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• Registros oficiales muestran que 29 grandes poseedores concentran más de 25 mil hectáreas en Quintana Roo, Yucatán y Campeche

 

• El Tren Maya y operadores privados replican un mismo patrón de despojo que afecta a ejidatarios y fortalece la concentración territorial

 

Redacción / CAMBIO 22

Cancún, Quintana Roo, 17 de agosto de 2025.—Los datos oficiales obtenidos por Diario CAMBIO 22 revelan que la llamada “Mafia Agraria” no se limita a la actuación de un puñado de empresarios o políticos que concentran tierras ejidales. El fenómeno es más amplio ya que abarca a 29 grandes poseedores en Quintana Roo, Yucatán y Campeche, y se extiende hasta el propio gobierno federal, que a través de expropiaciones ligadas al Tren Maya ha replicado patrones de despojo con el argumento de la utilidad pública.

En el plano privado, el reporte consultado confirma un modus operandi repetido, manipulación de asambleas, acopio de poderes de representación, protocolización exprés en notarías y registro acelerado en el RAN. El resultado es la transferencia masiva de parcelas y solares a un reducido grupo que, sin superar la treintena de nombres, ya controla más de 25 mil hectáreas en la región, además de miles de solares urbanos.

En Quintana Roo, epicentro del fenómeno, la cifra asciende a 12,817 hectáreas en siete municipios. Yucatán le sigue con 11,785 hectáreas y Campeche con 641. Son superficies que van desde 82 hectáreas hasta más de 4,500 en casos individuales, y que en ciertos expedientes superan las 5 mil unidades de solares en manos de un solo titular.

El interés no es casual, municipios como Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad, Tulum, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto concentran los mayores procesos de enajenación. Todos comparten un común denominador, su valor estratégico frente a polos turísticos y logísticos, y su cercanía a proyectos de infraestructura como el Tren Maya.

Las denuncias que el Diario CAMBIO 22 ha documentado apuntan a un clima de presión, amedrentamiento y presunta extorsión en algunos de sus casos contra ejidatarios, con operadores que ofrecen dinero inmediato a cambio de parcelas subvaluadas, y que en ocasiones acompañan sus propuestas de amenazas veladas. La intimidación, unida a vacíos legales, ha permitido que estas operaciones se repitan en distintos ejidos de la península.

Sin embargo, el acaparamiento de tierras no se agota en los particulares, el propio Estado federal ha recurrido a decretos de expropiación en Quintana Roo y Yucatán para abrir paso al Tren Maya, en ocasiones sin cumplir con consultas previas, sin garantizar el pago justo, o con avalúos cuestionados por las comunidades. Si bien las expropiaciones se amparan en la ley y en el principio de utilidad pública, en la práctica reproducen la misma lógica, el traslado forzoso de propiedad social hacia fines ajenos a los ejidatarios.

En el caso del Tren Maya, los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación documentan la expropiación de al menos 15,678 hectáreas entre 2022 y 2025, además de ocupaciones temporales que superan las 427 hectáreas en Yucatán y Quintana Roo.

Ejemplos duros son el ejido Playa del Carmen, con 59.4 hectáreas expropiadas e indemnización de 297.2 millones de pesos, y el ejido Leona Vicario, con 90.5 hectáreas y pago de 209.5 millones. A esto se suma el reconocimiento oficial de la tala de más de 7.29 millones de árboles en todos los tramos, con el mayor impacto en el Tramo 5 (3.5 millones) y Tramo 6 (2.67 millones).

Estos números muestran que el fenómeno no se limita a redes privadas de despojo, sino que el propio gobierno federal, bajo el argumento de utilidad pública, ha replicado patrones de transferencia masiva de tierras en la región.

Expropiaciones del Tren Maya (superficie y predios)

• Total 2022–2023 (corte hemerográfico con DOF): al menos 15,678 hectáreas expropiadas para el proyecto, con sustento en una revisión sistemática de decretos del DOF compilada por Animal Político (metodología y links al DOF dentro).

• 12 sep 2024 (multitramos, privados): decreto de expropiación por 623,130.83 m² (62.313 ha) sobre 88 inmuebles en Campeche, Yucatán y Quintana Roo (Tramos 2, 3, 5, 6 y 7).

• 11 mar 2024 (tres ejidos, importes publicados):

  • Ejido Felipe Carrillo Puerto (Campeche): 54-12-38 ha; $15,898,921.99 indemnización.

  • Ejido Playa del Carmen (Q. Roo): 59-43-95 ha; $297,209,204.23 indemnización

  • Ejido Leona Vicario (Q. Roo): 90-53-63 ha; $209,500,232.37 indemnización.

• 7 jul / 10 jul 2025 (nueva ola, pequeñas superficies): expropiaciones parciales por 0.0594 ha (Campeche, 3 decretos) y 3.14 ha (Campeche y Q. Roo, 2 decretos), según DOF .

• 18 jul 2025 (26 parcelas privadas): 234,291.03 m² (23.4291 ha) expropiados en varios tramos; cobertura con referencia al decreto.

Actualmente no existe un concentrado único oficial del total acumulado 2019–2025; la Federación publica caso por caso en el DOF. Las cifras arriba son trazables a decretos específicos y compilaciones verificadas.

Esa paradoja erosiona la confianza en el sistema agrario, por un lado, las autoridades denuncian la existencia de una “Mafia Agraria” integrada por operadores privados; por el otro, replican la dinámica con mecanismos oficiales.

En ambos casos, el efecto es el mismo, los ejidatarios pierden control sobre sus tierras y los beneficios se concentran en proyectos turísticos, inmobiliarios o de infraestructura.

El marco legal permite la adopción de dominio pleno y la venta de parcelas, pero bajo condiciones estrictas: quórum legítimo, mayorías calificadas, protocolización válida y registro en el RAN.

El problema es que en múltiples expedientes se identifican vicios de origen, actas con firmas cuestionadas, poderes de representación fabricados, notarios que validan procedimientos dudosos y autoridades que omiten revisar la legalidad de los procesos.

Las implicaciones son graves, si no se actúa, la península corre el riesgo de consolidar un nuevo latifundismo disfrazado de legalidad, con comunidades desplazadas, urbanización irregular y pérdida de control sobre territorios de alto valor ambiental. El precedente nacional indica que, una vez consumadas estas transferencias, la restitución resulta casi imposible.

En cambio, si se asumen medidas efectivas, todavía es posible revertir el curso, la vía administrativa permite anular asambleas viciadas, suspender inscripciones y auditar padrones. En lo penal, podrían configurarse delitos de falsedad, cohecho, asociación delictuosa y despojo, siempre bajo el principio de presunción de inocencia.

El reto es que, si el propio gobierno ha replicado las prácticas mediante expropiaciones, la judicialización exigirá un nivel de autonomía institucional que hasta ahora ha sido esquivo.

El concepto de “Mafia Agraria” no es solo un mote, es el reflejo de un esquema estructural en el que confluyen intereses privados y decisiones estatales.

Y si bien no es un fenómeno nuevo como lo documentó La Jornada en otras zonas del país, en el sureste adquiere mayor relevancia por el peso de Quintana Roo en la economía turística y por la presión que generan megaproyectos como el Tren Maya.

Frente a este panorama, ejidatarios, especialistas y defensores coinciden en una exigencia, cerrar las puertas legales y políticas a quienes operan en perjuicio de las comunidades rurales, aplicar medidas estrictas de control y garantizar que la tierra social cumpla su propósito original, de lo contrario, el sureste corre el riesgo de perder el equilibrio entre desarrollo, legalidad y justicia agraria.

Estructura agraria y conflictividad

Tierra social en México: la propiedad social (ejidos y comunidades) rebasa 82 millones de hectáreas y más de 32 mil núcleos agrarios; son los indicadores oficiales del RAN (IBPS).

Núcleos en Yucatán (referencia regional): 739 núcleos agrarios (99.9% ejidos), según comunicación oficial del RAN.

Carga en Tribunales Agrarios (tensión/controversia): en 2024 se registraron 49,745 asuntos jurisdiccionales y administrativos (ingresados y en trámite), cifra del informe oficial del órgano.

Servicios de la Procuraduría Agraria: en 2023 la PA reportó 33,337 asesorías y múltiples atenciones (conciliación y defensa), indicador institucional.

Estos números muestran la escala, presión y litigiosidad del régimen ejidal, que es el caldo de cultivo donde la prensa coloca el rótulo “mafia agraria”; son cifras oficiales y útiles para dimensionar patrones, sin acusaciones personales.

Diario CAMBIO 22 continuará documentando este fenómeno con base en documentos oficiales, testimonios directos y análisis jurídico.

 

 

 

Con información del Sistema de Noticias CAMBIO 22

redaccion@diariocambio22.mx

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