Francisco Javier Vázquez Burgos/CAMBIO22

El gobierno mexicano tiene una bomba de tiempo entre las manos y no parece darse cuenta —o peor aún, no quiere darse cuenta— de la gravedad del problema que enfrenta. La reciente cancelación de la visa estadounidense a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo, de Morena, no es un simple trámite migratorio. Es una señal inequívoca. Es el primer disparo de advertencia, el inicio de lo que podría ser un proceso de sanciones diplomáticas, políticas y económicas contra un gobierno que ha permitido —o fomentado— la infiltración del crimen organizado en los más altos niveles de poder.

Y no, no se trata de un caso aislado ni de una exageración mediática. Marina del Pilar ha sido señalada no solo por la prensa independiente o por las agencias de inteligencia de Estados Unidos, sino incluso por miembros prominentes de su propio partido. En 2022, el exgobernador Jaime Bonilla, siendo senador, declaró abiertamente que los disturbios violentos en Baja California se debían al rompimiento de acuerdos entre la gobernadora y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ¿De qué tamaño será el cinismo de Morena que ni siquiera disimulan los trapos sucios? Los exhiben entre ellos mismos.

Y mientras tanto, Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta, actúa como si nada ocurriera. No sólo guarda silencio, sino que comete la osadía de defender públicamente a Marina del Pilar. Cuando le sugieren que la gobernadora se retire de la mesa de seguridad, responde con una pregunta tan torpe como reveladora: “¿Por qué habría de hacerlo?”. Pues porque es un escándalo mayúsculo tener en el círculo de seguridad nacional a una persona bajo sospecha de filtrar información al crimen organizado. No se trata de soberanía ni de presunción de inocencia. Se trata de sentido común, de ética, de responsabilidad institucional. Pero a Claudia eso no le interesa. Prefiere proteger a los suyos, aunque estén embarrados hasta el cuello.

Esa mesa de seguridad, donde se comparten datos estratégicos y operativos, está ahora totalmente desacreditada. No se puede confiar en una estructura que incluye a piezas ligadas al narco. Esa mesa no combate el crimen: lo administra, lo negocia, lo protege. Es una burla institucional. Y Claudia lo sabe. Lo sabe perfectamente. Su silencio no es prudencia; es complicidad. Su pasividad no es cálculo político, es cobardía criminal. No es que no vea el incendio, es que decidió dejar que arda.

Pero esto apenas comienza. Si Estados Unidos decide aplicar la misma vara con otros funcionarios, como ya se rumora en Washington, lo que hemos visto con Marina del Pilar será apenas la punta del iceberg. La lista es larga: David Monreal en Zacatecas, Evelyn Salgado en Guerrero, Rocío Nahle en Veracruz, Indira Vizcaíno en Colima, Mara Lezama en Quintana Roo, Mario Delgado Carrillo, Alejandro Gertz Manero, y por supuesto, los hijos de AMLO. Todos bajo sospecha. Todos con nexos, intereses, complicidades. Esto no es una infiltración. Es una cooptación total del Estado mexicano por parte del crimen organizado.

Y cuando el vecino del norte decida que ya basta, vendrá el castigo. Las sanciones económicas, la cancelación de tratados, el congelamiento de cuentas, la expulsión de diplomáticos, la pérdida de confianza en los mercados, la caída de la inversión extranjera y del turismo. México no aguantaría ni seis meses de bloqueo financiero. Somos un país dependiente, atado a su relación con Estados Unidos. Si ese canal se cierra, el país se hunde. Y lo peor: no por culpa del pueblo, sino por los políticos que lo traicionaron.

Ante esta realidad, ¿qué debería estar haciendo el Estado mexicano? De entrada: separar a Marina del Pilar de toda tarea relacionada con seguridad, iniciar una investigación seria y con participación internacional, revisar las visas diplomáticas de todos los altos funcionarios, y trazar una política frontal, real y efectiva de combate al crimen organizado. Se necesitan nombramientos nuevos, con perfiles limpios, que no estén manchados por la sospecha ni por la cercanía con el poder. No bastan discursos, se necesitan actos.

Además, México debería pedir ayuda técnica internacional. Que duela, sí. Que exhiba nuestras miserias, también. Pero más vale la vergüenza que el colapso. Más vale pedir apoyo que terminar sancionado, bloqueado, intervenido. Porque si no se hace ahora, después no habrá ni margen ni soberanía que salvar.

Claudia Sheinbaum tiene una decisión que tomar. Y es ahora. Puede romper con el legado podrido que le dejó López Obrador, o puede seguir cobijando a los narcopolíticos. Puede intentar salvar a la nación, o salvar a sus cómplices. Pero lo que no puede hacer es jugar a la estadista mientras la casa se le cae encima. Porque las visas son el aviso. El castigo vendrá después. Y no será selectivo: lo pagaremos todos.

Que no diga mañana que no se lo advirtieron. Porque cuando Estados Unidos habla, lo hace con hechos. Y cuando actúa, no pregunta. A veces basta una firma en una hoja, para que un país entero se desmorone. Aguas, Claudia. Al tiempo

 

 

 

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx 

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