Jimena Madrigal / CAMBIO 22

Edgar Mora Ucán, director de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables en Benito Juárez, afirmó que las cámaras de solapa que portan los elementos de la Policía Municipal no solo han permitido esclarecer quejas por presunto abuso de autoridad, sino que también han servido para proteger a los propios agentes ante denuncias infundadas.

Según el funcionario, la videograbación se ha convertido en una herramienta objetiva que evita interpretaciones y permite verificar con precisión lo ocurrido durante una detención.

“Las cámaras garantizan que existe un registro real de los hechos, lo que brinda certeza tanto a la ciudadanía como a los servidores públicos”, explicó.

Refirió que en los últimos dos meses se recibieron ocho quejas, principalmente relacionadas con detenciones, en cuatro casos se utilizó la videograbación para esclarecer lo ocurrido, lo que permitió cerrar expedientes o deslindar responsabilidades.

Mora Ucán, señaló que en Quintana Roo, 80% de las quejas presentadas ante Derechos Humanos están vinculadas al uso de la fuerza durante detenciones, por lo que el registro de video se ha vuelto determinante.

Abundó que con el fin de reforzar el respeto a protocolos y evitar actuaciones fuera de la ley, la Secretaría de Seguridad Ciudadana comenzó un programa de capacitación para 200 elementos de diferentes áreas operativas.

“La Ley Nacional del Uso de la Fuerza es clara, y los agentes deben aplicarla estrictamente. La capacitación y la videovigilancia ayudan a garantizarlo”, afirmó.

 

 

 

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