Vulcan Materials Insiste en No Renunciar a Derechos de Propiedad en Nueva Área Natural Protegida en Playa del Carmen

Hasta el momento, la empresa no ha declinado los derechos de propiedad de los terrenos en la zona ni al arbitraje internacional.

El conflicto entre el gobierno mexicano y esa empresa estadounidense, inició un episodio relevante el pasado 23 de septiembre de 2024, cuando fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declara Área Natural Protegida Felipe Carrillo Puerto, con la categoría de área de protección de flora y fauna, una superficie de 53,227 hectáreas, ubicada en los municipios Solidaridad, Cozumel y Tulum, estado de Quintana Roo, incluidos los terrenos de la compañía donde está un banco de extracción de piedra y un puerto.

Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el objetivo es preservar un corredor natural con acceso al mar, con más de 50,000 hectáreas para la protección de flora y fauna que incluye especies endémicas como el mono araña, el mono aullador, murciélagos y jaguar.

Además, restaurar el patrimonio natural devastado por la empresa en una extensión de 2,000 hectáreas, así como crear un corredor biológico entre el Mar Caribe y los Petenes de Campeche, en el Golfo de México.

La Semarnat, informó que la empresa realizaba la explotación industrial de roca caliza, incluso por debajo del manto freático y ocasionó la devastación ambiental y graves desequilibrios ecológicos en la región, incluida la destrucción de tres cenotes.

Según la autoridad, esa empresa tenía permiso para operar en 1,200 hectáreas, pero utilizó alrededor de 800 más.

También la acusa de sobrepasar los permisos que se le dieron en 1986 para la extracción de piedra caliza e, incluso, asegura que desde 2020 ya no cuentan con permiso para operar esa actividad.

La Semarnat trabaja en la integración de un programa de manejo, el cual deberá estar listo el 28 de febrero de 2025, el cual incluirá las directrices para la gestión sostenible del puerto.

En tanto, para la compañía, y como se informó oportunamente, la declaratoria de área Natural Protegida (ANP) “es una parte más de una serie de amenazas y acciones de la actual administración contra nuestras operaciones, que son legales, y cuentan con las autorizaciones necesarias en el país”.

En su opinión, es una escalada más y una nueva violación de los compromisos de México en el marco de los acuerdos comerciales de América del Norte, incluido el T-MEC y otros tratados de inversión aplicables. “Este último acto nos priva del uso de nuestros terrenos y, por lo tanto, nos defenderemos empleando todas las vías jurídicas disponibles”.

Incluso, asegura que tendrá un efecto paralizante y de largo plazo en las relaciones comerciales y de inversión entre México y Estados Unidos.