abril 17, 2024 05:09

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Renán Castro Madera, Director General

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► Los diputados están obligados a consultar previamente a las comunidades indígenas sobre disposiciones legales que afecten sus derechos, pero no lo hicieron, señala la exlegisladora Reyna Durán Ovando

 

► La primera prohibición establecida fue sometida a consulta previa en 2019, pero para esta nueva, que abarca a los eventos equiparables a las corridas de toros, ni siquiera analizaron la opción

 

► Pueblos indígenas pueden amparase contra la proscripción de sus tradiciones

 

 

Redacción/CAMBIO 22

CHETUMAL, 28 de febrero.- La exdiputada Reyna Durán Ovando denunció que la XVII Legislatura de Quintana Roo violentó los derechos de los pueblos originarios de Quintana Roo, al no someter a consulta previa entre las comunidades indígenas la reforma que prohíbe la realización de espectáculos con animales similares a las corridas de toros.

La exlegisladora local, que fue presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales en la XVI Legislatura, indicó que debido a esta violación del procedimiento legislativo, los pueblos originarios podrán ampararse contra esta prohibición, puesto que violaron sus derechos al no consultarlos previamente.

 “Para los mayas es fundamental en su tradición y economía. Hicieron (los diputados) las cosas al vapor y con soberbia”, afirmó la exdiputada, hoy militante del partido Movimiento Ciudadano.

Esta determinación se constituye en otra pifia más contra derechos humanos cometida por la XVII Legislatura del Estado bajo la presidencia del diputado Humberto Aldana Navarro, de Morena, al frente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), quien antes promovió una reforma a los requisitos del matrimonio que violentó los derechos de los portadores de VIH.

Como se recordará, las reformas a la Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado establecen la prohibición de tránsito de animales en vialidades empedradas o asfaltadas, para finalidades distintas a las relacionadas con las actividades agropecuarias.

Esta reforma se hizo porque un amparo de los caleseros de Cozumel tiró la primera prohibición que estableció el estado de Quintana Roo en su contra, al considerar que la norma era discriminatoria contra las personas que realizan esa actividad.

Ahora, para evitar el defecto que le señaló la sentencia de amparo, los diputados establecieron que está prohibido el tránsito de todo vehículo de tracción animal, permitiéndose únicamente a los que tienen uso agropecuario, por considerar que la población dedicada a estas actividades está en situación vulnerable.

La reforma también refuerza la prohibición de la celebración de espectáculos similares a las corridas de toro, como medida de reacción a los que se celebraron en las ferias de la Zona Maya durante los últimos años a pesar de que la fiesta brava ya estaba declarada ilegal en Quintana Roo.

Para eso, se prohíbe celebrar, organizar, patrocinar o promover exhibiciones, espectáculos o actividades similares o equiparables a las corridas de toros, vaquillas, novillos, becerros para cualquier fin, ya sea de lucro o sin él, categorías en las que cae el evento del Baxal Toro, que es parte de las fiestas tradicionales de las localidades de origen maya.

La proscripción abarca además la crianza, entrenamiento, comercialización, compra o posesión de animales para su utilización en este tipo de espectáculos, por lo que los gallos de pelea y los toros destinados a la lidia son condenados a la extinción.

Como podrá notarse, se trata de normas de carácter general que tienen impacto o afectan a las comunidades indígenas, para lo cual la Constitución del Estado y la ley particular respectiva indica que “los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Estado de Quintana Roo tienen el derecho a ser consultados en su propia lengua en forma previa, libre, informada, de buena fe, con procedimientos culturalmente adecuados y pertinencia cultural, por actos públicos de naturaleza administrativa y legislativas que pudieran depararles alguna afectación a sus derechos, o bien, a la regulación de los mismos”.

De hecho, cuando se aprobó la primera prohibición de corridas de toros y calesas tiradas por caballos en Quintana Roo, la XV Legislatura realizó consultas públicas en la Zona Maya de Quintana Roo en 2019 como parte del proceso previo a la aprobación, y a pesar de eso los caleseros de Cozumel pudieron ganar un juicio de amparo para seguir trabajando.

En esta ocasión el dictamen preparado por la Comisión de Asuntos Municipales, de la que por cierto forma parte Renán Sánchez Tajonar, que aspira a ser alcalde de Cozumel o repetir como diputado de la isla, no se realizó ningún análisis o valoración sobre la necesidad de someter las medidas a consulta previa en comunidades indígenas, ni tampoco se fundamenta el motivo por el cual no se realizó.

Al respecto, la exdiputada Reyna Durán destacó que “la mayoría de Morena y sus aliados, al no respetar la ley y hacer lo que se les antoje sin tomar en cuenta a los hermanos mayas, demuestran además ignorancia del marco legal”.

 

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