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• Un conflicto de tierras que enfrentan ejidatarios, empresarios e instituciones

 

• Ejidatarios denuncian operativos violentos, presión inmobiliaria y parcelamientos irregulares mientras un sector empresarial acusa al activista español de “agitar invasiones”.

 

• Pese a versiones no verificadas de investigación penal, Oceransky ha logrado suspender megaproyectos como Ciudad Maderas y frenar desarrollos que violan leyes ambientales y agrarias.

 

 

Gabriel Hernández/ CAMBIO 22

La disputa por la tierra en Ixil estalló cuando intereses privados, autoridades estatales y actores extranjeros comenzaron a chocar en un territorio donde el valor de cada hectárea creció más rápido que la capacidad de las comunidades mayas para defenderla.

En medio de operativos policiacos, desalojos cuestionados y presiones inmobiliarias, apareció el nombre del empresario español Sergio Oceransky Losana, una figura que divide a Yucatán, para unos es un agitador que manipula ejidos en beneficio de negocios eólicos millonarios y para otros un defensor ambiental que ha frenado megaproyectos irregulares.

Lo cierto es que su irrupción reveló la batalla silenciosa que se libra hoy por el control de la tierra en la península, donde la burbuja inmobiliaria y el auge energético chocan de frente con los derechos agrarios y el corazón del territorio maya.

Detrás de la disputa estaba la tensión entre familias mayas que reclaman el control de sus tierras y empresarios inmobiliarios interesados en parcelar la zona, en un contexto donde Yucatán vive una burbuja de desarrollos especulativos y lotes de inversión.

El empresario español Sergio Oceransky Losana, quien se refiere como codirector de Yansa y promotor de proyectos de energía eólica, habría asesorado a ejidatarios de Ixil en las ocupaciones de tierras, diversas grupos empresariales lo acusan de manipular a los pobladores e impulsar la invasión de predios privados presuntamente vinculados a compañías eólicas asociadas al empresario Benigno Villarreal del Río.

Varios medios locales han descrito al empresario como un “defensor ambientalista” que en realidad actúa para obtener ganancias de los proyectos eólicos.

Incluso señalan que “no hay despojo de tierras ejidales” porque los predios fueron vendidos legalmente a empresas privadas años antes.

Algunas investigaciones sugieren que la FGE abrió una carpeta de investigación con número 654/2025  por estos hechos, pero la fiscalía no ha hecho pública esa información, por lo que se trata de acusaciones extraoficiales.

Rol de Yansa en Yucatán

Yansa, cuyo nombre completo es Yansa S.A.P.I. de C.V., ha sido clave por su enfoque en proyectos energéticos en el sureste y por establecer alianzas para desarrollar infraestructura:

• Proyecto Clave: Yansa ha estado vinculada al desarrollo del parque eólico Eoliatec en el municipio de Tizimín. Este proyecto, junto con otros, ha sido objeto de estudio por los mismos conflictos territoriales y de transparencia que usted describe.

 

• Modelo de Negocio: La compañía opera bajo el mismo esquema de productores independientes de energía (PIE) o autoabastecimiento, buscando asegurar contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPAs) para la energía generada.

 

• Controversia: Al igual que las empresas de capital extranjero, Yansa se ha enfrentado a controversias y litigios agrarios con comunidades ejidales en Yucatán por los términos de arrendamiento de la tierra.

 

Incluir a Yansa es importante porque demuestra que la problemática de la opacidad en la renta de tierras y la asimetría de poder no es exclusiva de las compañías extranjeras (como Iberdrola o Enel), sino que es un problema estructural del modelo de desarrollo eólico en México.

Activismo comunitario y defensa del territorio

La misma persona acusada de usurpación aparece en otros medios como defensor del territorio, Sergio Oceransky es cofundador y director de Fundación Yansa, una organización que busca impulsar proyectos de energía renovable controlados por las comunidades.

En 2019, La Jornada Maya lo describió como un asesor que “no busca lucro” y que trabaja con los ejidatarios de Ixil para garantizar que mantengan el control sobre sus recursos.

Más recientemente, Oceransky encabezó una rueda de prensa con Consejos Comunitarios de Ixil, Kinchil, Santa María Chí, Dzitnup, Sisal y Molas. Allí informó que el Juzgado Tercero de Distrito había concedido la suspensión definitiva del megaproyecto inmobiliario Ciudad Maderas, en Progreso, tras denuncias por daños ambientales.

Según narró, presentó una denuncia en 2023 ante la PROFEPA por el impacto del proyecto sobre la selva y los humedales costeros; al no obtener respuesta, interpuso otra en 2025 ante la Fiscalía General de la República y finalmente consiguió que un juez detuviera las obras.

Durante esa conferencia, Oceransky señaló que las tierras en disputa eran ejidales de uso común parceladas y privatizadas en violación de la Ley Agraria.

También denunció que muchas personas no se unieron a la demanda por temor a represalias y criticó que en México se criminalice a quienes defienden el territorio, mientras se protege a intereses privados.

Otro reporte confirma que Oceransky presentó un amparo contra el cierre de la investigación de PROFEPA y que el juzgado ordenó suspender el proyecto de Ciudad Maderas.

¿Empresario oportunista o defensor ambiental?

La figura de Sergio Oceransky divide opiniones en Yucatán, para algunos medios alineados con el sector inmobiliario, el español es un agitador que incita a los ejidatarios de Ixil a cometer invasiones y se aprovecha de la causa ambiental para beneficiar a empresas eólicas privadas, esos textos lo comparan con Hernán Cortés y aseguran que sus proyectos son un negocio sin futuro porque la política energética federal favorece a los combustibles fósiles.

Por otro lado, organismos civiles y reportajes de investigación lo describen como un activista que lucha contra la colonización inmobiliaria y apoya a las comunidades mayas en la defensa de su territorio.

En la revista Jaltun, Oceransky denunció que las empresas Millet y Abimerhi pretendían quedarse con cientos de hectáreas en Ixil y que actuaron con apoyo de la policía estatal.

Señaló que los ejidatarios resistieron pese a amenazas y que hay colusión entre empresarios y autoridades municipales.

El activista también participó en una conferencia de prensa en octubre de 2025 donde representantes comunitarios celebraron suspensiones definitivas contra la Zona Metropolitana de Mérida, el parque eólico Chicxulub y el propio proyecto Ciudad Maderas.

Un punto clave en la trayectoria de Sergio Oceransky y la Fundación Yansa ocurrió en el municipio de Kinchil, donde su articulación con comunidades mayas derivó en la clausura de las obras ilegales que la empresa Crío realizaba en el sitio arqueológico de Tzemé.

La PROFEPA confirmó la suspensión tras documentar devastación ambiental, afectación a selva nativa y daños sobre vestigios mayas de alto valor histórico, una acción que los habitantes calificaron como un triunfo en la defensa de su territorio. El episodio evidenció la capacidad de Oceransky para influir en procesos comunitarios y legales, pero también alimentó la controversia sobre su intervención directa en conflictos socioambientales, pues mientras sus aliados celebran la clausura como un logro, otros sectores señalan que sus métodos y motivaciones responden a intereses económicos vinculados al negocio eólico y al control político de las comunidades rurales.

En la misma, la comisaria Peregrina Cutz explicó que no se oponen a las energías limpias, pero exigen consulta libre e informada y criticó que el parque eólico de Chicxulub generaría energía para empresas privadas y no para Ixil.

Los proyectos de energía eólica en Yucatán son objeto de fuertes disputas, la península posee condiciones favorables para captar viento, y empresas privadas han presentado al menos 24 iniciativas de generación limpia, aunque el gobierno federal prioriza los proyectos de hidrocarburos.

Al mismo tiempo, Yucatán sufre una burbuja inmobiliaria con más de 300 desarrollos, muchos de ellos en territorios mayas, comunidades como Ixil, Kinchil y Santa María Chí denuncian que promotores y notarios han parcelado ilegalmente tierras ejidales y que cuentan con la complicidad de autoridades municipales y estatales.

Oceransky y la Fundación Yansa argumentan que cualquier proyecto de energía debe ser comunitario y respetar los derechos agrarios de los ejidatarios.

En una entrevista, Yansa dijo que su misión es facilitar que las comunidades participen directamente en la transición energética y mantengan el control de sus recursos.

Las denuncias que él y otras organizaciones han impulsado lograron suspender proyectos como Ciudad Maderas y el parque eólico Chicxulub, evidenciando cómo comunidades mayas utilizan herramientas legales para defender su territorio.

El ejido de Ixil muestra la complejidad de los conflictos por la tierra en Yucatán, Sergio Oceransky es a la vez acusado por sectores empresariales de agitar invasiones y denunciado por comunidades y organizaciones como un defensor ambientalista que usa el derecho para frenar proyectos irregulares.

Hasta ahora, no existen comunicados oficiales de la Fiscalía General del Estado que confirmen una orden de captura o una investigación penal en su contra, habrá que esperar las diligencias pertinentes en caso de que existan.

En contraste, sí hay constancia de que ha obtenido resoluciones judiciales contra proyectos inmobiliarios que vulneran la legislación ambiental y agraria, habrá que analizar con cuidado las fuentes de información y a no confundir la defensa legal del territorio con la agitación social, la comunidad yucateca aún enfrenta el reto de conciliar el impulso de energías limpias con la protección de sus tierras y su patrimonio cultural.

En los últimos años, empresas españolas dedicadas a la energía eólica han desembarcado con fuerza en varios municipios de Yucatán, invirtiendo sumas multimillonarias bajo acuerdos cuyos términos completos no han sido revelados públicamente. Aunque se presume que estos proyectos forman parte de una estrategia para diversificar la matriz energética, persisten dudas sobre la cantidad real de energía que generan, los beneficios concretos para el Estado y los criterios de evaluación utilizados para otorgar permisos y concesiones. Este hermetismo ha alimentado cuestionamientos sobre la falta de transparencia y los posibles vacíos regulatorios que permiten a las compañías operar con amplias ventajas y escasa supervisión.

Si bien es cierto que la presencia de estas empresas ha generado una derrama económica visible en algunas comunidades mediante empleos temporales, renta de terrenos y contratos de servicios también ha otorgado a los consorcios un poder considerable en zonas rurales vulnerables, el modelo de negocio de la energía eólica depende de obtener grandes extensiones de tierra a bajo costo, un objetivo que suele aprovechar la necesidad económica de los ejidatarios y la débil protección institucional.

Actores Principales y Magnitud de la Inversión

La inversión multimillonaria en Yucatán está dominada por capital español y mexicano, que han desarrollado parques eólicos con una capacidad instalada significativa, principalmente en el oriente del estado.

Actor Empresarial	Origen	Proyecto Clave	Datos Clave (Potencia/Inversión)
Enel Green Power	España (Italia)	Vientos de Yucatán (Dzilam de Bravo)	160 MW / ~4,200 Millones MXN
Iberdrola / Neoen	España/Francia	Parque PIER (Tizimín)	70 MW / ~3,300 Millones MXN
Yansa S.A.P.I. de C.V.	México	Proyectos en Tizimín (Eoliatec)	Potencia significativa / Inversión de miles de millones MXN

 

Dato Clave 👉 Los dos parques eólicos operativos más grandes (Enel e Iberdrola) suman una potencia instalada de casi 230 MW y representan una inversión superior a los 7,500 millones de pesos.

El modelo de negocio eólico en Yucatán se sostiene sobre una base de opacidad financiera y asimetría territorial sistémica, la falta de transparencia en los contratos de compraventa de energía (PPAs) oculta que la energía generada no beneficia directamente al consumo local, sino que se inyecta al Sistema Interconectado Nacional (SIN) para ser vendida a grandes corporativos bajo esquemas de autoabastecimiento, mientras que las empresas gozaron de Certificados de Energías Limpias (CELs) sin que esto se reflejara en tarifas eléctricas más bajas para los yucatecos.

Esta dinámica se replica en el plano social, donde la necesidad de asegurar vastas extensiones de tierra a bajo costo ha generado conflictos ejidales y denuncias por despojo en municipios como Tizimín y Dzilam de Bravo; la participación de empresas nacionales como Yansa en estas controversias demuestra que la vulnerabilidad de los ejidatarios es una falla estructural del marco legal mexicano, el cual no ha adaptado la Ley Agraria para proteger adecuadamente los derechos territoriales ante los contratos de arrendamiento a largo plazo impulsados por la presión de la inversión privada, sin importar su origen.

En un mercado global donde la energía eólica es altamente lucrativa, estas compañías buscan asegurar su expansión en Yucatán incluso cuando México no considera aún a este sector como una prioridad estratégica, lo que deja a las comunidades expuestas a relaciones asimétricas, decisiones opacas y presiones externas sobre el uso y destino de su territorio.

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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