•  La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó, en una sentencia emitida esta semana, al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez el 18 de enero de 1999, ocurrida en el marco del Plan de Campaña Chiapas, una estrategia de contrainsurgencia contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y comunidades indígenas implementada en el Gobierno de Ernesto Zedillo

 

Redacción / CAMBIO 22

Una sentencia histórica confirma que durante la administración de Ernesto Zedillo —a quien se le recuerda por las privatizaciones y el Fobaproa— se prolongó una de las etapas más oscuras de México: la represión y la contrainsurgencia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó, en una sentencia emitida esta semana, al Estado mexicano por la desaparición forzada de Antonio González Méndez el 18 de enero de 1999, ocurrida en el marco del Plan de Campaña Chiapas, una estrategia de contrainsurgencia contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Se trata de un plan ejecutado en el sexenio de Ernesto Zedillo, que incluyó el financiamiento y entrenamiento de grupos paramilitares como “Desarrollo Paz y Justicia”, quienes participaron en graves violaciones de derechos humanos, incluyendo masacres, torturas y desplazamientos forzados.

Dora Roblero García, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), organización que ha impulsado y ha llevado el caso ante la instancia internacional, señaló que la sentencia confirma la implicación del Estado mexicano en desapariciones forzadas.

“La sentencia viene a ser un precedente de la actuación y de la situación y la estrategia de contrainsurgencia, que siempre hemos señalado. Sobre todo en esos años, ahora ha cambiado porque son los grupos armados quienes están controlando y haciendo esta parte de desaparición, pues en donde también el Estado mexicano no ha actuado ni ha atendido”, indicó la defensora de derechos humanos en Chiapas en entrevista con SinEmbargo.

El expresidente Ernesto Zedillo, quien en este año 2024 regresó de su autoexilio para participar en un evento privado del sector bancario, donde defendió el neoliberalismo y criticó al entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, es recordado principalmente por la crisis financiera que marcó su gobierno, el endeudamiento generado para rescatar a la banca mediante el Fobaproa y la privatización del sistema ferroviario. Sin embargo, su mandato también está asociado con masacres y crímenes de lesa humanidad.

Es el caso de lo ocurrido el 28 de junio de 1995 en Aguas Blancas, Guerrero, donde 17 campesinos fueron asesinados por policías, y catorce fueron heridos, cuando protestaban para exigir la presentación de su compañero Gilberto Romero Vázquez. También se recuerda la masacre de El Bosque, ocurrida el 10 de junio de 1998, cuando un operativo militar atacó a las localidades Unión Progreso y Chavajeval, en el municipio El Bosque, dejando nueve personas muertas.

También en este Gobierno tuvo lugar la matanza en El Charco, donde 10 indígenas na savi y un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron atacados a balazos la madrugada del 7 de junio de 1998 en una escuela primaria de la comunidad de El Charco, en Chilpancingo. También de este periodo es la masacre de Acteal, donde 45 indígenas fueron asesinados el 22 de diciembre de 1997.

Por este último caso, Zedillo fue demandado en septiembre de 2011 ante un tribunal federal de Connecticut, Estados Unidos. No obstante, el exmandatario fue defendido por los gobiernos de Estados Unidos e incluso el gobierno mexicano, en ese entonces de Felipe Calderón.

En noviembre de 2011, por ejemplo, la cancillería mexicana envío al Departamento de Estado de EU una nota diplomática en la que pedía la inmunidad para el expresidente Zedillo. Un año después, a pesar de que las víctimas rechazaron la propuesta de Estados Unidos y México de darle inmunidad, en septiembre de 2012, el Departamento de Estado de Estados Unidos se la otorgó, protegiéndolo de ser procesado por crímenes de lesa humanidad durante su mandato.

“Considerando los principios de inmunidad articulados por la rama ejecutiva… el Departamento de Estado ha determinado que el expresidente Zedillo disfruta de inmunidad para ser demandado respecto de esta acción”, señaló en ese entonces el asesor legal del Departamento de Estado, Harold Hongju Koh, de acuerdo con información hemerográfica.

La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene a recordar y poner en contexto histórico los crímenes de Estado y las desapariciones forzadas ocurridas bajo el mandato de Ernesto Zedillo. Y Es que, si bien la memoria colectiva a menudo asocia al expresidente con medidas económicas y privatizaciones, casos como estos reafirman su vínculo con una política de contrainsurgencia que dejó una estela de violaciones graves a los derechos humanos.

“Detrás del caso de Antonio González Méndez, están miles de víctimas del conflicto armado interno no resuelto en Chiapas, quienes aún esperan justicia por las graves violaciones a sus derechos humanos cometidas por el Estado mexicano. No podemos olvidar a las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, ni a las demás víctimas del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia en la Zona Norte de Chiapas, quienes sufrieron y sobrevivieron a la brutalidad de la estrategia de contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano. Aunque el Estado mexicano ha reconocido su responsabilidad en otros hechos, esto no ha contado con el respaldo pleno y público de los titulares de los poderes del Estado mexicano. Esta sentencia obliga al Estado mexicano a reconocer públicamente su responsabilidad y emprender investigaciones exhaustivas para esclarecer estas violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno que se presentaron desde los años 90 en Chiapas”, destacó el Centro Frayba.

Antonio González Méndez era un indígena Cho’l y militante de las Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), que estaba como encargado de la tienda cooperativa “Arroyo Frío” y destacaba por su activismo comunitario y liderazgo, lo que lo convirtió en un objetivo del Ejército mexicano y de los grupos paramilitares, de acuerdo con información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

El 18 de enero de 1999, González Méndez salió de su domicilio para comprar un arma de fuego y municiones, según se señala en el expediente dela Corte IDH. El activista informó a su esposa que regresaría cerca de la una de la mañana. Sin embargo, fue visto por última vez en una zona controlada por “Paz y Justicia”, y hay indicios de que la última persona con la que tuvo contacto tenía vínculos con ese grupo paramilitar. Desde entonces, su paradero es desconocido.

Antonio González, padre de familia, dejó a dos hijos pequeños desamparados, y fue su familia quien tuvo que asumir la búsqueda, enfrentándose a la indiferencia y a la falta de acción del gobierno por décadas.

A 25 años, 10 meses, y 23 días, en un largo camino para la familia de Antonio y los defensores del Frayba, que han acompañado el caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que México es responsable internacionalmente por la desaparición forzada de Antonio González Méndez. En la sentencia se resalta que la desaparición forzada ocurrió en el contexto de la política estatal de contrainsurgencia implementada en Chiapas, que permitió la actuación de grupos armados irregulares contra personas vinculadas al EZLN y sus bases de apoyo.

Sobre la memoria colectiva y sobre la responsabilidad de Ernesto Zedillo, Dora destacó que la reciente sentencia marca un precedente importante en las denuncias sobre desapariciones forzadas y violaciones a derechos humanos. No obstante, dijo que este caso va más allá pues expone un problema estructural en las desapariciones forzadas en México: el desinterés de las autoridades y la ausencia de un registro confiable de personas desaparecidas y una ruta clara de investigación.

“Yo creo que este caso, esta sentencia, es un claro precedente de todo lo que se ha venido denunciando: muchas desapariciones, muchas desapariciones también que no están, digamos, dentro de las estadísticas y dentro de los números que marcamos. Para empezar, el Estado no tiene un registro ni una ruta de investigación. Las estadísticas de desaparecidos que marca oficialmente no coinciden con las que a veces tenemos las organizaciones de derechos humanos porque, pues, el Estado no hace este tipo de investigación y de registro. No existe un expediente para cada caso de desaparecidos, y sabemos que son muchos. Sabemos que actualmente hay un desaparecido todos los días. Entonces, digamos que este caso también deja ver lo que varias organizaciones venimos diciendo: la participación del Estado en estas violaciones a los derechos humanos, como son las desapariciones, pero también los asesinatos de personas”, expresó.

 

𝐄𝐬 𝐥𝐚 𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐕𝐞𝐫𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐀𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨

El 12 de diciembre, la @CorteIDH dará sentencia del caso Antonio González Méndez Vs México, desaparecido en 1999 en Sabanilla, Chiapas

🎙Escucha la cápsula ¿Quién es Antonio González Méndez? pic.twitter.com/275EtC490B

— Frayba Derechos Humanos (@CdhFrayba) December 9, 2024

La activista destacó que la sentencia en mención representa una esperanza y un llamado urgente a continuar la lucha por el derecho a la verdad y la justicia, sin embargo, también lamentó que tenga que ser una instancia internacional la que tenga que señalar responsabilidad del estado.

Roblero enfatizó que la lucha por encontrar a Antonio González, desaparecido hace casi 26 años, ha tenido un alto costo emocional y material para su familia, quienes se vieron obligados a asumir responsabilidades que correspondían al Estado.

“Lamentable que la Corte IDH tenga que señalarle y exigirle al Estado cuando es su responsabilidad, y que esto debió haberlo hecho desde hace muchos años”

No obstante, la activista destacó que la situación de violencia y desapariciones en diversas regiones del país no es un tema del pasado, sino que sigue vigente, ya que, denunció que la falta de interés por parte del Estado para abordar y resolver estos problemas sigue siendo una constante, donde las víctimas se siguen enfrentando a la negación, la omisión, el silencio del Gobierno y la falta de interés por atender la crisis de desaparición.

“El no tener, digamos, por parte del Estado el interés de atender y de solucionar este tipo de problemas. Como sabemos actualmente se está dando temas de desplazamiento forzado, desapariciones, violencia en general, sobre todo en la región fronteriza, como lo hemos venido señalando, y ahora en los Altos de Chiapas, con la situación de Acteal, pero también con los desaparecidos del 2021, de los cuales hasta la fecha no hay una carpeta de investigación, ni una respuesta del Gobierno hacia las familias sobre qué está haciendo. Entonces, esta situación fue la que nos encontramos en la búsqueda de Antonio González, pero sigue: la negación, la omisión, el silencio del Gobierno y la falta de interés por atender esta situación.”, expresó.

¿QUÉ TIENE QUE HACER EL ESTADO?

La sentencia de la Corte IDH exige al Estado la creación de una ruta de atención que garantice una investigación efectiva y la reparación integral de los daños, explicó Roblero.

“La Corte Interamericana fue muy clara en decirle al Estado lo que tiene que hacer. Yo creo que esto que el Estado debió haberlo hecho hace muchos años, ahora lo va a hacer porque la Corte se lo está exigiendo. Tiene también un tiempo y debe tener rutas de investigación. Tiene que hacer la reparación de daños, tiene que buscar incansablemente qué pasó con Antonio. La familia tiene derecho a saber la verdad, y, por lo tanto, pues va a seguir este trabajo”, dijo.

En ese sentido, la defensora puntualizó que el Estado debe actuar de manera inmediata y establecer estrategias para la búsqueda de Antonio González, en colaboración con la familia y organizaciones como el Frayba.

A pesar de la desconfianza histórica en el cumplimiento de este tipo de sentencias, Roblero expresó su confianza en que, con la intervención de la Corte Interamericana, el Estado finalmente cumpla con sus responsabilidades. “

“Pues tendría que actuar y cumplir porque ahora no es la familia quien estaría exigiendo. La Corte dijo que iba a estar al pendiente del cumplimiento de todas estas recomendaciones. Entonces, yo creo que el Estado, como se trata de la Corte Interamericana, va a estar al pendiente, va a estar monitoreando y exigiendo. Puede ser que el Estado actúe esta vez”, dijo.

Finalmente, sobre el impacto de esta sentencia en otros casos graves de derechos humanos, Roblero mencionó que representa una esperanza para esclarecer más casos, muchos de los cuales han sido olvidados.

“Es un precedente importante y, por lo tanto, sí creemos que muchos casos que están, digamos, un poco olvidados, creemos que también es una esperanza para seguirlos impulsando y que lleguen a atenderse. Entonces, seguiremos insistiendo, y eso es una señal, una esperanza de que la Corte está atendiendo, y que aunque lleva mucho tiempo y es mucha la lucha que se hace, el tiempo que se le dedica, pero que vale la pena”, destacó.

 

 

 

Fuente: Julio Astillero

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