🔊 Escuchar la nota

 

►  “Cárteles en disputa, colusión policial, y la sombra del gobierno: Chiapas sumido en la barbarie con más de 100 homicidios y miles de desplazados

 

Redacción/CAMBIO 22

TUXTLA GUTIÉRREZ | La violencia en Chiapas llegó a niveles insospechados. La espiral de violencia es producto de la feroz disputa por el control de la frontera con Guatemala, protagonizada por el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), combinado con una avalancha de migrantes; a ello hay que agregarle la complicidad de los cuerpos policiacos y la corrupción imperante del gobierno que encabeza Rutilio Escandón Cadenas, cuñado de Adán Augusto López Hernández, ex gobernador de Tabasco que permitió la incursión del CJNG propagando una lucha local en una guerra regional que deja un saldo de más de 100 homicidios violentos en los últimos meses y miles de indígenas chiapanecos desplazados.

El CDS y el CJNG han encontrado en la región fronteriza una nueva veta para explotar; un territorio poroso, fértil para los negocios ilícitos, con grandes arterias para el narcotráfico que atraviesan Lacandona, Frontera Comalapa y la costa del Pacífico. El caldo de cultivo está servido ya que la destrucción del tejido social está devorando la región y, como siempre, es la sociedad civil quien más lo está pagando, especialmente las mujeres y las comunidades indígenas, de acuerdo con todos los informes, análisis, testimonios de especialistas y de la gente que lo sufre masacres, feminicidios, secuestros, violencia sexual, desapariciones, desplazamientos forzados. El repertorio del terror es extenso.

Durante años, el CDS ha controlado la ruta para el trasiego de drogas del Pacífico, una de las cuatro que conectan al sur del país con Estados Unidos que originalmente inicia en Colombia y termina en Los Ángeles, California, pero tiene como uno de sus puntos estratégicos Chiapas. La droga se envía a México, ya sea, vía Ecuador o Venezuela. Algunos cargamentos llegan en lanchas rápidas a la costa chiapaneca. En ocasiones, los traficantes que vienen desde el centro y sur del continente entregan ahí para que la droga sea transportada por tierra y, en otras, solo recargan combustible para seguir costeando hacia el norte del país, por el litoral del Océano Pacífico.

Las otras tres rutas son la del Centro, que va por tierra adentro de México, desde Tabasco a Texas y es utilizada intensamente por el CJNG; la del Golfo, que va desde Tabasco hacia Texas y en ella operan varias organizaciones, entre las que destacan el Cartel del Noreste, Zetas nueva Escuela y el Cartel del Golfo. Lo mismo ocurre con la ruta del Caribe, que comienza a reabrirse y que va de Campeche, Yucatán hacia Miami, otra muy socorrida es la que ingresa a Quintana Roo vía terrestre por la frontera con Belice o el bombardeo aéreo en sus costas que recalan constantemente en Mahahual, Tulum y Cozumel.

De acuerdo con informes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) extraídos por la organización Guacamaya Leaks, en Chiapas operan, además del CDS, los Zetas y/o Vieja Escuela, el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cartel del Golfo y el cartel de San Juan Chamula. Incluso se comentaba que el CJNG tenía presencia en algunas zonas.

Informes militares refieren que el CDS controla la zona centro de la frontera de Chiapas con Guatemala, en La Trinitaria y Frontera Comalapa, así como la franja costera que va desde Suchiate hasta Tonalá. Fue en el año 2022 cuando el CJNG llegó a Chiapas el CJNG y arrebató a los sinaloenses el control de algunos municipios del sur de la entidad y ahora le disputa esa región.

Durante las últimas semanas, los jaliscienses comenzaron a tener una fuerte presión de los de Sinaloa y optaron por establecer un anillo de protección en la zona de Frontera Comalapa, mediante los llamados narcobloqueos, para impedir que llegaran a las poblaciones donde ellos se encontraban.

Los reportes periodísticos refieren que se creó un grave problema con los narco bloqueos pues al impedir el paso se provocó desabasto de productos básicos y medicinas, además de que la población no pudo desplazarse para realizar sus actividades cotidianas.

Las crónicas consignan que el pasado 23 de septiembre, los sinaloenses, entraron en columnas de vehículos con hombres fuertemente armados, a comunidades de esa zona, fueron recibidos por la población con aplausos y diversas muestras de aprobación, precisamente porque rompieron el bloqueo que padecieron durante semanas.

Ante el clima de violencia en la región, la iglesia católica, a través de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas denunció el mismo sábado 23 que se vive una crisis frente a la violencia estructural e institucional con la presencia de la delincuencia organizada “que lacera la vida” de las comunidades. Señaló que la población de la zona sufre asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento y despojo de bienes. Asimismo, enfatizó que se ha denunciado permanentemente la crisis, la represión y la presencia de grupos criminales; sin embargo, no ha habido respuesta. “El silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad humana y nos demuestra un Estado fallido y rebasado”.

“Resulta que en la frontera con Guatemala, en Chiapas, hay grupos de la delincuencia organizada que presuntamente se están disputando el territorio para tener espacios y guardar droga que entra de Centroamérica; afortunadamente no han habido muchos asesinatos, pero ha habido mucha propaganda”. dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador quien aseguró que ya se estaba atendiendo el asunto.

“Les envío un saludo y al mismo tiempo el llamado para que no caigan en actos ilegales, que no se dejen someter, que no los enganchen, sobre todo a los jóvenes; y que ya ordené que haya más presencia de la Guardia Nacional en toda esa región y que vamos a seguir ayudando”, indicó.

El incremento en la violencia va de la mano con la llegada masiva de migrantes principalmente de Venezuela y países de Centroamérica y El Caribe, que buscan llegar a Estados Unidos, de septiembre del año pasado a la fecha, se ha presentado en Tapachula, la llegada de hasta seis mil personas diarias, solicitando la condición de asilo. A esa cifra hay que sumar los que no acuden a esa institución y buscan continuar su camino hacia el norte del país. Los registros señalan que este año han llegado migrantes de 105 países.

Analistas en seguridad, han expuestos en medios y foros que desde hace, cuando menos 10 años, grupos del crimen organizado que operan en México, descubrieron que los migrantes, tanto extranjeros como mexicanos, constituyen un nicho de mercado. Hasta entonces, quienes hacían negocios ilícitos con el traslado eran los llamados polleros, pero, luego, las bandas de la delincuencia organizada comenzaron a cobrar una especie de peaje para dejarlos transitar por los territorios que controlan. Posteriormente, decidieron cooptar a migrantes para incorporarlos a sus estructuras delictivas y quienes se reusaban los ejecutaban.

Todos estos elementos se conjugan en el conflicto armado, político y social donde el Gobierno federal y el estatal continúan hablando de paz, mientras que los dos grupos criminales más poderosos de México, luchan por el dominio de la plaza en una guerra abierta que se está ensañando especialmente con la población civil, campesina e indígena en una altísima proporción.

Hace dos semanas la escalada de violencia trascendió al ámbito internacional cuando agencias turísticas de Francia, Reino Unido y Bélgica dejarán de llevar a sus clientes a la selva Lacandona y las autoridades de Guatemala denuncian incursiones y enfrentamientos a balazos con miembros del CJNG en su territorio.

La empresa ATC Touroperadores, que se define como “la primera empresa operadora de turismo en Chiapas desde 1984″, ha anunciado que “las agencias francesas, británicas y belgas que representamos han decidido no seguir llevando turistas a toda la zona Lacandona”, uno de los principales atractivos del Estado. La compañía justifica su decisión argumentando que “desde hace más de tres meses el ambiente turístico ha sido violentado drásticamente en algunas regiones de Chiapas” y “derivado de situaciones que se dieron con tres grupos de franceses, que operamos en esta última quincena”, sin especificar a qué tipo de situaciones se refiere.

Sin embargo, en el mismo comunicado, difundido en sus redes sociales, la empresa habla de incidentes con turistas extranjeros en los que los vehículos de ATC tuvieron que avanzar “entre pedradas y balaceras”. En el escrito, la empresa también se refiere a las amenazas y extorsiones del crimen organizado. “Hombres armados, muy armados, te dicen: ‘Aquí puedes pasar con turistas, pero esto tienes que pagar’, y te indican la hora en que puedes entrar a Bonampak, obviamente en carros de ellos, que pagas y te indican que tienes que pagar también un guardia de seguridad que te acompaña a huevo con el título de guía de turistas, y te piden mil pesos y no puedes negociar nada, porque tu interlocutor está con una escuadra en la cintura a la vista y atrás de él otro tipo con un arma larga, y pagas o pagas y si hay ‘operativo’, pues por gusto llegaste hasta ahí porque no pasas”.

EN el impacto internacional, las autoridades de Guatemala han alertado a la Secretaría de Relaciones Exteriores por la creciente presencia de integrantes del CJNG en su territorio. El grupo criminal se ha hecho fuerte en la región de Frontera Comalapa y Motozintla, municipios unidos por una carretera que el cartel bloquea y desbloquea a su antojo con sus propios retenes. La población huye de esa zona, desplazada por la violencia y la desprotección ante la ausencia de una presencia significativa del Estado y el miedo de ser asesinados o reclutados a la fuerza por el crimen organizado.

En las últimas semanas el CJNG colocó un retén en la frontera entre Motozintla, del lado mexicano, y Cantón Cheguate, en el guatemalteco. De acuerdo con Milenio, los criminales iban fuertemente armados y protegidos con chalecos antibalas. Según el mismo medio, los mismos miembros del cartel protagonizaron el primer enfrentamiento contra las fuerzas armadas de Guatemala la segunda semana de enero. Un comando cruzó a territorio del país centroamericano y se enfrentó a tiros con una unidad militar, que contraatacó y logró capturar a dos de ellos. Ambos confesaron ser chiapanecos e integrantes del CJNG. La policía localizó también dos casas de seguridad.

En la violencia diaria y la militarización, la población desplazada por la violencia se cuenta en miles de personas, las masacres se han convertido en parte del vocabulario cotidiano y, en general, en la región cunde el sentimiento de abandono y la sensación de que la única ley que rige el territorio es la del narco.

Detenciones que no frenan la violencia creciente

Eso sí, las fuerzas federales hacen anuncios espectaculares como lo sucedido la semana pasada con la detención de Guillermo Alexis Ochoa Cordero, líder del CJNG en la frontera y sierra de Chiapas, datos del Registro Nacional de Detenciones (RNDD) indican que fue detenido alrededor de las 10:45 de la mañana del 23 de enero de 2024, pero no ofrece información sobre el sitio de su captura. La ficha describe que su estatus de detención es “En traslado”, y además del nombre completo, lo identifica con el alias de “Memo”.

La hemeroteca digital consigna que Ramón Rivera Maravilla, alias ‘El Junior’, tomó las riendas del Cártel de Sinaloa en la entidad en 2016 luego de que su padre, Gilberto Rivera Maravillas, alias ‘El Tío Gil’, fuera detenido en Guatemala, ‘El Junior’ lideró las operaciones de Ismael ‘El Mayo’ Zambada utilizando una fachada como ganadero. Al igual que coordinaba la entrada de cocaína proveniente de Venezuela y Colombia, criaba toros en su rancho de Comitán. La cúpula del Cártel de Sinaloa se mantuvo estable hasta el 7 de julio de 2021, cuando un comando del CJNG) asesinó a ‘El Junior’ y a sus escoltas durante una emboscada en Tuxtla Gutiérrez.

La muerte de Rivera Maravilla dejó un vacío de poder que pretendía asumir Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias ‘El Señor de los Caballos’ o ‘El Fraile’. Hasta antes de que ‘El Junior’ fuera acribillado, Valdovinos se desempeñaba como operador de ‘El Mayo’ en Jiquipilas y parte de la costa chiapaneca.

Su descontento con el Cártel de Sinaloa llegó cuando, en lugar de que lo ascendieran a jefe regional, la responsabilidad recayó primero en Juan Isidro Rivera, alias ‘El Chilo’, y luego en Jesús Esteban Machado Meza, alias ‘El Güero Pulseras’, a quien ‘El Mayo’ habría enviado directamente para hacerse cargo del cártel.

Ante dicha situación, reportes de inteligencia militar señalan que ‘El Señor de los Caballos’ habría comenzado a trabajar con Los Zetas y, posteriormente, con el CJNG y Los Huistos —de Guatemala—, lo que implicó que se recrudecieran las disputas territoriales.

Por si fuera poco, durante los primeros días de enero de 2024 se dio a conocer la aparición de un nuevo grupo en el panorama delictivo del estado, autodenominado como el Cártel de Chiapas.

Sin que se tenga claridad sobre las personas al mando de esta agrupación, a través de narcomantas y videos han advertido una serie de ofensivas en contra del Cártel de Sinaloa y el CJNG por igual.

El 15 de enero, el cuerpo de un hombre fue decapitado y colgado en un puente de Tuxtla Gutiérrez junto a un amenazante mensaje dirigido a ‘El Güero Pulseras’ y a Julio César Moreno Pinzón, alias ‘El Tarjetas’, ubicado como líder regional del cártel de las cuatro letras.

Adicionalmente, el Cártel de Chiapas se adjudicó la responsabilidad por el ataque armado del 21 de enero contra la base de la Policía Estatal en Mezcalapa, sobre la carretera Tuxtla-Malpaso. Presumiblemente, tal ofensiva habría sido una advertencia para Francisco Javier Orantes Abadía, subsecretario de Seguridad Pública del estado acusado de brindarle protección al ‘Güero Pulseras’.

A través de un video difundido el 22 de enero, un comando armado señaló a Francisco Javier Orantes Abadía, conocido como ‘El Panchito’, de mandar a policías a cobrar cuotas a los migrantes. Otras personas señaladas de relacionarse con el Cártel de Sinaloa son Yahir Hernández Terán, director estatal de la Policía Fronteriza, responsable junto con Francisco Orantes de permitir secuestros y cobros de piso en Chiapas, así como de “venderle” la ciudad al ‘Güero Pulseras’.

Otra implicada sería Gabriela Zepeda Soto, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas, quien le habría vendido las cámaras del C5 al narcotraficante, quien las utiliza para moverse “con total impunidad”, así como secuestrar, según las acusaciones del Cártel de Chiapas.

Violencia tumba a Francisco Orantes Abadía

En junio del año pasado hubo un secuestro de 16 policías de la Secretaría de Seguridad de Chiapas a manos del crimen organizado, quienes pidieron a cambio de su liberación la renuncia de Orantes Abadía, así como de Hernández Terán. Sin embargo, tras la liberación de los cautivos, continuaron en sus cargos. El 15 de enero pasado, Francisco Javier Orantes Abadía volvió a ser noticia cuando una narcomanta colgada en Tuxtla Gutiérrez, con una persona decapitada a un lado, dijera que “esto le va a pasar a toda la gente de Francisco Orantes Abadía”.

En medios digitales circuló la denuncia que durante casi dos sexenios, Francisco Javier Orantes Abadía “sirvió fielmente a su siempre jefe Jorge Luis Lláven Abarca desde su llegada a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a quien junto con más de cinco mandos fueron los operadores alternos de grupos criminales asentados a finales del gobierno de Juan Sabines Guerrero”.

Francisco Orantes, alias El Panchito, también se le vincula con la ejecución del hijo de Gilberto Rivera Amarillas, alias El Tío Gil, a quien le habría “puesto el dedo” cuando era custodiado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mismos que también fallecieron el 7 de julio de 2021 en tremenda balacera rumbo al Club Campestre.

Las versiones señalan que Francisco Orantes Abadía, “dejó el cargo y huyó de Chiapas con rumbo desconocido tras el temor de ser ejecutado como advierten las amenazas de quienes se sienten traicionados por él”.

Los indígenas, los más golpeados por la violencia criminal

La Red por los Derechos de la Infancias en México (REDIM) y la Red por los Derechos de las Infancias y Adolescencias en Chiapas (REDIAS) dieron a conocer un informe en el que señalaron que, desde 2021, Chiapas ha sido el centro de una pugna cruenta entre grupos criminales que se disputan este territorio, clave para el tráfico de armas, de drogas y de personas.

Asegurando que más de 100 mil niñas, niños y adolescentes resultaron afectados en 2023 por estas disputas entre grupos criminales que pusieron en riesgo su vida y su integridad, que vulneraron sus derechos humanos, en algunos casos llevándolos al desplazamiento o al reclutamiento forzado y en casos aún más trágicos convirtiéndolos en víctimas de desapariciones u homicidios.

En esta disputa, pobladores de los municipios en la Sierra Mariscal han visto sus comunidades asediadas por una ola de violencia sin igual en la región: Cobro de piso, ataques armados, quema de vehículos, sitio de poblados, cortes de agua y luz, así como amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado, desaparición de quienes se niegan a colaborar, asesinatos violentos y desplazamiento forzado como resultado de la violencia.

El informe explica que 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado, aunque no existen datos oficiales que permitan entender la magnitud de la violencia a que se enfrenta la población. A lo largo de todo el año, en diferentes municipios de Chiapas, se dieron situaciones que afectaron la vida de miles de niñas, niños y adolescentes.

En el informe, las organizaciones indicaron que, en mayo, las comunidades de Lajerío y Candelaria, en Frontera Comalapa, tuvieron que desplazarse por la violencia de los grupos criminales. Desde entonces, otras comunidades a lo largo de la región Sierra Mariscal se han ido sumando a la lista de territorios asfixiados por la lucha entre grupos que se disputan el control de la frontera.

Para agosto, Motozintla y Chicomuselo fueron también escenarios de bloqueos, comunidades sitiadas y con ello, escasez y encarecimiento de alimentos. En septiembre, profesores de la zona escolar 025 publicaron un comunicado en el que declaraban la suspensión de clases en esa región debido a que no existían las condiciones para garantizar la seguridad.

La sección abarca los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Honduras de la Sierra, Las Margaritas, Mazapa, Motozintla y Siltepec.

El total de población de tres a 17 años en esos municipios, al menos, 70% de asistencia a la escuela de acuerdo con los datos oficiales, se estaría hablando de 108 mil 560 niñas, niños y adolescentes afectados por la suspensión de clases derivada de la violencia en el periodo septiembre-diciembre de 2023.

Por otro lado, la REDAS y la REDIM indicaron que la violencia también se manifestó en territorios fronterizos en la región Selva. Desde hace casi un año, comunidades de Ocosingo denuncian que los grupos criminales están aumentando sus actividades, como la tala clandestina, el tráfico de armas o la trata de personas.

“En las comunidades de Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Santo Domingo y San Javier estimamos que nueve mil 98 niñas, niños y adolescentes están siendo afectados por la violencia imperante en esos territorios.”

Añadieron que para muchas comunidades 2023 cerró en un contexto de guerra. En los municipios de Bella Vista y La Grandeza los pobladores denunciaron que fueron sitiados por grupos criminales que también realizaron cortes de agua y de electricidad para presionarlos a unirse a sus filas.

El año nuevo llegó a la Sierra Mariscal con enfrentamientos, siendo particularmente violentos en el municipio de Amatenango de la Frontera. En lo que va de enero de 2024 la situación no ha mejorado. A las disputas entre grupos criminales se suman agresiones del Ejército contra los pobladores bajo la acusación de que abren el paso al crimen organizado.

Poblados en los municipios de El Porvenir, Siltepec y Socoltenango se han visto amenazados por los soldados, que los han atacado con gases lacrimógenos.
Es por eso por lo que las familias han ido abandonando sus casas. Aunque no se tienen cifras exactas de la magnitud de la población afectada, se sabe que muchas personas han migrado a Estados Unidos o a otros estados de la Península, mientras que otros más se refugiaron con familiares en Tzimol y Comitán.

“Son miles que viven con miedo, incertidumbre y zozobra. Esto sin contar las situaciones de violencia en los municipios de Pantelhó, Chenalhó, San Cristóbal de las Casas, Altamirano, Tila y Ocozocoautla, así como los más de 100 mil niñas, niños y adolescentes que han quedado sin clases ante esta guerra entre grupos criminales que sigue creciendo con la omisión y la aquiescencia del Estado”, dice el informe.

Es por eso por lo que la REDIAS y REDIM hicieron un llamado urgente al gobierno federal, al estatal y a la comunidad internacional para reconocer y detener la guerra contra los pueblos de Chiapas.

El rechazo a la presencia de los militares

Todos los niveles de gobierno opinan, pero hasta el ,momento no hay una respuesta fácil a un conflicto con mil aristas. Por ejemplo: la intervención militar que solicita en su carta pública la comunidad Lacandona es una medida que muchas otras zonas del Estado rechazan.

A menudo, dicen las voces críticas, la presencia de los soldados es parte del problema, no de la solución. “Lo que nosotros hemos visto es que las comunidades muchas veces tienen toda una disyuntiva en el tema de la solicitud de seguridad. El impacto psicosocial muy fuerte del militarismo de los 90, con muchas violaciones a los derechos humanos, está en el imaginario colectivo.

El 1 de enero de 1994, el mismo día que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC), el EZLN, formado por miles de campesinos de Chiapas, tomó las armas y puso en jaque al Gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Buscaban poner fin a la lacerante desigualdad que sufren los indígenas en México. Al alzamiento zapatista le siguió el primer proceso de militarización en Chiapas. El Gobierno desató una estrategia de contrainsurgencia para aislar y reducir a las comunidades del EZLN, que viven desde entonces en regiones autónomas, al margen de las autoridades mexicanas.

Al calor de la contrainsurgencia surgieron numerosos grupos paramilitares con oscuras conexiones. El caso emblemático, el que permanece como una herida abierta en la memoria de la región, es Acteal: el 22 de marzo de 1997, un escuadrón de la muerte asesinó en una iglesia a 45 personas a sangre fría, entre ellas a 18 niños. Hace dos años, el Gobierno de López Obrador reconoció que tras la matanza se encontraba la mano del Estado y afirmó que los sicarios pertenecían a “grupos paramilitares con la complacencia de las autoridades”.

Por ello la presencia de los militares es non grata entre los indígenas chiapanecos, el 15 de enero los pobladores del municipio de Chicomuselo, se enfrentaron a militares para que no entraran a sus tierras. En redes sociales se publicaron varios videos que muestran el enfrentamiento entre pobladores campesinos y militares en ese lugar.

El 4 de enero los habitantes del municipio de Chicomuselo, en la sierra de Chiapas, denunciaron que integrantes de los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa se enfrentaron por más de 7 horas en la comunidad de Nueva Morelia. El saldo fue de más de 20 personas muertas, dos de ellas civiles, cuyos cuerpos se quedaron en el fuego cruzado por mucho tiempo porque sus familias no pudieron recogerlos.

Poco después y ante el pánico de que la violencia continuara, los más de 700 habitantes tuvieron que salir huyendo. Por medio de un comunicado, la comunidad advierte que el CJNG tiene secuestrada la cabecera municipal con retenes, atraviesan camiones en las carreteras, instalan casetas de vigilancia y revisan a los ciudadanos. Dijeron que el pueblo va a seguir resistiendo para no pagar cuotas ni ser cómplices de los grupos criminales pero exigen a las autoridades que ya metan las manos.

En un nuevo comunicado, los pobladores explican que el 16 de enero cientos de familias de las comunidades de Nueva América, Corona del Rosal, Benito Juárez, Chejel y Puerto Rico (municipios de Chicomuselo y Concordia) están resistiendo y huyendo por la entrada del Ejército y la Guardia Civil.

Explican que los militares están violentando a la sociedad civil que resguarda a las comunidades tras el enfrentamiento que ocurrió el 15 de enero.

“Las Fuerzas Armadas acusan a la sociedad civil de ser parte de un grupo criminal e irrumpieron en el ejido de Nueva América quitando las cercas, con las que se habían asegurado para evitar el ingreso de los carteles”, se lee.

Denuncian que los militares aventaron gases lacrimógenos y amenazaron a los pobladores afirmando que ya tenían ubicados a muchos. Reclaman que han perdido la confianza en los elementos militares porque hasta ahora solo actúan contra la población pero no contra los criminales.

Los videos publicados en redes sociales, en especial por el periodista Isaín Mandujano, muestran cómo los militares armados exigían que las comunidades los dejaran pasar mientras los pobladores defendían a sus tierras con palos y piedras.

La sombra del narco gobierno

A Rutilio Escandón en diversas ocasiones se le ha vinculado con personajes del crimen organizado, en redes sociales se viralizó una fotografía en la que supuestamente se aprecia a su hija María Escandón en compañía de dos peculiares personajes.

El escándalo ha vuelto tocar la vida personal del gobernador de Chiapas luego de que se viralizara en redes sociales una fotografía en la que supuestamente se aprecia a su hija María Escandón en compañía de dos peculiares personajes.

Esta no es la primera vez que la descendiente de Rutilio Escandón en señalada de establecer relaciones con la familia del narcotraficante pues, de acuerdo con medios de comunicación como Crónica, María Escandón quedó atrapada en el juego de grupos criminales que buscan el control del territorio chiapaneco que culminó con la captura de un presunto jefe de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) identificado como Marco Aurelio Hernández en septiembre de 2022.

Ese mismo mes y año, medios de comunicación locales de Chiapas difundieron un mensaje de WhatsApp en el que iba adjuntada una supuesta fotografía de la hija del gobernador junto a la esposa de Juan Valdovinos, quienes aparentemente habrían hecho uso de un avión del gobierno para viajar a Las Vegas. No obstante, dicha información no ha sido confirmada.

Aunque es escasa la información que existe sobre Juan Manuel Valdovinos Mendoza, con el auge que en días recientes ha tenido la narcoguerra de organizaciones criminales en Chiapas y la supuesta relación de sus familiares con la hija del gobernador Rutilio Escandón, es escarnio publico.

Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias “El señor de los caballos” o “El fraile”, ha destacado como uno de los líderes de la organización criminal de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en la entidad.

Actualmente el CJNG está incursionando en el norte de Chiapas en sus municipios colindantes con Tabasco, las ejecuciones y masacres en Pichucalco y Reforma, tienen mucho que ver con las incursiones de este grupo a los municipios de Teapa y Tacotalpa recientemente, así como en Huimanguillo y Cárdenas. Todo apunta que el gobierno que presidía Adán Augusto López Obrador cuñado de Rutilio Escandón, entregó el estado al CNJG operado por “La Barredora”, hoy existe un pugna interna que ha desato una serie de actos violentos y quema de automóviles que apunta a convertirse en una réplica de la chiapaneca.

 

redaccionqroo@diariocambio22.mx

JFCB