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• Restauranteros, comerciantes y emprendedores de Mérida denuncian cobros ilegales de hasta 400 mil pesos por reabrir sus negocios y exigen auditoría a clausuras y permisos en Yucatán

 

• Solicitan intervención de la Fiscalía General de la República frente a funcionarios municipales señalados por extorsión; la alcaldesa viaja a Europa mientras crecen las quejas y cierres

 

• FGR, extorsiones y temor al cierre de negocios

 

Gabriel Hernández/ CAMBIO 22

En la península de Yucatán crece un clamor que mezcla miedo e indignación, Propietarios de restaurantes, estacionamientos, gimnasios y tiendas departamentales aseguran que, además del cobro de piso impuesto por el crimen organizado, ahora enfrentan extorsión de servidores públicos del Ayuntamiento de Mérida, en una carta dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR), empresarios detallan que inspectores y jefes de áreas municipales exigen pagos ilegales para permitir la operación de negocios, llegando a solicitar hasta 400 mil pesos para “limpiar irregularidades” y entregar permisos de reapertura.

Señalan a funcionarios como Lizbeth Basto Avilés (coordinadora general de Buen Gobierno), Adrián de Jesús Caballero Casanova (jefe de Inspección de Mercados), Carlos Daniel Hau Ché (jefe de Permisos), Miguel Darío Soto Herrera (coordinador municipal de Protección Civil) y José Ricardo Themann Miguel (jefe de Denuncia Ciudadana e Inspección Urbana), a quienes se acusa de practicar extorsión y de crear un clima de temor.

Esta petición de intervención federal surge en un contexto de corrupción documentada en las inspecciones de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud de Yucatán.

En el mes de Septiembre se reveló que inspectores y un alto funcionario fabricaron violaciones y colocaron sellos arbitrarios en el restaurante Sonora Grill para exigir un soborno multimillonario.

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Durante la supuesta “verificación”, los inspectores inventaron irregularidades como colillas de cigarro en la calle con el propósito de clausurar el negocio y luego exigir dinero para reabrirlo, días después, el subdirector de Control y Promoción de Salud, Abraham Antonio Puch Cardeña, se reunió en privado con el representante de Sonora Grill, le quitó el teléfono y le pidió 520 mil pesos más una cuota mensual de 30 mil pesos para retirar los sellos, el restaurante se negó a pagar el soborno y prefirió cubrir una multa de 490 mil pesos por la vía legal, a la vez que presentó una denuncia ante la FGR para desenmascarar el modus operandi de estos inspectores.

En otra carpeta de investigación, un empresario meridano que fue secuestrado denunció ante la FGR que funcionarios del municipio de Mérida lo extorsionan y buscan relacionarlo con el grupo criminal La Barredora para despojarlo de su negocio, según la investigación FED/YUC/MER/0000523/20225, el denunciante declaró que sus extorsionadores difunden rumores para ligarlo con el crimen organizado con el fin de presionarlo y quitarle su restaurante en Paseo Montejo.

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La denuncia pide a la FGR investigar a los funcionarios implicados y proteger a la víctima, quien actualmente se encuentra bajo un programa de testigos protegidos.

Los quejosos afirman que al menos 25 restaurantes y negocios han sido cerrados arbitrariamente en 2025, entre los establecimientos afectados mencionan a locales como Goat Bar, Los Corralitos, Sold Out, Piensa Rosa, La Violeta y La Jaus, cuyos dueños denuncian que los sellos de clausura se colocan sin aviso y se retiran solo tras pagos en efectivo.

Otros sectores, como gimnasios, tiendas y puestos de mercados, reportan cobros de hasta 2 500 pesos por espacio para poder operar, esta práctica se ha extendido a tianguistas, quienes deben entregar sobornos para mantener sus puestos, las extorsiones generan pérdidas económicas y desempleo y han provocado que algunos empresarios amenacen con cerrar definitivamente sus negocios o trasladarlos a otros estados.

A esto se suma un subregistro de delitos graves en Yucatán, organizaciones de derechos humanos señalan que, entre 2018 y agosto de 2025, la Fiscalía estatal sólo registró cuatro denuncias por trata de personas, pero reconocen que hay redes transnacionales que reclutan a víctimas de Centroamérica y Chiapas para explotarlas laboralmente en el sector construcción, entre los casos recientes se cuenta la extradición desde Colombia de Cristóbal Fernández Viamonte, líder de una red que explotaba sexualmente a ocho mujeres extranjeras en Mérida, y la detención en octubre de 2024 de dos hombres por violación equiparada agravada y trata de personas contra una menor, estos datos reafirman que, aunque el índice oficial de denuncias es bajo, la explotación y la violencia están presentes, aumentando la percepción de inseguridad.

Controversia por las ausencias de la alcaldesa

Mientras crece la molestia por extorsiones y clausuras, la alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada (PAN), se ausentó del municipio para realizar una gira por Europa del 13 al 17 de octubre de 2025.

En Bruselas participó en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, un evento para intercambiar experiencias de planeación urbana y atracción de fondos internacionales.

Durante su viaje, firmó acuerdos y cartas de intención con ciudades europeas para acceder a recursos y proyectos de cooperación; por ejemplo, se reunió con autoridades de Tallin, Helsinki, Espoo, Braga, Valencia y otras urbes, con quienes compartió estrategias de sostenibilidad y digitalización, Patrón aseguró que estas alianzas permitirán canalizar recursos a proyectos municipales y replicar modelos de innovación.

Aunque la gira se presenta como un esfuerzo para traer inversión, las quejas y denuncias se acumulan en Mérida, empresarios denuncian que las clausuras se ejecutan selectivamente, que los trámites se prolongan y las multas son desproporcionadas, y exigen una auditoría integral de los permisos y cierres aplicados en los últimos dos años.

También solicitan rendir cuentas del viaje europeo, ya que consideran que la prioridad debería ser resolver los problemas de corrupción y extorsión en casa.

¿Qué exigen los empresarios?

La carta enviada a la FGR, a la que tuvo acceso este diario, plantea seis exigencias:

1. Auditoría exhaustiva de las clausuras y permisos emitidos por Desarrollo Urbano, Protección Civil y Riesgos Sanitarios en los últimos dos años.

2. Investigación federal de los funcionarios implicados en extorsiones, con participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para rastrear posibles redes de corrupción.

3. Revisión de la política de inspecciones para eliminar discrecionalidad y garantizar procesos transparentes y documentados.

4. Depuración de las áreas municipales señaladas (Buen Gobierno, Inspección de Mercados, Permisos, Protección Civil y Denuncia Ciudadana), con sanciones ejemplares a los responsables.

5. Mesa de diálogo con empresarios y cámaras comerciales para diseñar un protocolo único de verificaciones y sanciones.

6. Rendición de cuentas sobre los resultados de la gira europea, incluyendo detalle de convenios, montos de inversión y beneficios tangibles para la ciudad.

El estado de Yucatán se ha caracterizado por ser uno de los más seguros de México; sin embargo, el aumento de extorsiones y clausuras arbitrarias pone en riesgo esa reputación.

Casos como el Sonora Grill, donde inspectores exigieron sobornos para retirar sellos, y la denuncia del empresario que acusa a funcionarios de Mérida de extorsionarlo y vincularlo con La Barredora, muestran que existen redes corruptas que operan al amparo de la autoridad, esta situación, sumada a un posible subregistro de delitos graves y a la ausencia momentánea de la alcaldesa, obliga a reflexionar sobre el rumbo de la ciudad y la urgencia de que el gobierno estatal y federal actúen con firmeza.

La intervención de la FGR se plantea como la única vía para poner freno a las prácticas que están ahorcando al empresariado local y para recuperar la confianza de la ciudadanía, mientras tanto, los afectados advierten que seguirá la resistencia civil y las denuncias públicas hasta que se sancione a los responsables y se restablezcan las condiciones de legalidad y transparencia en el municipio.

 

 

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

cambio22digitalcun@gmail.com

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