La Primera Prueba de Fuego

 Darío Celis/ CAMBIO22

A NORMA SOLANO LE tocó arrancar con el pie en el acelerador. La nueva comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) no sólo estrena puesto y organismo, sino que carga con la prueba más compleja del nuevo marco legal.

Hablamos de poner en marcha el sistema de verificación de identidad móvil en todo el país. La ley le da 120 días hábiles, plazo que empezó a correr desde el 17 de octubre, cuando se integró el regulador, para emitir los lineamientos que obligarán a Telcel de Daniel Hajj, AT&T de Mónica Aspe, Movistar de Camilo Aya y demás operadores, a validar la identidad de los usuarios o suspender sus líneas. Suena simple. No lo es. Solano llega a un regulador recién creado, sin estructura consolidada y bajo escrutinio político.

Debe diseñar un sistema nacional de validación, coordinar bases de datos, garantizar seguridad de la información y, al mismo tiempo, no dinamitar el negocio de la telefonía móvil.

Porque si la implementación se hace sin calendario realista ni respaldo técnico, los operadores podrían perder millones de líneas activas, ingresos y, con ello, apetito de inversión en un sector que ya enfrenta altos costos de espectro, competencia desigual y menor rentabilidad.

Desde el sector piden que Solano abra la mesa. No para frenar la ley, sino para aterrizar un plan con tiempos reales y reglas claras. Si escucha a la industria, la CRT nace con fuerza; si no, empieza con el pie izquierdo.

Estas medidas coinciden con una tendencia más amplia de preocupación por la privacidad y el control de datos en México. Las recientes reformas fiscales le otorgan al SAT un acceso directo a plataformas como Netflix de Reed Hastings, Uber de Dara Khosrowshahi y otras aplicaciones de streaming o servicios digitales para monitorear operaciones.

Además, vendedores y compradores en plataformas, como Mercado Libre de Marcos Galperin y Amazon de Jeff Bezos, tienen que dar su RFC o CURP, lo que amplía el rastreo individual de consumo y transacciones.

Aunque el objetivo declarado es mejorar la recaudación y combatir la evasión, los críticos advierten que el marco carece de salvaguardas suficientes y podría abrir la puerta a una vigilancia fiscal permanente, erosionando la confianza de los usuarios y acercando al país a una especie de “identidad digital obligatoria” sin controles claros.

EL EQUIPO DEL secretario de la Marina, almirante Raymundo Morales Ángeles, está decidido a recuperar la operación del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), incluyendo la aviación general, que aún controla Operadora de Aviación General (OAG), que dirige Miguel Simón Galindo. Tras una larga lista de denuncias de empresas de aviación ejecutiva y taxis aéreos, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por lavado de dinero y fraude fiscal contra los empresarios que detentan la zona de aviación privada por casi 40 años. Además de Simón, están involucrados Estrella Baz, directora de Servicios Aéreos Estrella (SAE), y José Luis Parra, el administrador.

Y es que OAG se ha beneficiado por adelantado de rentas estratosféricas que cobra a sus arrendatarios a cambio de realizar arreglos estéticos y manejar el control de acceso, en lugar de realizar inversiones en la terminal aeroportuaria. Durante años, OAG y SAE se beneficiaron de recursos judiciales que extendieron sus contratos, desincentivando el crecimiento y de los operadores aéreos privados.

La historia podría tener un punto final a favor de la Marina, que tendría en el corto plazo ingresos aeroportuarios suficientes para reparar pistas y rodajes del aeropuerto de Toluca. No olvidemos que el AIT, a cargo del almirante José Carlos Vera, es el principal aeropuerto de operaciones privadas de toda Latinoamérica y cuyos ingresos dependen 90% de la aviación general. Y aunque Simón, Baz y Parra se dicen perseguidos por los marinos, lo cierto es que están solos en la disputa y deberán responder en las próximas semanas las denuncias presentadas no sólo ante los pupilos de Alejandro Gertz Manero, sino también por la Unidad de Inteligencia Financiera, que comanda Omar Reyes, y la Procuraduría Fiscal, al mando de Grisel Galeano.

NO PIERDA DE vista a tres personajes que podrían incorporarse de un momento a otro a una de las posiciones más relevantes del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, a un año de haber llegado a Palacio Nacional. Se tratan de Lázaro Cárdenas Batel, el actual jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; Alfonso Ramírez Cuéllar, el diputado federal de Morena secretario de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, y el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

En este primer año de administración otros cuatro se afianzan como los más cercanos colaboradores y de mayor confianza de la doctora: la secretaria de Energía, Luz Elena González; el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino.

ALEJANDRO BAILLÈRES GUAL, el hijo de Alberto Baillères González, es el presidente del Grupo Bal, del que descuelgan todos los negocios que fundó su padre: la cadena de tiendas departamentales Palacio de Hierro, la aseguradora GNP (Grupo Nacional Provincial), la Afore Profuturo, las mineras Fresnillo y Peñoles y la Casa de Bolsa Valmex, entre otros. Es considerado el tercer magnate mexicano, atrás de Carlos Slim y Germán Larrea. Muy al principio, cuando Citi dio a conocer su intención de desincorporar Banamex, el también dueño del ITAM y la cadena de joyerías Tane se interesó.

Incluso, fichó al que fuera el último gobernador del Banco de México de la era neoliberal, Alejandro Díaz de León, hoy director corporativo de su conglomerado. Le contamos todo esto porque Baillères, junto con otro par de empresarios mexicanos, van a adquirir el segundo paquete de acciones precisamente de Banamex. El hombre de negocios asumiría un 4% y acompañará a Fernando Chico Pardo.

L DIÁLOGO SOBRE el T-MEC ya está en todos lados. Esta semana, el Forecast on Latin America and the Caribbean, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, puso el acento en el acuerdo para reavivar el diálogo y promover la integración energética regional. El futuro es intensivo en electricidad, ya sea por Inteligencia Artificial, centros de datos o manufactura avanzada, de ahí que México podría incrementar su demanda eléctrica en 1.5 gigawatts hacia 2030. Norteamérica puede ser un centro global de energía, si los tres países aprovechan su abundancia y diversidad de recursos complementarios: eólica, solares, gas y nuevas tecnologías en desarrollo. Participaron Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte; William F. Maloney, del Banco Mundial, y Abraham Zamora, de Sempra Infraestructura, entre otros.

redaccion@diariocambio22.mx

MRM- RCM