En México, Asesinan y Desaparecen de Manera Sistemática a Personas Buscadoras

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

Con el asesinato de la madre buscadora María del Carmen Morales y de su hijo Jaime Daniel Ramírez Morales, integrante del colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco”, quien buscaba a su hijo Ernesto Julián, desaparecido el 24 de febrero de 2024, queda demostrado que el actual gobierno federal es incapaz de mantener el estado de Derecho en todos los rincones del país, porque está mujer advirtió que estaba recibiendo amenazas de muerte desde que se dio a conocer que ella fue una de las buscadoras que denunciaron la omisión de los gobiernos estatal y federal respecto a lo que pasó en el Rancho Izaguirre.

María del Carmen y su hijo Jaime Daniel estaban frente a su casa cuando en el fraccionamiento Las Villas de Tlajomulco de Zúñiga en el estado de Jalisco, cuando fueron asesinados a balazos, a pesar que ella pidió apoyo a las autoridades por las múltiples amenazas que recibió. Pero no le hicieron caso y este miércoles 23 fue asesinada, un homicidio que se pudo evitar si las autoridades estatales de Jalisco y Federales hubieran tomado en serio sus obligaciones.

El doble homicidio se registró a las once y media de la noche del miércoles 23 de abril, cuando dos individuos armados llegaron en motocicleta y dispararon contra Jaime Daniel. La madre, en un acto de valentía, intentó proteger a su hijo, pero ambos perdieron la vida.

Ha causado indignación entre los colectivos de personas buscadoras de personas desaparecidas en México, así como entre las organizaciones civiles, la versión de la Fiscalía de Jalisco, la cual aseguró que priorizará la identificación de los agresores y pidió a la comunidad aportar información que pueda ser relevante para el caso.

Sin embargo, descartó que hasta el momento exista alguna relación del homicidio con las actividades de la madre buscadora, “hasta el momento no existe evidencia que vincule el ataque con la participación de María del Carmen en actividades de búsqueda”. Lo anterior representa un a agresión y una falta de respeto a su dolor de madre y su activismo de búsqueda.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco emitió un comunicado en el que sostiene:

“Hoy, lamentablemente, nuestro colectivo ha sufrido un golpe devastador. Exigimos: Investigación inmediata y exhaustiva de los hechos para esclarecer a los responsables de este doble homicidio. No más violencia ni impunidad en el estado de Jalisco. Es hora de que las autoridades tomen medidas efectivas para proteger a los ciudadanos y garantizar la justicia. Esperemos que den con los responsables y que se agilicen todos los trámites”.

El organismo le pide a la presidenta de la república que ejerza presión “sobre el estado de Jalisco para que se tomen medidas concretas para prevenir la violencia y garantizar la justicia para las víctimas y sus familias”.

La Oficina para los Derechos Humanos en México condenó estos asesinatos y recordó al estado Mexicano que es importante garantizar la protección de las personas buscadoras y continuar la investigación considerando todas las hipótesis, “incluida la labor de defensa de #DerechosHumanos.”

Otra organización en México, Amnistía Internacional condenó el asesinato de María del Carmen Morales y su hijo Jaime Daniel Ramírez en Tlajomulco, #Jalisco. Carmen buscaba a su hijo Ernesto Julián desde el 24/02/2024. “Exigimos a @FiscaliaJal investigación urgente y al @Mecanismo_MX medidas de protección para las familias buscadoras. #BuscarSinMiedo “.

El organismo internacional con sede en Londres publicó una investigación en marzo pasado, por medio de la cual se estableció en México las autoridades parecen incapaces de dar respuestas sólidas e institucionales que estén encaminadas a encontrar la verdad y lograr justicia y reparación para las más de 27,000 personas desaparecidas.

Amnistía Internacional ha documentado las deficiencias del Estado para buscar a las personas que han sido desaparecidas y a conducir investigaciones efectivas que lleven a la identificación y sanción de los responsables. En este documento, Amnistía Internacional analiza el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, y la crisis de desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua. https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/mexico-un-trato-de-indolencia/

Mientras tanto, el 24 de abril, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) difundió un comunicado por medio del cual “desea destacar la importancia de la convergencia de familias, colectivos y plataformas de personas buscadoras para la construcción colaborativa de políticas públicas.” De la misma forma reconoce el esfuerzo que las autoridades han hecho en animar un primer espacio de trabajo e intercambio de propuestas con familias buscadoras. Desde el MNDM llamamos a la Dra. Claudia Sheinbaum a encabezar junto con las familias una política eficaz de Estado para resolver la crisis de desapariciones que enfrenta el país”.

El conglomerado de organizaciones civiles y colectivos considera que este proceso inició con una serie de encuentros con distintas plataformas y llega hoy a valiosas conclusiones derivadas de mesas de trabajo articuladas por ejes temáticos en las que participaron el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas y la Red Enlaces Nacionales y el Contingente contra las Desapariciones de Personas LGBTIQ+.

“La articulación del diálogo en 5 ejes temáticos confirma el diagnóstico que ha realizado el MNDM y ha permitido construir una línea de base común para avanzar en la incorporación de las familias en los distintos procesos de construcción de políticas públicas. Pensamos que estos ejes de trabajo prioritarios deben traducirse en políticas de Estado integrales que atiendan las necesidades de las familias en la búsqueda de las más de 127 mil personas desaparecidas. Apuntamos aquí algunos de los elementos de coincidencia entre personas buscadoras y actores oficiales.”

El trabajo por realizar, no solo de los colectivos de familiares, sino de toda la sociedad mexicana es muy amplio y urgente, porque las autoridades mexicanas no quieren reconocer que estamos en una crisis humanitaria por la desaparición de personas en todos los estados del país.

No se trata de hechos aislados, sino una persecución sistemática en contra de quienes buscan a sus seres queridos que han desaparecidos. Recordemos que apenas, el pasado 2 de abril, murió Teresa González Murillo, otra mujer buscadora, en un hospital de Guadalajara, Jalisco, luego de varios días de permanecer gravemente herida al ser atacada a balazos.

Teresa González Murillo buscaba a su hermano desaparecido en Guadalajara desde el mes de septiembre de 2024. El ataque a balazos se registró durante la noche del 27 de marzo, al resistirse a un secuestro perpetrado por tres hombres armados que allanaron su domicilio. De este caso, la Fiscalía de Jalisco ha dicho que no tiene evidencias que se haya tratado de un intento de secuestro y que se presume que el asesinato fue por un intento de robo.

La desaparición y asesinatos de personas buscadoras se ha ido incrementando en México durante los últimos meses.

Uno de estos casos es el de Lorenza Cano, mujer buscadora secuestrada en Salamanca, Guanajuato, en el mes de febrero de 2024. Cuando fue secuestrada por un grupo armado, fueron asesinados su esposo y su hijo. Meses después fue asesinado su yerno.

Magdaleno Pérez Santes, padre de Diana Paloma Pérez Vargas, desaparecida en noviembre de 2019 en Poza Rica, Veracruz, fue detenido el 10 de marzo por agentes de la Policía Municipal, en las instalaciones policiales fue golpeado, horas después liberado y más tarde murió en su casa a consecuencia de los golpes recibidos.

Pérez Santes era activista y formaba parte del colectivo María Herrera, en Veracruz, colectivo al que también pertenece Héctor Aparicio, reprotado como desaparecido el 26 de enero de este año. También busca a su hijo.

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