Yensunni Martínez, Sentenciada a Pagar Multa por Desacato en Juicio Contencioso Administrativo

► Un tribunal colegiado resolvió la semana pasada de manera definitiva en contra de los recursos de amparo que la alcaldesa, hoy con licencia, promovió para evadir el pago durante 2 años

► Por desacatar una orden del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, deberá pagar 29 mil pesos, por tolerar el desacato previo de un subalterno

► El juicio se debió a que la comuna no pagó servicios de mecánica brindados a vehículos oficiales

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 29 de abril.- Yensunni Martínez Hernández, presidenta municipal con licencia en campaña por su reelección en el municipio de Othón P. Blanco, fue condenada en definitiva por la justicia federal al pago de una multa económica por desacato de una orden de justicia administrativa.

Desde enero de 2023, el Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo condenó a Yensunni Martínez al pago de una sanción económica equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA), casi 29 mil pesos, que debe cubrir con recursos personales, por desacato a una sentencia de juicio contencioso administrativo.

Sin embargo, en vez de cumplir recurrió al amparo ante la justicia federal, pero el pasado 20 de abril el Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Octava Región desestimó su apelación, considerando sus argumentos como “genéricos y dogmáticos”, por lo que su condena de pago de multa económica está firme.

El desacato de Yensunni Martínez consistió en no instruir a su director de Obras Públicas, Jorge Domínguez Urrea, para que ejecutara sin demora la resolución de un juicio contencioso administrativo promovido por la particular Rosa Carmina Lizama Flores, a quien se debía pagar una suma económica en un plazo de tres meses, como parte de las sanciones por que no se pagó el servicio de mecánica a vehículos oficiales.

Domínguez no cumplió y eso le valió una sanción económica por la cantidad de 330 mil pesos, a saldar con recursos o patrimonio propio, pero en vez de acatar la resolución, recurrió a la protección de la justicia federal, pero ésta resolvió en su contra.

A pesar de eso, el funcionario continuó en su negativa a cumplir la sanción y el asunto escaló a la responsabilidad de su jefa directa, la presidenta municipal, hoy con licencia, porque el Código de Justicia Administrativa faculta a la autoridad a que, de persistir la conducta rebelde del sancionado, puede requerir la intervención del superior jerárquico, o sea a la alcaldesa Yensunni Martínez.

Sin embargo, la alcaldesa desacató esta petición, y por lo mismo le impusieron la sanción correspondiente.

Martínez Hernández tramitó un juicio de amparo contra la multa en agosto de 2022, el cual perdió, y posteriormente tramitó un recurso de revisión, en el que alegó que el juez de Distrito “no valoró correctamente los informes justificados y de forma indebida negó el amparo en lugar de concederlo”, y que se actuó incorrectamente “porque nadie está obligado a lo imposible”.

También argumentó que la multa era contraria a la Constitución, ya que le fue impuesta como persona física y debía cubrirlo con recursos propios y no con recursos públicos del municipio, lo cual le causaba un agravio personal y directo, además de representar un acto de privación a su patrimonio.

Sin embargo, todos estos argumentos fueron declarados improcedentes por “genéricos y dogmáticos” por el Segundo Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Octava Región, que desestimó su apelación el pasado 20 de abril, dejando en firme la multa que pesa sobre la alcaldesa en licencia, actualmente en campaña en busca de su reelección al frente de Othón P. Blanco.

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