsión, violencia y fracturas comunitarias en regiones portuarias.

 

• Costo político inmediato: reputación internacional golpeada (por ejemplo, revocaciones de visas o sanciones diplomáticas hacia actores vinculados), debates en el Congreso, presiones mediáticas y desgaste para el gobierno federal y locales. Estas consecuencias reconfiguran alianzas políticas y pueden derivar en cambios de gabinete o en investigaciones de alto perfil.

Lo que se ha hecho — y por qué no ha sido suficiente

Las respuestas han incluido operativos conjuntos, separaciones administrativas, cierres de padrón importador y comunicados de decomisos. No obstante:

• Los resultados judiciales son limitados: muchas detenciones y órdenes no se convierten en sentencias firmes; varios implicados evadieron órdenes de aprehensión o enfrentan procesos prolongados.

• Las medidas administrativas generan recaudación pero no desarman redes: cifras de recaudación y decomisos son comunicación útil, pero no necesariamente equivalen a la desarticulación de estructuras que controlan rutas y designaciones. La recuperación de recursos no sustituye a la necesidad de sentencias y transparencia en los procesos.

Un mapa mínimo de responsabilidades (quién responde, quién falla)

• Responsabilidad operativa: ANAM y su cuerpo de agentes aduanales; el director tiene responsabilidad política por diseño institucional y por la supervisión de controles clave.

 

• Responsabilidad fiscal y penal: SAT y Fiscalía (FGR) por investigaciones y procesos penales. Los resultados de sus carpetas serán el termómetro jurídico.

• Responsabilidad política: Presidencia, Secretaría de Marina y dependencias de seguridad nacional que han sido señaladas por vínculos o por omisiones en investigaciones. La rendición de cuentas exige investigaciones transversales e independientes.

La aduana mexicana se encuentra frente a una paradoja: cifras oficiales que presumen recuperación y modernización conviven con redes que continuaron operando y con una percepción pública de inoperancia y captura institucional. La figura de Rafael Marín Mollinedo sintetiza ese choque: gestor con logros comunicados, sí; responsable político de un sistema que dejó operar a redes que ahora se investigan, también. El problema no se resuelve con comunicados de prensa ni con cifras de recaudación: requiere investigación judicial firme, auditorías independientes y reformas institucionales que impidan, de verdad, que la puerta del comercio se convierta en rampa de impunidad.

 

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

AFC/RCM