marzo 3, 2024 23:28

17.01 MXN

Renán Castro Madera, Director General

Necesariamente Incómoda

Graciela Machuca Martínez

La violación sistemática a los derechos humanos en Quintana Roo la podemos ver en todos los aspectos de nuestras vidas como integrantes de la sociedad quintanarroense, porque la mayoría de las personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno están cortadas con la misma tijera, tal parece que al asumir un cargo público se transforman en victimarios, pero no es que de la noche a la mañana se les ocurra violentar derechos humanos por estar al servicio de la administración pública, sino porque esa es su esencia, desde su formación familiar ya vienen con esa conducta de demostrar su poder.

Las universidades y demás centros de estudios e investigaciones tienen una tarea por realizar que consiste en analizar el perfil de las personas violentadoras de derechos humanos, las bases de datos y los casos ya los tienen en las diversas recomendaciones que han emitido los organismos públicos defensores de derechos humanos.

Como sociedad no hace falta conocer a que se debe que luego de más de 25 años que se institucionalizó la defensa y protección de los derechos humanos, las prácticas de un amplio sector en la administración pública siguen violando derechos humanos y cada día buscan diversos caminos para vulnerar la norma y salirse con la suya.

La capacitación al personal de los diferentes niveles de la administración pública federal, estatal y municipal no han dado resultado, por una sencilla razón, porque los mandos medios y altos, quienes toman las decisiones nunca se les ve en un curso de capacitación, simplemente no les interesa el tema, lo ven como una pérdida de tiempo, a pesar que a partir del 10 de junio de 2011 ya se encuentre como una obligación para todas las autoridades del país en el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las personas servidoras públicas en Quintana Roo no pueden ser la excepción a este tipo de practicas y año con año se van acumulando las recomendaciones tanto de la Comisión Estatal y de la Nacional de Derechos Humanos, sin que las acciones recomendadas surtan algún efecto positivo, mas allá de documentar los casos con fines burocráticos.

Este 13 de mayo de 2022 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) difundió el contenido de una recomendación por violaciones graves a autoridades federales y locales en Quintana Roo, por la desaparición forzada de tres personas colombianas y la ejecución arbitraria de una de ellas.

Este organismo público federal observó la negativa de aceptar la detención y posterior ocultamiento de las víctimas por parte de personal de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito en Cancún, afectando no solamente a las víctimas sino a sus familias.

En un periodo electoral esta recomendación, la 56VG/2022, no deja bien parado a ninguno de los tres niveles de gobierno que son señalados como coparticipes de esta violación a derechos humanos.

La recomendación va dirigida al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero; a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), Karla Quintana Osuna; al fiscal general del estado de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, y a la presidenta municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, por la desaparición forzada de tres personas de nacionalidad colombiana y la ejecución arbitraria de una más de la misma nacionalidad, ocurridas en 2017, en el estado de Quintana Roo.

Según la documentación recadaba por la CNDH, el 18 de diciembre de 2017, las personas extranjeras fueron detenidas por elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Cancún, municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, y posteriormente, les fue exigido a sus familiares sumas de dinero para liberarlas.

Sin embargo, a pesar de haber entregado la cantidad acordada, el 21 de diciembre de ese mismo año, fue encontrado el cuerpo de una víctima sin vida, mientras que las otras no fueron liberadas, desconociéndose su paradero hasta esta fecha.

Durante la investigación realizada por la Comisión Nacional se observó la negativa de aceptar la detención y posterior ocultamiento de las víctimas por parte de personal de dicha Secretaría, afectando no solamente a las víctimas sino a sus familias, a quienes les ha generado angustia y sufrimiento conforme transcurre el tiempo, al desconocer el paradero y destino de las personas agraviadas, afectando asimismo a la sociedad en general, toda vez que las personas servidoras públicas de dicha Secretaría propiciaron una falta de seguridad a través de los actos que llevaron a cabo, los cuales implicaron la negación absoluta del ejercicio de todos los derechos humanos de las víctimas.

En el documento público que dio a conocer el organismo nacional se dice que se contaron con elementos que permitieron evidenciar violaciones a los derechos humanos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad, por la desaparición forzada de las cuatro víctimas; a la vida por la ejecución arbitraria de una de ellas, así como al acceso a la justicia, en su modalidad de procuración de justicia en agravio de las familias de las víctimas.

Por lo anterior, la CNDH solicitó al fiscal general de la República que, en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se brinde la reparación integral por los daños causados a quien por derecho corresponda, que incluya una compensación justa y suficiente con motivo de la irregular integración de la carpeta de investigación, en términos de la Ley General de Víctimas y se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; se les otorgue la atención médica, psicológica y, en su caso, tanatológica que requieran, la cual deberá brindarse por personal profesional especializado y de forma continua, atendiendo a su edad y necesidades específicas, así como proveerles de los medicamentos convenientes a su situación.

También se determinó que se aporte copia de la Recomendación a la carpeta de Investigación relacionada con el presente caso para que se tomen en cuenta las evidencias, observaciones y consideraciones que la sustentan. Así también, que continúe con la integración y perfeccionamiento de la carpeta, investigando los datos de geolocalización de las líneas telefónicas que se desprendan de la misma, a fin de proseguir con la búsqueda y localización de las víctimas, y se den a conocer de forma inmediata los avances de la indagatoria y diligencias de búsqueda a los familiares de las víctimas.

Asimismo, pide que se colabore ampliamente con la autoridad investigadora en el trámite y seguimiento de la denuncia de hechos y administrativa que esta Comisión Nacional presente ante la FGR y Órgano Interno de Control de la FGR, respectivamente, y se diseñe e imparta un curso integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos, así como sobre la aplicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

A la presidenta municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, ahora en campaña a la gubernatura, se pidió que, en coordinación con la CEAVE-QROO, se brinde la reparación integral por los daños causados a quien por derecho corresponda, que incluya una compensación justa y suficiente. Que se aporte la Recomendación al Procedimiento Administrativo de Investigación que se instruye en la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Municipal, para que se tomen en cuenta las evidencias, observaciones y consideraciones que la sustentan.

Además, la CNDH, le pide a la autoridad municipal de Benito Juárez, se diseñe e imparta un curso integral dirigido al personal de la Secretaría de Seguridad Municipal, con énfasis en las disposiciones contenidas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas; y en los deberes que sus servidores públicos tienen respecto de la cultura de la denuncia de ilícitos, prevista y ordenada por el Código Nacional de Procedimientos Penales y se instruya a quien corresponda, a efecto de que se ofrezca una disculpa pública a los familiares de las víctimas directas, la cual deberá ser otorgada por una persona servidora pública de alto nivel, asegurándose que el texto de la disculpa se publique al menos en dos medios de comunicación nacionales.

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RAM

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