Despojos en Tulum: Fiscal General Promete Acción, pero Corrupción y Desacato persisten

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 7 de enero. El Fiscal General de Quintana Roo, Raciel López Salazar, aseguró que los despojos denunciados en Tulum y Benito Juárez están siendo atendidos de manera puntual.

Afirmó que la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales trabaja para garantizar la protección del patrimonio de las familias afectadas, subrayando que no se permitirá que nadie sea despojado de su propiedad.

Sin embargo, estas declaraciones contrastan con los hechos recientes expuestos en Tulum que exhiben fallas graves y corrupción dentro de la misma institución.

El contexto más emblemático de esta problemática es el caso del despojo sufrido por Federico Paterniti, empresario italiano naturalizado mexicano, cuyo predio en la zona hotelera de Tulum fue invadido violentamente en junio de 2024. Pese a múltiples órdenes judiciales para restituir la propiedad, la Fiscalía ha incumplido repetidamente, lo que llevó a un Juez de Control a imponer una multa de 108 mil 570 pesos y 36 horas de arresto administrativo al fiscal José Luis Pimienta Salvador, encargado del caso.

A pesar del Intento de Pimienta Salvador por revocar la sanción fue rechazado por el juez, quien calificó sus argumentos como excusas maliciosas. Alegó que no tenía obligación de supervisar la diligencia personalmente y cuestionó la identificación del predio, pero el juez concluyó que sus acciones evidencian desconocimiento jurídico y una omisión deliberada.

El caso de Paterniti es solo uno entre muchos en Tulum, donde el llamado “Cártel del Despojo” opera con impunidad. A través de documentos falsificados, prestanombres y complicidad de funcionarios, propiedades emblemáticas como Posada Margherita y La Eufemia han sido despojadas, dejando a trabajadores sin empleo y debilitando la seguridad jurídica en la región.

De tal manera, mientras el Fiscal General declara su compromiso con la justicia, los hechos apuntan a una Fiscalía atrapada en una maquinaria de corrupción que sigue despojando a familias y empresarios. Para los afectados la credibilidad en la procuración de justicia depende de acciones contundentes y no de discursos.

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