• Empleados municipales denuncian pagos atrasados, despidos masivos y presunto uso indebido de recursos públicos en medio de una crisis de liquidez.

 

  • El riesgo de impago de aguinaldos y la inconformidad laboral amenazan con desatar una crisis social en pleno cierre del año turístico en Solidaridad.

 

 

Redacción/ CAMBIO 22

Playa del Carmen, Quintana Roo.- La crisis financiera dentro del Ayuntamiento de Solidaridad (Playa del Carmen) ha llegado a un punto crítico, desde hace dos meses, trabajadores municipales denuncian que sus quincenas se pagan con retraso, de forma incompleta y sin una fecha clara de regularización, esta situación según fuentes internas y personal sindicalizado, se atribuye a una presunta malversación de fondos públicos y uso discrecional del presupuesto por parte de altos funcionarios.

En el centro de la polémica están el tesorero municipal Javier Regalado Hendriks y la propia alcaldesa Estefanía Mercado, a quienes testimonios acusan de destinar recursos del erario a gastos personales, viajes, lujos, promoción política y además de obra pública inecesaria, en detrimento de las obligaciones salariales del municipio.

Playa del Carmen, uno de los principales destinos turísticos del Caribe mexicano, enfrenta una grave crisis financiera en su gobierno municipal, la falta de liquidez ha derivado en pagos atrasados a empleados y despidos masivos, en fuerte contraste con la imagen de prosperidad que proyecta esta ciudad costera.

Gran parte del problema de fondo en muchos ayuntamientos morenistas no solo radica en los aviadores, sino también en la desproporción administrativa con que estructuran sus gobiernos desde el primer día. Al llegar al poder, crean direcciones, subdirecciones y coordinaciones innecesarias, muchas veces duplicadas, solo para colocar aliados, familiares o compromisos políticos, direcciones que en condiciones normales deberían operar con cinco o seis personas, terminan teniendo plantillas de veinte o treinta empleados, generando un sobrecargo de nómina insostenible desde el arranque.

A ello se suman los pasivos heredados por la administración saliente, deudas con proveedores, liquidaciones pendientes y contratos inflados que dejan las arcas municipales en crisis. En lugar de corregir, los nuevos gobiernos suelen repetir el ciclo justificando nuevos nombramientos bajo el argumento de “reestructuración” mientras siguen contratando personal de confianza, incrementando aún más la presión sobre las finanzas.

En cuestión de meses, la nómina se convierte en una bomba de tiempo, el 80 % del presupuesto se va en sueldos y compensaciones, y ya no queda margen para inversión ni servicios públicos.

Cuando el déficit se vuelve imposible de ocultar, la respuesta es la misma, despidos masivos, paralización de proyectos y endeudamiento. Así, el colapso financiero no es casualidad, sino la consecuencia directa de una gestión improvisada, clientelar y carente de planeación, donde el “interés político personal” pesa más que la estabilidad institucional.

Despidos masivos y pretexto de “aviadores”

La respuesta de la administración de Estefanía Mercado ante este colapso financiero ha sido drástica, en la última semana, el Oficial Mayor, Guillermo Brahms, ordenó el despido masivo de alrededor de 500 trabajadores del Ayuntamiento.

Las autoridades enmarcan el recorte dentro de una “reestructuración administrativa” y aseguran que el objetivo es depurar la nómina para eliminar a los llamados “aviadores” (personas que cobran sueldo sin trabajar) Brahms afirmó en un comunicado que la presidenta municipal le dio el mandato claro de que “quien no trabaje, no debe cobrar”, subrayando que buscan una nómina compuesta solo por personal activo y productivo, con cada peso del erario debidamente justificado.

Esta revisión en Recursos Humanos, dijo, comenzó tras detectar irregularidades y empleados que cobraban sin presentarse a laborar, asegurando que forma parte de los esfuerzos de Mercado por fortalecer la eficiencia y la transparencia en la gestión pública.

Sin embargo, la versión oficial contrasta con los testimonios de los propios trabajadores afectados.

“Nos están corriendo porque ya no hay dinero. Pero los familiares, amigos, recomendados y operadores políticos de Estefanía y del Partido Verde siguen cobrando sin trabajar”, denunció un empleado despedido bajo anonimato, reflejando el sentimiento de injusticia entre quienes han perdido su trabajo.

De acuerdo con testimonios de empleados y fuentes internas, el verdadero trasfondo de los despidos no obedece a una repentina cruzada contra la corrupción, sino al enorme boquete financiero que enfrenta el Ayuntamiento. Este déficit habría sido provocado, por un lado, por el presunto saqueo de recursos públicos, y por otro, por el exceso de compromisos políticos y administrativos que rebasaron la capacidad presupuestal.

En otras palabras, se estarían sacrificando plazas tanto de legítimos trabajadores que sí cumplían sus funciones como también, los que ocupan puestos injustificados, todo esto para intentar compensar los desvíos atribuidos a una red de aviadores y altos mandos privilegiados, responsables de haber inflado la nómina y comprometido las finanzas municipales desde el inicio de la administración.

Cabe señalar que la medida de depuración ha generado inconformidad y protestas veladas dentro del Ayuntamiento, aunque Guillermo Brahms insiste en que el gobierno se mantiene al corriente en el pago de sueldos y que simplemente se está “manteniendo una plantilla laboral real”, la realidad pintada por los trabajadores difiere.

Desde septiembre, numerosos empleados incluyendo personal de confianza y sindicalizados relatan recibir sus pagos tarde y hasta con recortes, sin una comunicación clara de cuándo se normalizará la situación. La incertidumbre y el malestar van en aumento, pues la confianza depositada en Estefanía Mercado (quien ganó la alcaldía prometiendo un cambio honesto y austero) se ve traicionada por lo que describen como las mismas viejas prácticas que Morena juró erradicar.

Aguinaldos en riesgo y malestar social inminente

Lo más alarmante es lo que podría suceder en las próximas semanas, personal administrativo del Ayuntamiento advierte que, de no corregirse el rumbo financiero, no habrá recursos para pagar los aguinaldos de diciembre la prestación anual obligatoria de más de 6 mil empleados municipales.

En pleno noviembre, no existe provisión presupuestal para enfrentar este compromiso, lo que podría derivar en un escenario inédito de impago que golpee directamente la economía de miles de familias playenses, las posibles consecuencias de dejar a los trabajadores sin aguinaldo serían catastróficas para la gobernabilidad local, incluyendo:

  • Manifestaciones y paros laborales de los empleados afectados, exigiendo sus derechos.

  • Colapso en servicios públicos esenciales, desde la recolección de basura hasta la seguridad pública y trámites administrativos, ante un posible ausentismo o huelga del personal.

  • Inestabilidad social en temporada alta turística, con protestas y malestar ciudadano justo cuando la ciudad recibe a miles de visitantes a fin de año.

Empleados del Ayuntamiento consultados señalan que ya se siente el ambiente de preocupación y enojo “El golpe más fuerte aún no llega”, comenta un funcionario administrativo, refiriéndose a la proximidad de diciembre y la falta de dinero para las nóminas extra de fin de año, si los temores se confirman, Playa del Carmen podría enfrentar un fin de año turbulento, con su gobierno local prácticamente en bancarrota operativa.

Paradójicamente, los recortes no han tocado a ciertos privilegiados dentro de la administración, Llama la atención y causa indignación que, según los denunciantes, se esté dejando sin empleo al personal de base que sostiene a sus familias, pero se mantenga intacta la protección a los allegados del grupo en el poder, de acuerdo con estas versiones, hay sectores “intocables” en la nómina municipal:

  • Familiares directos de la presidenta Estefanía Mercado que cobran un sueldo sin presentarse a trabajar, es decir, auténticos aviadores con lazos de sangre o compadrazgo.

  • Una nómina paralela del Partido Verde, operada supuestamente por el regidor Fernando Muñoz, donde se mantienen aviadores y operadores políticos con salarios elevados, cuyas plazas no han sido recortadas a pesar de la crisis.

Es decir, mientras el empleado raso ve peligrar su sustento, los puestos de corte político-clientelar se mantienen, “Se despide al trabajador que sí cumplía, pero se protege al operador político que ni pisa su oficina”, resume con amargura un ex empleado municipal.

Esta acusación de nepotismo y favoritismo partidista sugiere que la depuración de la nómina anunciada por Guillermo Brahms estaría siendo aplicada de forma selectiva, los sacrificados serían los trabajadores comunes, no los más cercanos al poder.

La dimensión política del problema también es significativa, Morena llegó al poder en Playa del Carmen abanderando principios de honestidad, austeridad y transformación; sin embargo, a poco más de un año de gobierno, la administración local parece responder enteramente a los intereses del Partido Verde Ecologista (aliado de Morena), partido que en Quintana Roo ha sido históricamente señalado por prácticas de clientelismo, manipulación electoral y repartición de cuotas.

Muchos militantes morenistas locales se sienten desplazados y traicionados por lo que consideran una “cooptación” verde del gobierno municipal, en palabras de un líder morenista relegado de la actual administración:

“Playa del Carmen está secuestrada por el Verde. Estefanía no gobierna para el pueblo, gobierna para su grupo”, sentencia que resume la percepción de que la alcaldesa habría entregado el control de la comuna a una cúpula ajena a los principios que pregonó en campaña.

Esa disonancia entre el discurso oficial y la realidad se refleja también en las calles de Playa del Carmen, mientras en las avenidas turísticas principales abundan los espectaculares del Ayuntamiento hablando de “transformación” y “honestidad”, los barrios populares cuentan otra historia, calles sin pavimentar, drenajes colapsados, colonias enteras a oscuras por falta de alumbrado público.

Cuando la nómina municipal se encuentra sobreinflada como ocurre actualmente en Playa del Carmen el impacto no se limita a los retrasos en los pagos o los despidos masivos, desestabiliza toda la estructura operativa del Ayuntamiento, con una masa salarial que consume hasta el 80 % del presupuesto disponible, las direcciones municipales quedan sin recursos para cumplir sus funciones básicas, sin liquidez los contratos con proveedores se detienen, los mantenimientos se suspenden y los servicios públicos comienzan a deteriorarse.

En esta situación, áreas como Servicios Públicos, Parques y Jardines, Alumbrado, Seguridad y Obras Públicas quedan prácticamente paralizadas, las empresas que surten combustible, refacciones o materiales de mantenimiento dejan de prestar servicio ante los impagos; los camiones recolectores operan con fallas mecánicas, las patrullas se quedan sin gasolina y los parques se cubren de maleza.

El círculo vicioso es claro, el gasto desmedido en nómina no solo genera una crisis financiera, sino también una crisis de funcionamiento, donde el ciudadano paga el precio del desorden interno, viendo cómo su ciudad se deteriora mientras los recursos públicos se diluyen entre compromisos políticos, nepotismo y mala gestión administrativa.

En medio de esa realidad, el gobierno municipal decidió invertir más de 40 millones de pesos en la construcción del nuevo “Arco de Acceso” de Playa del Carmen, presentado como un símbolo de modernidad y orgullo turístico.

La obra, parte de un programa de imagen urbana que ronda los 228 millones de pesos, busca proyectar una ciudad renovada, pero en los hechos se ha convertido en emblema del derroche y la desconexión con las verdaderas necesidades de la población, mientras se levantan monumentos de bienvenida para los visitantes, la segunda ciudad más importante de Quintana Roo enfrenta retrasos en el pago de nómina, despidos masivos y el riesgo de no contar con fondos suficientes para cubrir los aguinaldos de sus más de seis mil empleados.

En ese contexto, destinar recursos millonarios a una estructura estética, mientras colonias enteras carecen de servicios básicos, no solo es una contradicción política, es una muestra del uso superficial del presupuesto público y del abandono de la ciudadanía que sostiene a Playa del Carmen.

Playa del Carmen, joya turística del Caribe mexicano, vive una crisis política y financiera sin precedentes, el Ayuntamiento carece de liquidez, acumula deudas y retrasa pagos a empleados, mientras recurre a despidos masivos para intentar sostener una administración que se desmorona. Las denuncias por derroche, viajes injustificados y presunta corrupción contrastan con el abandono de los servicios públicos y la falta de respuesta ante los problemas de seguridad e infraestructura.

La ciudad, motor económico de Quintana Roo, enfrenta así el costo de una gestión marcada por el desorden financiero y la pérdida de rumbo institucional, donde las prioridades políticas se impusieron sobre las necesidades reales de la población.

La promesa de transformación se ha tornado en decepción para muchos, si no se toman medidas urgentes y transparentes para enderezar el rumbo, el gobierno de Estefanía Mercado podría terminar naufragando en medio de protestas, parálisis de servicios y una pérdida absoluta de confianza pública, dejando a Playa del Carmen sumida en una crisis sin precedentes en su historia reciente.

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

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