mayo 20, 2024 14:05

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Renán Castro Madera, Director General

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  • Las reformas tendrán que pasar por la revisión de la CNDH por posibles vicios de inconstitucionalidad

 

Francisco Hernández/CAMBIO 22

CHETUMAL, 24 de agosto.- En su última sesión deliberativa, la XVI Legislatura aprobó reformas para castigar la violencia vicaria, la llamada “Ley Ingrid” y la creación de un Registro Estatal de Agresores Sexuales en Quintana Roo, tres iniciativas que tomaron de la agenda política de varios colectivos feministas locales para tratar de compensarlas luego de haber rechazado la reforma para despenalizar el aborto.

A solo nueve días de concluir su periodo al frente de la actual legislatura, los diputados avalaron estas iniciativas en una sesión extraordinaria convocada en el Congreso del Estado.

La primera de las iniciativas aprobadas fue la llamada Ley Ingrid, como una reforma al Código Penal del Estado para sancionar con hasta 8 años de prisión, multas de hasta mil días y con la destitución e inhabilitación, a aquella persona servidora pública que, por cualquier medio revele, publique, transmita, exponga, distribuya, comercialice o comparta imágenes o videos de las lesiones o estado de salud y cuerpo de la víctima.

Se estableció que, cuando las imágenes o videos de las lesiones, estado de salud y cuerpo de la víctima se trate de mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, adultos mayores, indígenas y personas afromexicanas, las penas previstas se incrementarán hasta en una mitad.

Esta es una propuesta impulsada dentro de la Comisión de Justicia por el diputado Edgar Gasca Arceo y la diputada Cristina Torres Gómez, de Morena, junto con otros legisladores más, que buscaba en un principio censurar y criminalizar la “nota roja” en los medios de comunicación, sancionando a toda persona que publicara o difundiera dichas imágenes, e inclusive creando una “lista negra” de medios informativos que lo hubieran hecho.

Pero ante los precedentes establecidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en defensa del ejercicio de la libertad de expresión, la de prensa y la de información, los diputados de Quintana Roo se vieron obligados a dar marcha atrás en su primera intensión de criminalizar el ejercicio periodístico y establecieron que el delito no sea imputable a cualquier persona, sino sólo a servidores públicos.

Por lo mismo, la reforma que se aprobó no crea un nuevo artículo, como proponía la iniciativa, sino que establece el nuevo tipo penal dentro de un artículo ya existente, como una variante del delito de ejercicio ilícito del servicio público, regulado en el artículo 238 del Código Penal del Estado.

No obstante, su redacción todavía contiene resabios de la primera intensión de los diputados de hacer imputables a cualquier persona, porque establece que el servidor público podrá cometer el delito “por sí o por interpósita persona”.

Cabe resaltar que la dictaminación de esta reforma en la Comisión de Justicia se realizó a puerta cerrada, sin hacerla del conocimiento público, porque a diferencia de otras reuniones que realizó antes de la sesión, no se difundió en las redes sociales oficiales del Congreso del Estado.

Otra aprobación realizada fue la de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo, del Código Civil para el Estado de Quintana Roo, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y de la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Quintana Roo, en materia de violencia vicaria.

En las modificaciones se establece que “comete el delito de violencia vicaria, quien dolosamente cause un daño por sí o por interpósita persona a otra con la que mantenga o haya mantenido una relación de hecho, de concubinato o matrimonio, utilizando como medio para causar ese daño a las hijas o hijos de la víctima generándoles también a estos últimos un daño físico y/o psicoemocional”.

Además de considerar este tipo de violencia como una figura independiente del género, se estableció una agravante para los casos en que la violencia vicaria sea cometida por hombres en perjuicio de mujeres.

Además, se aprobó la creación del Registro Estatal de Agresores Sexuales, el cual, una vez que se publique en el Periódico Oficial, será de carácter público y contendrá los nombres de las personas sentenciadas por un juez penal, en virtud de un delito de naturaleza sexual en el estado.

La reforma establece que el nombre del sentenciado permanecerá en la lista durante el tiempo que dure su pena, y se deberá retirar después de cumplida.

También se estableció que la Fiscalía General del Estado (FGE) creará una lista de la los delitos cometidos contra mujeres, con clasificación de los hechos, lugar de ocurrencia o lugar de hallazgo de los cuerpos.

Todas estas iniciativas fueron tomadas por la XVI Legislatura para tratar de compensar y apaciguar la inconformidad de las colectivas feministas a causa del rechazo a despenalizar el aborto antes de las 12 semanas de gestación, reforma que fue desechada por los diputados en marzo del 2021.

Tampoco quisieron atender el tema luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización del aborto.

Cabe mencionar que las reformas recién aprobadas todavía estarán sujetas a la revisión que realice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que en caso de encontrar algún vicio que pudiera ser atentatorio de libertades fundamentales podría interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

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RAM

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