CAMBIO 22

CHETUMAL, 6 de abril.- José Luis Pech Galera, exrector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (Upqroo), fue vinculado a proceso por un juez federal por la presunta contratación ilegal de 20 millones de pesos que forman parte del expediente conocido como “La Estafa Maestra”, dado a conocer hacer 6 años.

El exfuncionario podrá llevar su juicio en libertad, porque el juez de control acordó imponerle el pago de una garantía de 100 mil pesos, con la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse a firmar cada mes.

El caso toma relevancia política porque se trata de uno de los hijos del senador con licencia José Luis Pech Várguez, candidato a la gubernatura de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano.

Pero también toma tintes de uso tendencioso de la justicia porque la judicialización del expediente lo realizó la FGR después de que Pech Várguez dejó Morena y se convirtió en candidato de Movimiento Ciudadano, pese a que el caso data de hace 6 años.

La FGR presentó ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente la solicitud de audiencia para imputación y vinculación a proceso de José Luis Pech Galera apenas el 22 de febrero, pocos días después de que José Luis Pech Várguez se convirtió en candidato de Movimiento Ciudadano y un día antes de que se registrara ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

Y fue el día de ayer, dos días después de iniciadas las campañas por la gubernatura del estado, cuando el juez de control federal realizó la audiencia en la que dictó la vinculación a proceso del exrector de la Upqroo.

Pech está siendo procesado por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, junto con José Antolino Orozco Martínez, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de la Sedatu, y Martha Lidia Montoya Santos, exdirectora de Tesorería de la Sedatu.

Al quintanarroense le atribuyen este ilícito, en la modalidad de ser parte de una contratación indebida; a Orozco, por solicitar y participar en la misma; y a Montoya, por la autorización de los recursos para dicho convenio.

El juzgador fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, es decir, para que la defensa de los imputados y la Fiscalía General de la República reúnan sus respectivos datos de prueba.

La imputación se basa en las presuntas ilegalidades de un convenio general suscrito el 29 de septiembre de 2015 por la Sedatu, para que la Upqroo elaborara un diagnóstico para integrar un sistema de información consolidado en la Sedatu y sus órganos desconcentrados.

La finalidad era “contribuir al aprovechamiento del potencial productivo del territorio, la generación de vivienda digna y desarrollo agrario”.

Este acuerdo dio lugar a un convenio específico firmado el 5 de octubre del mismo año, por el que la dependencia federal transfirió 20 millones 100 mil pesos a la universidad ubicada en Cancún.

Según la FGR, del total de esa suma, la Upqroo usó 6.8 millones de pesos para subcontratar a la empresa Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, en la que Pech Galera era apoderado legal y único facultado para manejar el dinero de la cuenta bancaria.

Con esos recursos, la compañía representada por el entonces rector adquirió 3 camionetas Mazda CX3 y una camioneta Mazda CX9, por un total de 1 millón 559 mil 800 pesos, mientras que con el resto, hizo transferencias a distintas empresas.

La FGR señaló a los procesados haber subcontratado el 100 % de los servicios con 8 empresas, cuando la Ley de Adquisiciones sólo permite subcontratar el 49 % del total.

La empresas subcontratadas son Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular; Comercializadora DW Prisma; Infotecnick; AM Sistemas Informáticos, Competencias y Habilidades para el Trabajo, Asociación Civil; Mars, Integradores en Telecomunicaciones e Informática, Custom Performance e Integración Documental.

Según la Fiscalía, cinco de las ocho empresas eran probables “factureras”, pues no fueron localizadas en los domicilios que presentaron a la Upqroo; tres no entregaron la totalidad de la información solicitada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); y la totalidad de ellas pulverizaron los depósitos mediante transferencias a otras cuentas casi de inmediato a la recepción de los recursos.

 

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RAM

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Diario Cambio 22 - Península Libre