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► En la víspera de que sus ejecutivos comparezcan ante un juez de control penal, el corporativo DHC contraataca y señala a un asesor de la gobernadora del estado de haberles pedido vender sus activos a la empresa Acciona, por una cuarta parte de su valor, para frenar la demanda federal en su contra

 

► Mientras, la presidenta de México ataja y pide que no se entregue la concesión a otra empresa privada

 

 

Redacción/CAMBIO 22

CANCÚN, , 26 de febrero.- En la víspera de que sus ejecutivos comparezcan ante un juez de control ante la denuncia penal por lavado de dinero e inducción al delito que presentó el gobierno del estado de Quintana Roo, el corporativo Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), que opera con la empresa Aguakan la concesión del servicio de agua potable en Cancún, Isla Mujeres, Playa del Carmen y Puerto Morelos, acusó a la administración de Mara Lezama Espinosa de presionarla para entregar la concesión a una empresa favorita procedente de España.

Mediante una publicación exclusiva en el diario Reforma, la empresa dice que con el uso de órdenes de aprehensión giradas contra directivos y socios es que el gobierno de Quintana Roo, encabezado por la morenista Mara Lezama, intenta despojarla de la concesión y obligarla a vender sus activos a una empresa favorita en 4 mil 500 millones de pesos, que es una cuarta parte de su valor real.

A través del desapoderamiento de la concesión, con vigencia de 30 años y por la que se brinda el servicio a los municipios de Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, presuntamente se busca transferir el negocio a la empresa española Acciona, que actualmente gestiona el agua en Boca del Río, Veracruz.

De acuerdo con representantes de la compañía, en diciembre pasado, el abogado Cuitláhuac Bardán, quien dijo ser representante de la gobernadora Mara Lezama, se reunió con ellos y les planteó que, para evitar el tema “federal”, vendieran en 4 mil 500 millones de pesos al Gobierno del Estado la concesión y toda la infraestructura e inversión desarrollada a lo largo de 30 años.

Por el tema “federal” se refería a una denuncia que el Gobierno estatal, por conducto del consejero jurídico, Carlos Felipe Fuentes del Río, había interpuesto ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que para esas fechas ya había obtenido dos órdenes de aprehensión contra Paul Andrew Rangel Merkley y Diego José Ramos de Castilla, apoderados legales de la empresa.

Cuitláhuac Bardán, vinculado en el pasado al exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca y a Marcelo Ebrard, ha sido asesor plenipotenciario de Mara Lezama desde que era presidenta municipal de Benito Juárez y así ha permanecido con ella en el gobierno del estado.

Este señalamiento de los ejecutivos de Aguakan sucede a unos días de que comparezcan ante un juez de control federal por esta denuncia penal, el próximo lunes 3 de marzo, quien los requirió para la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso en el Centro de Justicia Penal de Quintana Roo, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) e inducción de actividades delictivas.

Los ejecutivos llegarán a la audiencia protegidos con suspensiones de amparo contra cualquier tipo de detención, en caso de que el juez federal determine imponerles prisión preventiva como medida cautelar.

A finales de 2024 y principios de este año, los integrantes de la plana mayor de Aguakan tuvieron conocimiento de órdenes de aprehensión venidas de la FGR y emisión de fichas rojas de la Interpol.

Tras estos actos, DHC, sociedad mercantil propietaria de Aguakan, anunció el presunto hostigamiento jurídico implementado por el gobierno quintanarroense y confirmó denuncias penales por lavado de dinero.

Según Aguakan, esto se debió a la entrega de mil 55 millones de pesos en 2014 como contraprestación única a favor del gobierno estatal en diciembre del 2014, cuando se autorizó la ampliación de la concesión del servicio de suministro de agua potable y alcantarillado hasta el año 2053.

Como se recordará, en diciembre del 2023 el Congreso de Quintana Roo derogó la ampliación de dicha concesión y ordenó la entrega de los activos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), pero Aguakan tramitó una demanda de amparo y obtuvo una suspensión que la ha permitido continuar operando por más de un año.

En este contexto fue que preguntaron sobre el tema a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum en la conferencia de este miércoles.

En ella la mandataria afirmó que lo mejor es que Aguakan entregue la concesión, porque ha abusado de ella, pero también indicó que el servicio lo debe prestar el estado y no debe ser concesionado de nuevo a otra empresa o privatizarse, porque no funciona.

 

(Con información de Reforma y Proceso)

redacciónqroo@diariocambio22.mx

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