Violencia y Sindicalismo en Quintana Roo

• Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

Ahora que al fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, se le ocurrió decir que el asesinato del dirigente sindical Mario Machuca Sánchez se investiga por “motivos laborales”, entre otras líneas, se encuentra la explicación del porque el bajo índice de carpetas de investigación que llegan a judicializarse, a pesar de la violencia atroz que sigue destruyendo el tejido social de la entidad.

Si el titular de la Fiscalía, a los pocos minutos del asesinato, sale a declarar ocurrencias y con ellas quiere integrar una carpeta de investigación, con la misma dinámica y premura, los fiscales y agentes de investigación cierran las indagatorias, así de esta manera, cuando los casos llegan ante los jueces, por estas malas prácticas que afectan el debido proceso, los presuntos responsables ya no son investigados y la impunidad sigue gobernando en Quintana Roo.

De nada sirve que semana tras semana, el fiscal se reúna con la prensa para presumir sus logros, porque a las pocas horas, los detenidos salen en libertad porque la Fiscalía fue incapaz de integrar las investigaciones de manera profesional. Las ocurrencias, para salir del paso, son las armas que utiliza el fiscal para cuidar su imagen y poder regresar a Chiapas a continuar con su carrera política y policial.

Pero mientras eso sucede, las consecuencias de sus errores, negligencias e incapacidades las tiene que afrontar la sociedad quintanarroense, la cual paga sus millonarios salarios y viáticos de López Salazar y de su privilegiado grupo de colaboradores que los trajo de Chiapas y Puebla.

Este fiscal le ha servido a la 4T para sus revanchas políticas, pero el pueblo de Quintana Roo se ha quedado en estado de indefensión en materia de procuración de justicia. Las carpetas de investigación se siguen acumulando, porque el fiscal es incapaz de ordenar y dirigir las investigaciones, así como para denfenderlas en los juzgados.

Al rosario de impunidad generado por la misma Fiscalía de Quintana Roo, ahora se sumará el caso del asesinato de Mario Machuca Sánchez, exdiputado federal y local por el Partido Revolucionario Institucional y dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

Este lunes 4 de agosto, Machuca Sánchez, fue asesinado por dos personas que viajaban en una motocicleta en una de las vialidades concurridas del internacionalmente conocido Cancún.

El gobierno municipal de Ana Patricia Peralta, está más ocupado en ocultar sus actos de corrupción, que brindarle seguridad a los residentes de Cancún, como a los miles de visitantes que siguen llegando a este destino turístico.

Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de homicidio calificado, tras los hechos en los que un hombre, identificado como Mario “N”, perdió la vida a bordo de un vehículo marca Chevrolet, modelo Tahoe 2024, en calles del municipio de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún.

De acuerdo con las primeras indagatorias, los agresores, quienes se trasladaban a bordo de una motocicleta, donde uno de ellos cargaba una mochila de comida rápida, dispararon contra la unidad que se encontraba estacionada en la supermanzana 42. La persona falleció en el lugar a consecuencia de las lesiones provocadas por arma de fuego.

Horas después se informó que la motocicleta utilizada para perpetrar este asesinato fue localizada en la supermanzana 27, así como la mochila de reparto que cargaba uno de los responsables.

De acuerdo a un comunicado de la Fiscalía como parte de las diligencias iniciales, se “establece como primera línea de investigación un posible móvil relacionado con actividades en su ámbito laboral, sin que se descarten otras hipótesis”.

Raciel López Salazar, debe darle una explicación al pueblo de Quintana Roo, así como a la clase política de la entidad que lo sostiene en el puesto, del porque se le ocurrió priorizar la referida línea de investigación, qué es lo que sabe, cómo servidor público, si tiene información previa y adicional al hecho debe ponerla a disposición del fiscal que lleve el caso.

Pero como está acostumbrado este funcionario, a las víctimas mortales, los criminaliza, hasta los responsabiliza de sus muertes, los acusa de estar vinculados con la delincuencia, pero si antes de los hechos tiene esa información, por qué no actúa, o ¿al momento que se registran los asesinatos una voz divina le hace revelaciones?

Cambio 22 recordó que el asesinato de Mario Machuca Sánchez, se suma al de César Contreras Arteaga, delegado local de la UNTRAC, dirigente de mototaxistas en la delegación Alfredo V. Bonfil de Cancún, el pasado 25 de julio.

El 12 de mayo, también del 2025, el exlíder cañero Evaristo Gómez Díaz, de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar (ULPCA), fue encontrado sin vida junto a su escolta y chofer en el poblado de Sacxán, municipio de Othón P. Blanco.

La forma y las circunstancias en que asesinaron a estos tres dirigentes ya conforman un patrón que debe preocupar a la clase política gobernante de Quintana Roo.

Hay que recordar que Mario Machuca Sánchez representaba a miles de trabajadores de hoteles, restaurantes y demás servicios turísticos en Quintana Roo, uno de los principales motores de la economía de la entidad, por lo que si la Fiscalía estatal no puede con el paquete deben pedir que atraiga el caso la Fiscalía General de la República (FGR).

Este asesinato se suman a la hola de violencia que día tras día crece en Cancún, Tulum, Playa del Carmen y demás lugares turísticos que son la ventana de México para el mundo.

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