• La liberación de el hermano del Mencho, “Rodo”, mientras la FGR alega que la policía se confabuló con el CJNG y los tribunales tras negarse a otorgar órdenes de allanamiento.

 

  • En tanto se utiliza ese malabar jurídico de “mea culpa” para evadir responsabilidades, un enemigo público del estado mexicano retorna a las calles a seguir ensangrentado al país.

 

Redacción/CAMBIO 22

El hermano de “El Mencho”, Abraham Oseguera Cervantes “El Rodo”, ya salió de la prisión del Altiplano. Su liberación oficial fue impulsada por los abogados de “El Rodo” que presentaron una orden judicial que exigía su liberación en un plazo de 3 horas.

La FGR envió un comunicado de prensa en el que dio más detalles sobre lo que llevó a la detención de el Rodo. También alegan que la policía municipal estaba en contubernio con el CJNG para liberar a “El Rodo”.


Alegan además que el juez dio ventajas indebidas al equipo defensor del poderoso capo michoacano.

El requisito de liberar a “Don Rodo”

El domingo 28 de abril, el juez Rogelio León Díaz Villarreal dictaminó que el hermano de El Mencho, Abraham Oseguera Cervantes, “El Rodo”, debía ser liberado de prisión, pero no hubo confirmación de que Don Rodo realmente fuera liberado.

Al día siguiente, el 29 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo a los periodistas que “Don Rodo”, todavía estaba en la prisión de el Altiplano.

Se informó que la demora en su liberación se debió a un requisito que exige que se verifiquen los registros de los 32 estados de México para detectar otros cargos pendientes contra “Don Rodo” antes de su liberación.

Además, el Presidente Lopez Obrador afirmó que estaban preguntando al gobierno estadounidense si tenían algún cargo pendiente contra Don Rodo, diciendo “No queremos actuar apresuradamente, este es un tema delicado, hay información que se debe verificar de que esta persona tiene antecedentes”. de haber estado en procesos legales, judiciales en Estados Unidos”.

“Imagínese si procedemos demasiado apresuradamente y nos pasa algo parecido a lo que pasó en la administración anterior: un fin de semana simplemente dejaron en libertad al señor Caro Quintero. Y a la semana siguiente llega el reclamo y reactivan nuevamente la orden de aprehensión [pero] el señor Caro Quintero no estaba, ya se había ido. Era un fugitivo”.


Ese mismo día, los abogados del poderoso criminal presentaron una orden judicial que obligaría a los funcionarios penitenciarios del Altiplano a liberarlo en las próximas tres horas o enfrentarían multas.

Comunicado de la FGR condenando a juez y policía local 

Luego, alrededor de las 8:00 de la noche de ese mismo día, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un comunicado en Twitter en el que dijeron que apelarán el fallo del juez y podrán presentar cargos “contra diversas autoridades”.

Ellos escribieron:

“Como conducta judicial inapropiada que se negó a otorgar órdenes de allanamiento y dio credibilidad a videos editados de manera cuestionable; así como la negligencia del juez al abordar las acusaciones y pruebas de los graves delitos de El Rodo.

Y la ominosa sensación de que hay complicidad y encubrimiento por parte de la policía municipal de Autlán y sus directores policiales”.

Como conducta judicial inapropiada que se negó a otorgar órdenes de allanamiento y dio credibilidad a videos editados de manera cuestionable; así como la negligencia del juez al abordar las acusaciones y pruebas de los graves delitos del hermano del líder del CJNG. Y la ominosa sensación de que hay complicidad y encubrimiento por parte de la policía municipal de Autlán y sus directores policiales”.

“Fue en estas circunstancias que el Juez resolvió que dicha persona debía ser puesta en libertad, todo ello mientras el Juez ignoraba y omitía intencionalmente evaluar las acusaciones de los graves delitos cometidos por Abraham [El Rodo]”.

“Todo esto es una muestra más del injusto sesgo y la inconsistencia de criterios aplicados por los jueces, que no deben ser determinados por cada juez en particular, sino que deben ser determinados por la ley, como lo establece el artículo 19 de la Constitución General de la República. .”

La FGR relata detalles del allanamiento que capturó a El Rodo

Al final de su tuit, la FGR vinculó a un comunicado de prensa , que brinda más detalles sobre lo que llevó a la detención de “El Rodo” e información sobre cómo fue la logística de la audiencia, diciendo:

En las primeras horas de la mañana del 21 de abril, soldados de la Guardia Nacional vieron a tres personas afuera de la casa que portaban armas de fuego. Las tres personas amenazaron [a los soldados] y luego entraron a la casa, cerrando la puerta detrás de ellos.

Por lo anterior, efectivos de la Guardia Nacional se vieron obligados a perseguir a las personas que se encontraban al interior de la vivienda, ya que tienen la obligación legal de perseguir un hecho flagrantemente delictivo.

Al interior de la vivienda, los militares encontraron a Abraham [“El Rodo”] portando un arma de fuego de cañón largo calibre 5.56 x 45, así como una pistola calibre 9 milímetros.

Abraham llevaba una “billetera” que contenía 38 gramos de cocaína, 2.000 pastillas de fentanilo y 255 pastillas de fluoprofentanilo.

Fue detenido por posesión de estas armas de fuego y drogas, y fue trasladado en avión a la Ciudad de México, donde se presentó ante las autoridades judiciales.

Es muy importante señalar que durante ese incidente, familiares de Abraham intentaron ocultar la verdadera identidad de quién es, diciendo que en cambio era un hombre llamado “Rodolfo Garibay González”.

Se comprobó que dicha persona había obtenido una licencia con este nombre falso, lo que constituye en sí mismo un delito.

Oficiales de la Policía Municipal de Autlán, presentaron una denuncia contra los soldados de la Guardia Nacional por su actuación durante este incidente, a pesar de saber que los soldados actuaban con autoridad federal.

Los agentes apoyaron su denuncia legal con pruebas falsas obtenidas gracias a la connivencia y complicidad de la policía local, que llegó hasta el subdirector de la policía.

Esa misma colusión continuó cuando agentes de policía fueron presentados como testigos de la defensa de Abraham durante la audiencia.

Durante la audiencia para determinar si Abraham estaba legalmente detenido, Rodo y su equipo de abogados solicitaron que la audiencia se retrasara varios días para poder preparar adecuadamente su defensa, lo cual fue concedido.

Cuando tuvo lugar la audiencia, el equipo de la defensa presentó pequeños fragmentos de vídeo editados de forma no cronológica. El video presentado como evidencia no tenía los documentos técnicos adecuados que se necesitan para determinar si el metraje es creíble y no está alterado.


Sus videoclips no fueron entregados a los fiscales con suficiente antelación para el descubrimiento, como exige la ley. El vídeo fue entregado dos horas antes de la audiencia, lo que impidió a los fiscales evaluar la credibilidad de las imágenes. El hecho de que la defensa no entregara las imágenes a los fiscales de manera oportuna dejó a los fiscales incapaces de formular un argumento adecuado ante el tribunal.

Fue bajo estas circunstancias, y basándose en el video no verificado, que el juez dictaminó que la detención de Abraham era ilegal, mientras que el juez se negó a evaluar las acusaciones del estado sobre los graves delitos que cometió.

Debido a esta conducta judicial inadecuada, se le dio una ventaja injusta al demandado y esta es la base de nuestra apelación. Y de inmediato presentaremos denuncias judiciales contra la Policía Municipal de Autlán.

El Rodo ha salido Oficialmente de Prisión de El Altiplano

La versión publicada en el diario El Informador decía que esta mañana, 30 de abril, “fuentes dentro del sistema penitenciario” les dijeron que “El Rodo” había abandonado el Penal de El Altiplano.

Abundan en su versión al señalar que “la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo presentar otra causa penal contra el hermano de “El Mencho” para mantenerlo en prisión”.

La conversación más amplia sobre jueces en México

El presidente López Obrador ha destacado este incidente como un ejemplo de las imprecisiones que, según él, estaban presentes en un informe reciente del Departamento de Estado de EE. UU., los “Informes nacionales de 2023 sobre violaciones de derechos humanos”.


El informe, que se publica anualmente desde 1977, evalúa más de 100 países de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales.

La semana pasada, el presidente de México discrepó del informe de 2023 (que se publicará en 2024) sobre México , diciendo que el Departamento de Estado de Estados Unidos era “mentiroso” y que Estados Unidos era una nación “estancada” y “en declive”.

El presidente Obrador afirmó que el informe que se estaba redactando violaba la soberanía de México y presumiblemente la de todos los demás países analizados.

Vale la pena señalar que el informe presenta una lista completa de países, incluidos algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos, como Canadá y el Reino Unido .

Ayer, el Presidente utilizó el fallo del juez que liberó a Abraham Oseguera como ejemplo de por qué critica al poder judicial en México, diciendo : “Un juez quiere dejar en libertad a un presunto delincuente, un famoso”.

“Entonces, ¿es esto suficiente ahora para enviar un mensaje a [el Secretario de Estado de Estados Unidos] Blinken? ¿Al Departamento de Estado [de EE.UU.]? ¿Qué nos queda ahora? Mire usted está defendiendo a los jueces y mire lo que están haciendo.

El llamado específico del presidente Obrador al secretario Blinken es interesante.

En el comienzo del informe del Departamento de Estado incluye un resumen ejecutivo de los importantes cambios globales que está firmado por el secretario Blinken.

Este resumen menciona a México solo para elogiarlo por sus “avances en la implementación de reformas laborales en México, donde los trabajadores están superando obstáculos para organizarse y comenzar a mejorar las condiciones laborales”, que es un tema que la administración de AMLO ha priorizado.

En términos de relaciones internacionales, el llamado específico al avance de México en un área que AMLO ha defendido probablemente pretendía ser un gesto amistoso hacia la administración de Obrador.

Detalles del informe

El resumen específicamente del informe de México comienza con “no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en México durante el año”.

Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes creíbles de:

ejecuciones ilegales o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales;

desaparición forzada; torturas o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad;


condiciones carcelarias duras y potencialmente mortales

arresto o detención arbitraria

graves problemas con la independencia del poder judicial;

graves restricciones a la libertad de expresión y la libertad de prensa, incluida la violencia contra periodistas y la aplicación o amenaza de hacer cumplir leyes penales sobre difamación para limitar la expresión; grave corrupción gubernamental;

violencia generalizada de género, incluida la violencia doméstica o de pareja, la violencia sexual, la violencia en el lugar de trabajo, el matrimonio infantil, precoz y forzado, el feminicidio,

El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó las declaraciones del informe sobre los conflictos de su administración con el poder judicial, los grupos locales de derechos humanos y los ataques personales contra miembros de la prensa, incluido el doxing de un escritor del New York Times.

Cuando el informe cubrió el poder judicial de México, destacó un caso de corrupción de cárteles en el poder judicial sin el contexto completo de la situación. El informe escribe sobre el poder judicial:

Denegación de Juicio Justo

Aunque la constitución y la ley establecían un poder judicial independiente, las decisiones judiciales eran susceptibles de influencia indebida por parte de entidades públicas y privadas, particularmente a nivel estatal y local, así como por organizaciones criminales transnacionales. En ocasiones, las autoridades no respetaron las órdenes judiciales y en ocasiones se ignoraron las órdenes de arresto, lo que concuerda con la falta de independencia judicial y estado de derecho en todo el sistema legal. En todo el sistema de justicia penal, muchos actores carecían de la formación y la capacidad necesarias para desempeñar sus funciones de manera justa y coherente, de conformidad con el principio de igualdad de justicia.

El presidente López Obrador y otros actores del gobierno atacaron verbalmente al poder judicial, particularmente a la Corte Suprema, criticando a los jueces que fallaron en contra de la administración en numerosas ocasiones. En marzo, durante una manifestación masiva en Ciudad de México, partidarios del gobierno quemaron una efigie de la presidenta del Tribunal Supremo Norma Piña, acusándola de corrupción.

En mayo, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, encabezó una manifestación en Ciudad de México donde sus partidarios llevaron ataúdes con los nombres de siete de los 11 magistrados de la Corte Suprema y los acusaron de ponerse del lado de oponentes conservadores y fallar en contra de las prioridades de la administración.

El 16 de junio, la Guardia Nacional detuvo a la jueza Angélica Sánchez Hernández sin orden de arresto en la Ciudad de México por presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencias luego de que ordenara la liberación de la prisión preventiva del sospechoso de asesinato Itiel Palacios.

Un juez federal ordenó su liberación inmediata luego de concluir que las autoridades locales violaron la suspensión de una orden judicial que Hernández obtuvo el 9 de julio.

Las autoridades previamente arrestaron a Sánchez Hernández el 5 de junio por presuntamente disparar contra agentes de policía, lo cual ella negó, y luego fue liberada. Permaneció bajo arresto domiciliario mientras continuaban las investigaciones.

Entonces, por un lado, la sección comienza reconociendo el problema de los grupos de cárteles (u “organizaciones criminales transnacionales”) que corrompen el sistema judicial, pero por otro lado tampoco destaca que el “sospechoso del asesinato”, Itiel Palacios, es una figura conocida del cartel y había una gran preocupación por la corrupción del cartel en torno a la liberación de Itiel.

Dicho esto, optar por detener a jueces sin una orden de arresto es una medida ineficaz (y fácilmente revertida).

Evitar acciones como esa fortalecería la atención prestada al problema real de la corrupción de los cárteles.

 

Fuentes: Tweet de la FGR , Comunicado de Prensa de la FGR , El Universal , Milenio , Informador , Milenio , Informes País sobre Derechos Humanos 2023: México

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