Yolanda Berenice Incrementa la Cifra de Mujeres Encarceladas en México

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

Yolanda Berenice “N”, con 24 años, a partir del mes de junio de 2025 es una más de las miles de mujeres encarceladas en México y durante dos años, al menos, esperará a que un juez emita sentencia como presunta responsable del delito de homicidio en agravio de un agente de la Policía Municipal de Benito Juárez (Cancún), quien, según su dicho en el momento que fue detenida, abusó de su hermana, declaración que ya fue descartada por la Fiscalía de Quintana Roo.

Según las autoridades, el crimen ocurrió el 16 de junio cuando la víctima, identificada como Víctor Toribio, un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún, que fungía como peluquero, caminaba con su hijo en la calle Cenote Sagrado del fraccionamiento Paraíso Maya, en la Supermanzana 107. Yolanda Berenice “N” se acercó a ellos portando un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones, causando la muerte del padre e hiriendo al menor.

De acuerdo a testigos, Yolanda gritaba que el policía había abusado de su hermana, y por eso le disparó. Sin embargo, ese dicho no forma parte de las líneas de investigación que llevó a cabo la Fiscalía.

Yolanda fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un término de dos años, o lo que dure el proceso judicial.

La Fiscalía sostiene que la hoy detenida no actuó sola y forma parte de un grupo criminal activo en Cancún, con participación en labores de sicariato desde los 20 años. Las autoridades la relacionan con al menos tres homicidios, uno de los cuales fue grabado en video y entregado por la Policía Estatal para fortalecer el proceso penal en su contra. Sin embargo, hasta el momento, el Ministerio Público no reúne las evidencias con la calidad para ser judicializadas.

De una historia de justicia por propia mano, Yolanda, de 24 años de edad, originaria de Yucatán pasó a ser imputada por homicidio calificado y de un servidor público, además, de los otros homicidios cuyas investigaciones, según la Fiscalía están en curso.

Las autoridades de procuración de justicia en Quintana Roo usarán todos los recursos a su alcance para que un juez la vincule a proceso por tres homicidios, así, de esta manera, Yolanda será una víctima más del sistema de procuración y administración de justicia mexicano y del sistema político, los cuales, durante las últimos años no han podido darle un mejor futuro a las mujeres y hombres jóvenes de este país, ya que por acción u omisión los han dejado que sean carne de cañón de la delincuencia organizada, solapada por personas servidoras públicas que permiten la impunidad y la complicidad.

De acuerdo a un reportaje de Expansión publicado el 17 de abril de 2023: Las historias, los reportes, las exigencias de familiares y amigos de las víctimas, así como el pronunciamiento de la sociedad para que se detengan estas agresiones contra hombres y mujeres han derivado en que ya exista un término para este fenómeno: “juvenicidio”. El término fue acuñado por José Manuel Valenzuela Arce, doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de México, para explicar “la muerte sistemática, persistente y artera de jóvenes”, quienes son vistos como sujetos “desechables” y sin consecuencias jurídicas.

“Son, en muchos casos, carne de cañón, son presas fáciles, son concebidos por la delincuencia organizada como prescindibles, como desechables”, afirmó Héctor Hernández Bringas, investigador de la UNAM y estudioso del fenómeno social de la violencia y quien explica que por ello las organizaciones criminales captan a jóvenes con sueldos altos para los contextos en que operan.

En México hay 446 centros penitenciarios y sólo 11 son exclusivos para mujeres, el resto tienen una población mixta. Más del 60 por ciento de las mujeres privadas de su libertad, han sido acusadas por delitos relacionados con drogas, sobre todo para transportar paquetes, porcentaje que aumenta en los estados fronterizos.

Las mujeres privadas de libertad enfrentan desigualdades en el sistema penitenciario, incluyendo condiciones de hacinamiento, insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas, deficiencias en la alimentación, insuficiencia de personal, actividades ilícitas y deficiencias en las acciones para la vinculación del interno con su familia.

Las mujeres en prisión también enfrentan el doble estigma ante su familia de ser mujer y reclusa, y deben separarse de sus hijos cuando cumplen tres años, no pueden proteger a los que tienen fuera de la prisión.

Se han propuesto reformas para reducir la pena para mujeres sentenciadas por delitos contra la salud cuando reúnan condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, haber sido forzadas para cometer el delito, estar embarazada o sean las únicas o principales cuidadoras de menores de edad, adultas mayores, con enfermedades graves o con discapacidad.

Las mujeres encarceladas en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran una situación preocupante. Según un informe de 2024, casi la mitad de las mujeres privadas de la libertad no tienen sentencia, y el 50 por ciento de ellas se encuentra en prisión preventiva oficiosa. Este porcentaje es mayor en el caso de las mujeres en comparación con los hombres, lo que refleja desigualdades en el sistema penitenciario.

Además, el informe señala que el 92 por ciento de las personas privadas de la libertad son hombres y el 8 por ciento, mujeres. El secuestro fue el delito que más cometieron las mujeres privadas de la libertad en los centros penitenciarios federales, mientras que el robo fue el delito con más registros en los centros penitenciarios estatales y centros especializados.

En cuanto a las condiciones de las mujeres encarceladas, se destaca que son “particularmente preocupantes”. Las mujeres encarceladas también enfrentan desafíos como la falta de acceso a servicios adecuados, la violencia sexual y física, y el estigma social, lo que contribuye a su vulnerabilidad.

Mientras el gobierno en turno ha tomado a la administración pública como de su propiedad para sacar adelante proyectos políticos personales o de grupos de poder, el futuro de la juventud mexicana está embargado.

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