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Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez/CAMBIO 22

La violencia vicaria en Quintana Roo sigue creciendo sin que se hayan diseñado y puesto en marcha políticas públicas para eliminarla, porque a la clase política solo le da para los discursos, así como para aprobar leyes imprácticas, porque instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial están dispuestas a erradicar la cultura machista y de protección a los hombres del poder político y económico de la entidad.

A principios de diciembre de 2024,  el colectivo Xtabay Quintana Roo informó que había presentado diez denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, contra jueces de Instrucción Familiar y de Control Penal por anomalías en casos de violencia vicaria, sin embargo, las investigaciones quedaron estancadas.

Estas diez juezas y jueces de Quintana Roo a finales de 2024 habían llevado procesos con severas irregularidades, así como abusos del poder y tráfico de influencias. Cada jueza o juez atendieron de manera negligente de tres a cinco casos de violencia vicaria Cancún, Solidaridad, Chetumal, Bacalar y la Zona Maya.

A continuación presento algunos de los casos que Maya sin Fronteras ha documentado durante los últimos años y visibilizado a nivel nacional e internacional con el invaluable trabajo de organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Justicia Propersona.

Lucero

Lucero Ojeda Pérez, ha sido víctima de violencia vicaria, económica, emocional y psicológica por parte de su exesposo, Vicente de Jesús Franco Reyes, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como director de Licencias de Bebidas Alcohólicas en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) del gobierno del estado de Quintana Roo.

Durante el matrimonio, que duró 17 años bajo el régimen de bienes mancomunados, procrearon dos hijos, uno, ahora ya de 18 y otro de 7 años de edad. Desde que inició el proceso de divorcio en abril de 2024, Franco Reyes ha utilizado su posición y tráfico de influencias para ejercer violencia institucional en contra de Ojeda, incluyendo la presentación de denuncias falsas y el uso de sus contactos en las fiscalías y poderes judiciales de Quintana Roo y Yucatán.

En abril de 2024, Ojeda presentó una denuncia por violencia familiar ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, con número de carpeta FGE/QROO/CAN/FEDCMYRG/04/975/2024. En respuesta, Franco Reyes, junto con el fiscal César Manuel Morales Guevara, quien es amigo suyo, le integró dos carpetas de investigación falsas, en las que ella fue imputada sin haber sido notificada ni tener derecho a audiencia.

Una de estas carpetas, FGE/QROO/BJ/05/9119/2024, fue motivada por una denuncia falsa de violencia familiar en contra de su hijo de entonces16 años, lo que generó una orden de aprehensión sin el debido proceso. Lucero logró obtener un amparo con suspensión provisional y posteriormente definitiva, otorgado por el Juzgado Tercero de Distrito de Cancún, quien reconoció actos de violación a sus derechos fundamentales.

Además, en mayo de 2024, se le inició una nueva carpeta de investigación por amenazas, falsificación de declaraciones y compra de testigos, con número FGE/QROO/BJ/05/10237/2024, en la que se intentó nuevamente obtener una orden de aprehensión.

En octubre de 2024, fue objeto de un intento de detención por parte de elementos de la policía municipal de Cancún, quienes supuestamente intentaron sembrarle un arma en su vehículo para desacreditarla y quitarle la custodia de su hijo menor. A pesar de que no fue detenida gracias a la intervención de un abogado, la situación evidenció un contubernio entre autoridades locales y su exesposo.

En agosto de 2024, se inició una denuncia en Mérida, Yucatán, bajo el número FGE/PATRIM/UNADT-892/2024, por fraude genérico y falsificación de documentos, interpuesta por André Palma Schuster, quien acusó a Lucero de haber recibido 850 mil pesos por un terreno con documentos falsos.

Sin embargo, se han señalado indicios de que Palma Schuster recibió un millón de pesos para presentar acusaciones falsas y que se niega a acudir a audiencias, lo que sugiere una manipulación del proceso judicial. El fiscal investigador José Fernando Frías Lara, quien llevó la investigación, no solicitó pruebas clave como grabaciones de video del estacionamiento, donde supuestamente se le entregó el dinero, ni comprobación del retiro bancario del mismo dinero, lo que ha sido cuestionado por el abogado de la víctima como una falta de profesionalismo y un intento deliberado de generar una orden de aprehensión.

A pesar de que Lucero ha sido beneficiada con la suspensión definitiva de la orden de aprehensión en el expediente 1084/2024 del Juzgado Quinto de Distrito, continúa enfrentando acoso judicial y violencia mediática por reclamar sus derechos como mujer y madre.

Su denuncia por violencia familiar aún no ha sido judicializada, y en mayo de 2025 se declaró el no ejercicio de la acción penal en una denuncia por feminicidio en grado de tentativa, a pesar de que las investigaciones no habían concluido, lo que motivó la presentación de un recurso de apelación.

El caso de Lucero Ojeda ha sido señalado como un ejemplo de cómo el machismo, la falta de capacitación y el tráfico de influencias en las fiscalías y poderes judiciales de Quintana Roo y Yucatán promueven la impunidad en casos de violencia vicaria.

Durante 2025 ha sido víctima de acciones violentas como el hecho que su vehículo, estacionado frente a la casa de su mamá, en Cancún, intentó ser incendiado, agravio que no se concretó porque vecinos lograron controlar el incendio; horas después, la casa de su madre fue baleada por un desconocido, quien semanas después fue identificado como expolicía municipal de Cancún, quien fue detenido y sometido a proceso.

Sin embargo, su denuncia de violencia vicaria sigue sin importarle a las autoridades judiciales de Quintana Roo, mientras el exesposo sigue operando en los círculos de poder político y económico de la entidad.

Eva

Eva Kryskova, de origen checo, vive en México desde hace 17 años. Dos años después que se instala en territorio mexicano, en 2010, conoce a Alejandro Suárez Labastida con quien vivió primero en unión libre, posteriormente en matrimonio hasta el año 2019, cuando se divorciaron.

De esta relación nace en el año 2012 su hija, hoy siendo una menor de 13 años. La historia de amor que comenzó en 2010 se convierte en un caso grave de violencia psicológica, económica, explotación, humillaciones, internamiento en una clínica psiquiatrica, amenazas de quitarle su hija, descreditarla y destruirla, por lo que Eva decide salir del matrimonio.

Logra separarse de Alejandro con la asesoría del Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM en diciembre 2019. Se acuerda custodia compartida porque así lo impone Alejandro para no tener que pagar alta manutención pero la mayoría del tiempo la responsabilidad de la manutención cae sobre Eva.

Desde Mayo 2020 Alejandro no quiere pagar, lo que se acordó en el convenio de divorcio y Eva lo demanda por unos cheques, que le estaba debiendo. El juicio mercantil tarda y en el otoño 2021 Eva acepta una oportunidad laboral en extranjero por el periodo de tres meses, después del acuerdo previo con Alejandro. La principal razón de la salida laboral es darle a su niña la mejor vida posible, que siempre le ha dado.

Sin embargo, se vio obligada a regresar del extranjero porque ya no le permitían la comunicación con su hija.
En 2024, presentó una nueva denuncia por sustracción y retención de menor, tras la cual su hija fue llevada por su padre sin autorización judicial, y la juez que presidía el caso no intervino para corregir las inasistencias a las convivencias supervisadas.

Eva ha sido víctima de violencia psicológica, económica y de control a través de su hija, con el objetivo de destruirla emocionalmente y obligarla a salir de México.

A pesar de que su caso fue reconocido como violencia vicaria en 2023, los jueces han ignorado pruebas presentadas y emitido resoluciones sin fundamentos jurídicos ni perspectiva de género.

Erika

Durante 2025, se dio a conocer el caso de Erika Contreras Pérez, otra mujer víctima de violencia vicaria en Yucatán. Ella es licenciada en Ciencias de la Familia y maestra en Ciencias de la Educación, su expareja, Mauricio Efraín Estrada Pérez, licenciado, maestro y doctor en Derecho, y exconsejero de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, desde agosto pasado se negaba a entregarle a su hija Lucía a Erika, ya que ella tiene la custodia, pero por el burocratismo tanto de la Fiscalía de Yucatán como del Poder Judicial, fue hasta meses después que le ejecutaron una orden de aprehensión y después de un día pudieron recuperar a la niña y entregarsela a su madre, ya que después de la detención del padre se desconocía el paradero de la niña.

Estrada Pérez fue vinculado a proceso por violencia vicaria, sustracción de menores en su modalidad de retención, violencia familiar y lesiones. Los hechos ocurrieron desde octubre de 2023, cuando el imputado comenzó a agredir psicológica, emocional y verbalmente a su ex pareja, y se negó a devolver a su hija al finalizar el periodo de custodia. Como resultado, se impusieron medidas cautelares al acusado, incluyendo prohibición de acercamiento a la víctima y su domicilio, y la obligación de someterse al cuidado y vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares.

Grisel

Ernesto “N” es el primer agresor de violencia vicaria vinculado a proceso después de que se introduce a la ley de Quintana Roo el tipo penal, pero al impugnar el auto de vinculación a proceso, el caso llega al ámbito del magistrado Carlos Alejandro Lima Carbajal, quien le da la razón y revoca ese auto, a pesar de hechos no ciertos que argumenta el mismo magistrado y que durante una audiencia se le aclararon.

Grisel, la víctima perdió la custodia de su hijo y enfrenta denuncias penales en su contra, pero su victimario se encuentra libre, con el apoyo de un magistrado, hoy en retiro, y la corrupción del sistema judicial de Quintana Roo, porque este no es el único magistrado machista, sino que tanto en la Fiscalía como en los juzgados laboran personas que prefieren darle la razón a los victimarios que investigar y actuar conforme a derecho.

Yamile

El caso de Yamile Moisés, es identificado como ejemplo de la impunidad y corrupción que afecta a las víctimas de violencia vicaria, por las omisiones, tráfico de influencias y desconocimiento del interés superior de la niñez, destacando que el sistema judicial ha permitido que agresores mantengan contacto con sus hijas e hijos a pesar de peritajes que demuestran el temor de los menores.

Yamile, al ser vinculada a proceso por el supuesto delito de robo se violentaron una serie de sus derechos como los establecidos en artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como son el 14, 16 y, 19 primer párrafo.

La inconstitucionalidad de la vinculación a proceso de Yamile, junto con el coimputado José Eduardo, se originó porque en ningún momento de probó que se hayan incumplido los preceptos constitucionales antes enumerados.

Se violentó en primer término, el Artículo 16 constitucional porque las actuaciones ministeriales y judiciales hasta ese momento desahogadas no se ajustaron a la al exacta aplicación de la ley penal; el 20 constitucional apartado B por cuanto hace al debido proceso que garantiza la presunción de inocencia; el 19 constitucional, mismo que le impune al juez de control la obligación de que en primer término se acreditara la existencia de un hecho y de que este hecho tuviera apariencia de delito.

En este caso, de acuerdo a los argumentos de la víctima, el juez de control de manera por demás violatoria de los derechos invocados “tuvo a bien considerar la existencia del hecho con apariencia de delito tipificado como robo, falsamente sucedido según testigos y la víctima en fecha 7 de octubre del año 2022”.

Agostina

}La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) reclasificó el caso de la modelo argentina Agostina Jalabert como feminicidio, tras una investigación que reveló signos de violencia física, tortura y agresión sexual previa a su muerte, lo cual contradecía la clasificación inicial como suicidio. Este cambio se produjo tras presiones de la familia, abogados y colectivos feministas, y se basó en evidencia forense que incluye lesiones, quemaduras de cigarrillo y signos de abuso sexual.

Agostina Jalabert, de 31 años, fue hallada muerta el 18 de febrero de 2023 en su apartamento en Playa del Carmen, donde compartía vivienda con su hermana y su pareja sentimental, Juan Manuel Revertier, quien se encuentra en paradero desconocido.

La autopsia reveló que la víctima presentó golpes en la cabeza, el labio, quemaduras de cigarrillo y signos de una relación sexual no consensuada, elementos que no son comunes en casos de suicidio.

A pesar de que la policía llegó al lugar dos veces durante la noche por una pelea reportada por un vecino, y de que el novio de la víctima no dio una explicación coherente, las autoridades inicialmente clasificaron el caso como suicidio, lo que permitió que Revertier quedara libre y huyera de México.

La reclasificación como feminicidio fue anunciada en una conferencia de prensa virtual el 10 de marzo de 2023, en la que participaron la abogada de la familia, Betina Teuly, y representantes del colectivo Siempre Unidas.

La Fiscalía de Quintana Roo confirmó que el caso sería investigado bajo el protocolo de feminicidio, y se consideró la posibilidad de emitir una orden de búsqueda y captura internacional, incluyendo la colaboración con Interpol, si Revertier no se presenta. Hasta el momento tanto la policía de México, la de Argentina y la Interpol, siguen sin interesarse del caso.

 

 

 

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