🔊 Escuchar la nota

 

• Necesariamente Incómoda

 

Graciela Machuca Martínez / CAMBIO 22

Erika Contreras Pérez, licenciada en Ciencias de la Familia y maestra en Ciencias de la Educación, relata la desaparición de su hija Lucía, ocurrida en agosto de 2024. Su expareja, Mauricio Efraín Estrada Pérez, licenciado, maestro y doctor en Derecho, y exconsejero de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, es el padre de Lucía.

Su relación, iniciada a los 18 años, estuvo marcada por celos y control, culminando en violencia física durante el embarazo y después del nacimiento de Lucía en enero de 2019. Tras una agresión severa, Erika, con ayuda del Centro de Justicia de las Mujeres, abandonó el domicilio familiar con Lucía, presentando una denuncia que posteriormente retiró a cambio de un convenio de mediación que le otorgaba la custodia de Lucía y le prohibía a Mauricio sacarla del estado sin su consentimiento.

El convenio establecía la convivencia de Mauricio con Lucía cuatro días a la semana. A pesar del convenio, las amenazas y la violencia continuaron. En agosto de 2024, Mauricio se llevó a Lucía, alegando que Erika no le contestaba las llamadas. Tras una denuncia por violencia familiar y vicaria, Mauricio denunció un supuesto abuso sexual contra Lucía, involucrando a un tercero, no a Erika.

Erika sufrió agresiones físicas al intentar recuperar a Lucía. La Fiscalía, tras varias citaciones sin respuesta de Mauricio, inició una investigación por violencia familiar, violencia vicaria, sustracción de menores y lesiones.

Lucía permanece desaparecida desde agosto de 2024. Erika perdió su trabajo debido a la violencia digital sufrida. La casa donde vivían, comprada por Erika con un crédito Infonavit, está a nombre de ambos, aunque Erika afirma haber firmado la copropiedad bajo coacción. Ninguna autoridad la ha ayudado a recuperar la propiedad de la casa.

Erika recuerda que conoció a Mauricio en Chetumal donde ambos vivían. “A los 18 nos hicimos novios y ha sido mi única pareja”.

Aunado a una amplia entrevista, Erika escribe para esta columna, unas notas en la que reseña: “Cuando Lucia nació empezó la violencia mas intensa, incluyendo violencia física. En enero 2019 con dos semanas de nacida, Lucia y yo abandonamos el hogar porque denuncie violencia familiar en el Centro se Justicia de la Mujeres de la Fiscalía General del Estado de Yucatán”.

Después de ser presionada por Mauricio “…desistí de la denuncia a cambio de firmar un convenio que quedo como sentencia en, el ahora, Juzgado Noveno de Oralidad Familiar de Yucatán a cargo de la jueza Ana Elena Alpizar Achurra.

“En 2023 acudí por ayuda psicológica y jurídica a la Secretaría de las Mujeres de Yucatán y enero 2024 presente una nueva denuncia por violencia familiar y vicaria”.

A pesar de la intervención institucional, en agosto de 2024 Lucia fue sustraída, “después de no regresarla en convivencia de verano. El Juzgado Familiar me da orden de restitución pero alguien del Poder Judicial de Yucatán le filtra la información y se lleva a mi hija ocultándola durante un mes”.

Se emite Alerta Amber, por lo que tienen que acudir “ante la jueza del Juzgado Segundo de Control, Silvia Elena Torres Coba, quien con las pruebas lo vincula por sustracción de menores en modalidad de retención, violencia familiar, vicaria y lesiones”.

A la par de esta vinculación él consigue un amparo del juez Primero de Distrito, en ese momento el Juez Fernando Novelo, ya retirado le concede la suspensión definitiva “con base en una denuncia falsa que Mauricio hace por presunto abuso/delito sexual en contra mia. Por ese amparo, la jueza familiar impone sobre mí, medidas de protección a favor de mi hija y autoriza que yo me reúna con ella en el centro de convivencias”.

Durante 9 meses, Mauricio usa recursos legales para retrasar solución del juicio de amparo.

Erika promovió 41 diligencias en la denuncia de delitos sexuales accediendo en abril 2025 al ejercicio de la no acción penal.

En mayo 2025, el juzgado federal resuelve que Lucia sea restituida con su madre, quien durante este proceso ha conservado la guarda y custodia.

Al ordenar la jueza familiar la restitución de la menor el 13 se junio 2025, de nuevo le filtran la información a Mauricio y el desaparece de su domicilio con Lucía.

14 de junio, Erika denuncia la desaparición de Lucía y hasta el 23 de junio “ni yo ni autoridades tenemos noticias de su paradero”. A pesar que en audiencia de revisión de medidas cautelares la jueza Silvia Elena Torres Coba le impone el uso de brazalete electrónico como medida cautelar.

Ante estos hechos, Mauricio presenta una nueva demanda de amparo, contra la restitución “a sabiendas de que no será procedente”.

A estas alturas del proceso, Mauricio está vinculado a proceso por los delitos de violencia familiar, sustracción de menores, violencia vicaria y lesiones. Entre las medidas cautelares que tiene se encuentra la de firmar cada 15-30 días, impuesta por la jueza de Control, Silvia Elena Torres Cobas.

Sobre este caso también entrevisté a Adelaida Salas Salazar, activista y defensora de los derechos humanos en Yucatán, conocida por su trabajo en la prevención de la violencia contra las mujeres y el feminicidio. Es representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y ha denunciado múltiples casos de violencia y falta de atención gubernamental en este ámbito, como el de Gabriela Molina Canto.

Salas Salazar sostiene que a pesar de que Erika tiene una orden judicial a su favor para estar con su hija, Mauricio, un abogado con conexiones diversas conexiones políticas y económicas en la Península de Yucatán, también exconsejero de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán utiliza tácticas legales dilatorias y una falsa denuncia de abuso sexual para impedir que Erika vea a su hija.

Hizo mención que la jueza Silvia Elena Torres Cobas del quinto juzgado, “a pesar de un amparo federal ordenando la restitución de Lucía, no actúa, permitiendo que la niña desaparezca por más de un mes. A pesar de las cámaras de seguridad y los recursos del C-5, Lucía no es localizada. Mauricio, desempleado, cuenta con recursos para pagar abogados costosos, lo que sugiere corrupción”.

Detalla que el gobierno estatal, a través de la Secretaría de las Mujeres, “ha intervenido, incluyendo viajes a Ciudad de México para reunirse con Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, así como con magistrados, pero sin resultados significativos”.

Advierte que la falta de acción de la policía, de la Fiscalía y del Poder Judicial se considera violencia institucional. “Erika ha sufrido consecuencias como la pérdida de su trabajo y problemas de salud”.

Cuestiona la inacción del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, quien no prioriza el tema de las mujeres, así como la falta de perspectiva de género en el Poder Judicial.

Salas Salazar manifiesta su preocupación por la posible suspensión del nombramiento de abogadas y asesoras jurídicas, lo que agravaría la situación.

El caso de Erika, una mujer de clase media con acceso a defensa jurídica, ilustra la gravedad del problema, ya que casos de mujeres con menos recursos tienen peores desenlaces. La falta de prevención y la ineficacia del sistema judicial son temas centrales, que hoy mantienen en calidad de desaparecida a una menor de 6 años, que su vida está en riesgo en manos de un psicopata con título de doctor en derecho.

 

 

 

redaccion@diariocambio22.mx

KXL/RCM