Graciela Machuca Martínez

Al Poder Judicial en Quintana Roo, como a muchas otras instituciones de la entidad, se les olvida con frecuencia lo que dice el Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido que todas las autoridades, de los tres niveles de gobierno, tienen la obligación de proteger, defender, garantizar y promover los derechos humanos, por ello, la jueza de control, Verónica Solís Lizama, optó por seguir la línea política que le impusieron sus superiores que velar por los derechos humanos de las víctimas del 9-N.

Los hechos de represión que se registraron frente al palacio municipal de Benito Juárez la noche del 9 de noviembre de 2020 en la que participaron elementos de las policías municipal y estatal ubicaron a Cancún como un sitio donde se reprimió a mujeres activistas y a periodistas a balazos, a las primeras por salir a exigir justicia por un feminicidio y a las segundas por ejercer su actividad profesional.

Sin embargo, esa resonancia de Cancún a nivel internacional, cuando se le colocó como el sitio turístico mundial donde se violentaron derechos humanos, volverá a reeditarse, ahora que una jueza de control decidió limpiar la imagen de los policías agresores y de las personas que en esos momentos eran sus jefes inmediatos.

Desafortunadamente, Cancún no podrá quitarse esa imagen vinculada a la violación de los derechos humanos y no solo por esos nefastos hechos del 9 de noviembre de hace dos años y ocho meses, sino por la serie de acontecimientos como privaciones ilegales de la libertad, tortura, tratos crueles y denigrantes, así como extorsión y negligencia de personas servidoras públicas en contra de propios y visitantes.

Desde luego que esas autoridades violadoras de derechos humanos tienen a su favor a todo un sistema institucional que debería cuidar de la ciudadanía en materia de derechos humanos, pero solo se han convertido en cómplices, los servidores públicos se han vuelto expertos en torcer la ley, en ocultar las arbitrariedades y si les es posible terminan criminalizando a las víctimas.

Este proceso estuvo plagado de irregularidades desde que se integraron las carpetas de investigación, en todo momento se protegió a los policías agresores y principalmente a los mandos que ordenaron disparar, golpear, torturar y criminalizar, no solo a las activistas y periodistas, sino a los ciudadanos que a esa hora pasaron por el lugar, debido a que tenían carta abierta para actuar.

La represión del 9 de noviembre de 2020 se conoció a nivel mundial debido al trabajo de acompañamiento de organismos como la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, así como Amnistía Internacional México, entre otros.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), intervino ante la incapacidad y complicidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, incluso el organismo público nacional defensor de los derechos humanos emitió una recomendación que en todo momento fue desoída por las autoridades estatales o simplemente simularon su acatamiento.

A las víctimas del 9-N el sistema de justicia, así como los organismos públicos de derechos humanos las han dejado solas, incluso el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que depende de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, ha decidido darles la espalda, con el pretexto de que su riesgo ha disminuido, a pesar que no han podido recobrar su seguridad que tenían hasta la noche del 9 de noviembre de 2020, cuando decidieron participar en la referida marcha.

Activistas y periodistas se congregaron en la movilización que tuvo como propósito protestar por el feminicidio de Blanca Alejandrina Lorenzana Alvarado (Alexis).

El 23 de septiembre de 2022, Amnistía Internacional, el Comité de Víctimas 9N, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos hicieron un llamado a la entonces gobernadora electa del estado de Quintana Roo a garantizar el derecho a una reparación integral de las víctimas y sobrevivientes de la represión policial ocurrida en Cancún el pasado 9 de noviembre de 2020.

En esa misiva, Amnistía Internacional recordó el lanzamiento de una campaña global para garantizar justicia, verdad y reparación para las personas que sufrieron represión policial en Cancún. “Más de 340,000 personas de todo el mundo firmaron una petición en la que se pedía al Fiscal General del Estado de Quintana Roo que garantizara justicia para Wendy Galarza, una de las sobrevivientes. Mientras tanto, a nivel local, la ONG mexicana Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos asumió la representación legal del caso. Por su parte, las víctimas y sobrevivientes formaron un grupo conocido como el “Comité de Víctimas del 9N” para exigir sus derechos mediante acciones pacíficas inspiradoras”.

También se dijo en aquella ocasión: “Todo esto se tradujo en un avance positivo para garantizar el acceso a derechos. Sin embargo, hubo un retroceso importante. El actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se había comprometido a facilitar el acceso a medidas de reparación integral durante reuniones de trabajo ocurridas a lo largo de 2022. A pesar de esto, inexplicablemente, el gobernador se retractó de este compromiso en julio de 2022. Esto hizo que las víctimas y sobrevivientes sintieran que no habían sido escuchadas. Casi dos años después de los hechos, las autoridades estatales no habían cumplido, respetado y protegido sus derechos”.

Para las víctimas del 9-N se detuvo el tiempo dese esa fecha, porque el pasado 3 de julio durante una audiencia, la jueza evitó que se llegara a juicio oral contra los imputados, a cambio que paguen cada uno la cantidad de 50 mil pesos, como reparación del daño, pero en 12 pagos. Otras de las determinaciones de la juez consisten en que los policías deberán disculparse con las víctimas, así como están impedidos de frecuentarlas y deberán presentarse a firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares.

Este caso le seguirá doliendo a Quintana Roo.

 

 

 

 

[email protected]

MRM

WhatsApp Telegram
Telegram


Diario Cambio 22 - Península Libre