abril 19, 2024 03:41

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Renán Castro Madera, Director General

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Redacción/CAMBIO 22

Víctimas de la violencia y de violaciones de derechos humanos presentaron este lunes una denuncia en contra de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), ante la Fiscalía General de la República por “traición a la patria”.

Bryan LeBaron, integrante de la familia que enfrentó la masacre de tres mujeres y nueve menores en Bavispe, Sonora, el 4 de noviembre de 2019; Manuel Germán Ramírez, quien denunció haber sido injustamente encarcelado más de 20 años en el Estado de México, y Marcela de Jesús Natalia, de 59 años, mujer originaria de Guerreo que fue encarcelada injustamente, formaron parte del grupo que presentó la denuncia este lunes.

LeBarón dijo que García Luna fue juzgado solamente por los delitos que cometió en Estados Unidos y cuestionó qué investigaciones hay para defender a las víctimas de sus actos en el paso por las instituciones.

El activista hizo un llamado al presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que los ayude a presionar con el fin de que obtengan su libertad las personas que se encuentran presas por delitos fabricados en la época en que García Luna era funcionario federal.

“Hay muchas más víctimas en México y no hay investigación”, señaló LeBarón, ” Lo único que se está investigando de parte del gobierno de México es cómo tomar los bienes de García Luna, pero ¿eso cómo ayuda a las víctimas? ¿cómo va a reparar los daños a personas que tienen más de 16 años presos por delitos que les fabricaron?”, cuestionó el integrante de la familia LeBarón.

Genaro García Luna fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas, Texas, acusado de tener vínculos con el narcotráfico, este año enfrentó un juicio en la Corte del Distrito Este, en Brooklyn, Nueva York, y fue declarado culpable de cinco delitos, por los que podría enfrentar cadena perpetua. Su sentencia se dictará el 27 de junio.

“García Luna, sabemos que introdujo toda una red de corrupción, metió a mucha gente del crimen organizado dentro de las instituciones y queremos que se investigue y que haya una purga en el sistema para sacar a esos corruptos, porque, realmente, si nos ponemos a contar las víctimas que han sufrido, la cantidad de presos inocentemente por los montajes que se han visto, los asesinatos, los desaparecidos, por culpa de un señor que tenía la más alta responsabilidad de cuidar a los mexicanos y los traicionó, se puso al lado de los criminales y por eso es importante que haya una investigación”, expresó Bryan LeBarón afuera de la sede de la FGR, en la colonia Roma Norte.

Manuel Germán Ramírez, de 44 años, explicó que la denuncia por haber sido traidor a la patria es porque “le otorgó al crimen organizado por vía institucional, la posesión del terreno en varias partes de los estados, en donde el crimen organizado ha tomado posesión”, dijo.

Ramírez se sumó al llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que se investiguen violaciones a los derechos humanos.

“Señor presidente, esto es una exigencia. Estamos trabajando con usted ¿cuánto tiempo más vamos a esperar una respuesta a este tipo de atrocidades. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener que esperar que gobiernos extranjeros reconozcan que esto está pasando?“, expresó Ramírez.

Cuestionó dónde está el respeto a los derechos humanos de las personas privadas injustamente de la libertad y de las víctimas a las que las autoridades les han dado presuntos culpables fabricados para “tapar el sol con un dedo Aquí están las pruebas. Yo soy una prueba viviente de eso, Marcela es otra y la familia LeBarón es otra”.

Manuel Germán Ramírez pasó la mitad de su vida en la cárcel, acusado del homicidio de una persona que está viva, comentó, obtuvo su libertad por medio de una pre-liberación y exige justicia por las violaciones graves a sus derechos humanos.

“Yo fui víctima de secuestro por parte de judiciales del Estado de México en mayo de de 2000, me secuestraron, me torturaron y me fabricaron un delito de un muerto que está vivo, tengo las pruebas en las que el muerto no coincide con la supuesta víctima”, comentó Ramírez a La-Lista “Prefirieron preliberarme que ejercer mi Estado de derecho. Yo sigo peleando el que se reconozca mi inocencia y que se reconozca por parte de la CIDH”.

Marcela de Jesús Natalia, de 59 años, mujer indígena del estado de Guerrero, expuso que a ella le fabricaron delitos. Fue encarcelada el 8 de marzo de 1989 y estuvo tres años en el penal de Villa de Etla, Oaxaca, había sido sentenciada a 40 años, pero fue absuelta por un tribunal colegiado en Oaxaca, y actualmente se encuentra en condición de desplazamiento forzado interno porque en 2017 fue atacada al salir de Radio Guerrero, en Ometepec.

“Recibí tres balazos de un sicario, a quien le pagaron 50 mil pesos. Estamos aquí para pedirle a nuestro presidente de la República, licenciado, Andrés Manuel López Obrador, que nos voltee a ver a las víctimas. Hay 14 presos indígenas injustamente. Son del estado de Hidalgo, hablan otomí y cuando les fabricaron los delitos, ellos no hablaban español”, expresó.

 

 

 

Fuente La-Lista

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