Yunitzilim Rodríguez Pedraza Incansable en Defensa del Derecho a la Protesta y la Justicia Social

• El derecho a la protesta, de acuerdo con los estándares internacionales, debe ser especialmente garantizado para grupos vulnerables, como mujeres y niñas, quienes históricamente han enfrentado discriminación y violencia

Ricardo Jesús Rivas/ CAMBIO 22

CHETUMAL, 1 de febrero. – La abogada y activista Yunitzilim Rodríguez Pedraza reiteró su compromiso con la defensa del derecho a la protesta, un tema central en la actualidad de Quintana Roo, especialmente ante las recientes reformas que buscan criminalizar esta forma de expresión. 

A través de sus redes sociales, la también académica Rodríguez Pedraza compartió un capítulo de un libro en el que participó como autora principal, titulado “El derecho de protesta y la obligación del Estado para garantizar su protección”. En este texto, aborda cómo los grupos históricamente discriminados encuentran en la protesta un medio para incidir en la vida pública y exigir justicia frente a las omisiones del Estado.

La activista destacó que la protesta surge de emociones como impotencia, frustración y rabia, nacidas del dolor que genera la falta de acceso a derechos fundamentales y ante injusticias como desapariciones, asesinatos y actos de violencia. Este dolor, explicó, une a las personas que, cansadas de ser ignoradas, se organizan para hacer visible su exigencia y resistir los intentos del Estado de dispersarlas o acallarlas. Enfatizó que la protesta no es un capricho, sino un mecanismo legítimo de participación ante la incompetencia y corrupción de las instituciones.

Rodríguez Pedraza expuso que las formas de protesta han evolucionado. Cada vez son más frecuentes las intervenciones en monumentos y edificios, las tomas de espacios públicos emblemáticos y la presión ejercida desde las redes sociales. Estas acciones buscan exhibir a autoridades corruptas, violentadores y abusadores que, según sus palabras, son protegidos por un sistema de poder. Estas manifestaciones, aunque disruptivas, son parte esencial de una sociedad plural que necesita espacios para expresar su descontento.

En este contexto, la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que, aunque las protestas puedan afectar actividades cotidianas, estas alteraciones son parte de la mecánica de una sociedad democrática. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recuerda que la protesta es una forma de libertad de expresión, un derecho fundamental para la estructura democrática. Además, enfatizan que las autoridades deben evitar interferencias ilegítimas y proteger a quienes participan en estas actividades.

El derecho a la protesta, de acuerdo con los estándares internacionales, debe ser especialmente garantizado para grupos vulnerables, como mujeres y niñas, quienes históricamente han enfrentado discriminación y violencia. Rodríguez Pedraza reafirma que la protesta es un acto legítimo de participación directa, esencial en una democracia, especialmente cuando los representantes del poder no actúan en beneficio de la población.

La abogada también alertó sobre los peligros de descalificar o desanimar estas expresiones. Citó al Relator de libertad de reunión pacífica, quien enfatiza que nadie debe ser penalizado ni amenazado por ejercer su derecho a reunirse y protestar pacíficamente. Este derecho, indicó, debe ser garantizado conforme a los tratados internacionales y la Constitución mexicana, un compromiso que las autoridades deben asumir plenamente.

En su publicación, Rodríguez Pedraza también criticó la creciente tendencia de las autoridades a criminalizar la protesta bajo argumentos que ignoran las causas estructurales del descontento social. Sostuvo que estas medidas represivas violan derechos fundamentales y profundizan la crisis de confianza en las instituciones.

El capítulo compartido también expone cómo la inacción y la negligencia de las autoridades llevan a las personas a tomar las calles como último recurso para ser escuchadas. Rodríguez Pedraza hizo un llamado a los gobiernos para que asuman su responsabilidad de garantizar justicia y derechos, en lugar de recurrir a estrategias de represión y control.

Finalmente, Rodríguez Pedraza concluyó con una reflexión sobre el papel del Estado en la garantía de los derechos humanos. Exigió a las autoridades de Quintana Roo y del país que reconozcan la protesta como una herramienta democrática esencial, y que trabajen para atender las demandas sociales en lugar de reprimirlas. 

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