junio 17, 2024 03:05

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Renán Castro Madera, Director General

Renán Castro Madera, Director General

junio 17, 2024 03:05

 

  • Las comunidades rurales de los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco, lanzan un grito de auxilio a la población en general, tras sentirse abandonados por sus autoridades a los intereses del Cártel de Caborca y Cártel de Sinaloa.

 

  • La guerra narca detonó producto de la disputa por el control de pistas aéreas clandestinas y los retenes ilegales implementados por grupos armados, quienes los obligan a abandonar sus propiedades.

 

Renán Castro Madera/CAMBIO 22

La zona Sur de Quintana Roo, se ha convertido en un territorio bajo el dominio del narco, es un área en dónde la ley del más fuerte es la que manda.

Es la la ley del crimen; o estás conmigo, o en contra de mí…

Las decenas de desplazados crece cada día más y los tres órdenes de gobierno voltean para otro lado, producto de la incompetencia o de la complicidad manifiesta que permea en los cuerpos de seguridad asentados en esa parte del estado.

Los más generosos atribuyen a la política federal Implementada en este sexenio de “abrazos, no balazos” a la inacción tanto de las Fuerzas Federales como de las estatales y municipales, para enfrentar a los criminales y proteger a sus gobernados.

Los ilegales “toques de queda” de las bandas criminales se imponen desde las siete de la tarde en una enorme extensión geográfica que abarca a varias comunidades rurales de los municipios sureños.

Los retenes implementados por comandos de hombres armados en las carreteras estatales y caminos saca cosechas, operan a partir de las siete de la tarde, principalmente los fines de semana denuncian los afectados.

Nada ni nadie puede transitar sin el aval de los poderosos Cárteles que realizan revisiones hasta de celulares y previa identificación del personal para viajar de un poblado a otro.

La plaza Narca se “vendió” desde la administración pasada cuando era gobernador Carlos Joaquín González, y operaba ahí su secretario de Seguridad Pública Ciudadana, Jesús Capella Ibarra, hoy asesor personal en materia de seguridad de la candidata a la Presidencia de la República Xóchitl Gálvez Ruíz.

Nada se mueve por la zona, sin previo pago a los grupos criminales para pasar productos comestibles e inclusive para el acceso a los profesores que imparten la enseñanza en planteles rurales del lugar.

Todos ellos tienen que presentar sus credenciales y una copia para poderles permitir el acceso a los caminos de la zona.

El precio de los productos comestibles se ha disparado y las propias empresas se niegan a denunciar y optan por pagar el “derecho de paso” que imponen grupos armados pertenecientes al Cártel de Sinaloa y al Cártel de Caborca, para que puedan distribuir sus productos con el debido incremento en el precio de sus insumos.

Ambos carteles se han “dividido” los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco, y ahora luchan por el control total del territorio.

Son más de siete toneladas a la semana las que se recepcionan en el lugar y por ello la disputa a sangre y fuego entre familias originarias de la zona, para arrebatarles el sitio ambicionado.

Apenas la semana pasada, como bien reconocen y amplían los habitantes de Rio Verde y el Gallito, asesinaron a dos miembros de la Familia Coronel, ambos colaboradores cercanos al Presidente de Bacalar José Alfredo Contreras Méndez.

Marina Coronel S.M. y Roberto Coronel M. son familiares cercanos a Lázaro Coronel Medina, sobrino de uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal y cercano a Joaquín El Chapo Guzmán.

Lázaro Coronel Medina es el Jefe del clan de cinco hermanos, que dominan la zona y en particular el municipio de Bacalar.

La familia Coronel ha dominado por más de 30 años la zona de Rio Verde, El Gallito y varias comunidades rurales de Bacalar.

Se le adjudican el paternalismo del candidato y/o presidente municipal en turno de ese importante municipio quintanarroense.

Financian campañas y designan candidatos a modo y a conveniencia de su grupo criminal que operan en la zona, según se consigna en investigaciones federales que han sido silenciadas al menos en este sexenio y los últimos dos que lo antecedieron.

La historia de esta extensa zona rural en el mundo del narcotráfico se remonta a más de cinco sexenios, cuando operaba doña Ofelia Fonseca Carrillo y Alcides Ramón Magaña para el Cártel de Juárez.

Posteriormente la operó Ignacio “Nacho” Coronel Villarreal, quien trajo al estado a varios de sus familiares para coordinar la recepción de aviones cargados de droga para la organización de Joaquín Guzmán Loera El Chapo.

Siempre dominaron gran parte de la zona Sur y la “Pax Narca” reinó en más de cuatro sexenios, hasta la llegada de Carlos Joaquín González.

La ruptura de la “Pax Narca” ocurre con Carlos Joaquín González, quien loco de ambición por el poder y su desenfrenada rivalidad con el hoy detenido ex ejecutivo estatal Roberto Borge Ángulo, dejó que parte de su equipo cercano mantuviera relaciones cercanas con un recién formado grupo criminal que como la gran mayoría de organizaciones se conformó en el Norte del País: su nombre El Cártel de Caborca, que dirige José Gil Caro Quintero “El Pelo Chino”.

Y en ello trabajaron un grupo de funcionarios estatales encabezados por el entonces coordinador de asesores rurales de la oficina del gobernador, Nahum Fuentes Rivera.
A Nahum Fuentes Rivera “El Cacho” lo “levantaron” el 28 de mayo del 2022 en el poblado de Álvaro Obregón Nuevo.

Investigaciones de los tres órdenes de gobierno apuntaron a nexos con el crimen organizado la razón de la privación ilegal de su libertad.

Las fuentes oficiales reconocieron en ese entonces que había mantenido nexos con el crimen organizado y los autores de su desaparición fue realizada por un comando armado al servicio del Cártel de Caborca.

Empero, la prueba más clara de la permisividad a este poderoso grupo criminal ocurre en la pasada administración, cuando el Ejército Mexicano, asesta duros golpes a esa organización criminal al realizar los aseguramientos de más de 20 aeronaves en diversos puntos de la entidad, la mayoría en pistas clandestinas habilitadas en la zona rural del municipio de Othón P. Blanco.

Avionetas al por mayor aterrizaban en decenas de pistas clandestinas habilitadas exprofeso para recepcionar en ese entonces hasta 10 avionetas a la semana.
En tanto el gobierno estatal, se apresuraba en desmantelar la red de bases de operaciones de la Policía Estatal, diseminadas en los dos municipios sureños de la entidad, para facilitarles las operaciones al Cártel de Caborca.

A la par y con el fortalecimiento de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “Los Chapitos” retornan a territorio quintanarroense de la mano de sus antiguos aliados la familia Coronel.
Tras su fortalecimiento al enviar un comando de más de 300 hombres a la zona de Bacalar, inician la guerra narca contra el Cártel de Caborca.

Las consecuencias de esta guerra, ha sido la expulsión de decenas de familias de los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco tras ser obligados a colaborar o al menos guardar el silencio cómplice para las actividades criminales de ambos grupos.

La zona Sur se ha convertido en la joya de la corona para el submundo del narcotráfico y ello lo hace más atractivo para las organizaciones criminales.

Por su privilegiada posición geográfica y sus extensos terrenos semivírgenes que se prestan para la implementación de pistas clandestinas.

Desde la conversion de Quintana Roo de territorio a estado libre y soberano, el municipio de Othón P. Blanco, estaba catalogado como uno de los más extensos del país y ahí al igual que ahora, el arribo de aviones cargados de droga era el negocio más boyante.

Hasta antes de concluir el dominio de los gobiernos priistas este basto territorio estaba aglutinado en un sólo municipio; hoy los intereses de políticos los llevaron a dividirlos en el municipio de Othón P. Blanco y Bacalar.

El primero alberga a la capital del estado, Chetumal, dónde además de que se asientan los tres poderes constitucionales, hoy le suman la residencia del poder del narco quintanarroenses, que convive un día sí y otro tambieén con la clase política y empresarial sureña.

Ese “poder” que todos niegan, pero del cual una gran parte de la clase política se beneficia y que en antaño imponía tan sólo jefes policiacos; hoy impone candidatos y amenazas con imponer gobiernos completos.

Y esta narcocomplicidad de políticos y fuerzas de seguridad han provocado una crisis social jamás vista por estos lares que obliga a un gran número de sus habitantes a huir de sus hogares por el clima de violencia y semiesclavitud en que los mantiene el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Caborca.

Las denuncias abundan. Diversos escritos circulan en redes sociales en dónde los pobladores piden ayuda al Presidente de la República, ese que asiste cada quince días a revisar las obras del Tren Maya, pero que hace caso omiso junto con sus autoridades de las penurias y clemencia de apoyo que suplican gran número de los más de 160 mil habitantes que radican en la zona rural de esos importantes municipios quintanarroenses.

Pobladores de las comunidades de Miguel Alemán, Melchor Ocampo, Río Verde, el Gallito, Zamora, Otilio Montaño, Nuevo Canaan, Nuevo Tabasco, General Francisco Villa, Jesús Martínez Ross, 18 de Marzo y Francisco J. Mújica, hacen un llamado al pueblo quintanarroenses ante la complacencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno tras haber quedado a merced de estos grupos criminales que disputan el control del territorio.

Y según estimaciones que constan en investigaciones federales realizadas desde el 2018, en la zona se presume que operan un circuito de pistas clandestinas en dónde arriban hasta siete aeronaves a la semana con cuantiosos cargamentos de drogas.

Se desconoce el número total de pobladores que han abandonado sus hogares a consecuencia de la violencia narca que los ha sometido a una vida de semi esclavitud.

 

Continuará…

 

alazan1031@gmail.com
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RHM

 

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